Fuente:
Monitor de IFIs en América Latina
María José Romero
Mar 12 May 2009
El Banco Mundial presentó una propuesta de revisión de sus estándares de acceso a la información pública que prevee la realización de consultas presenciales y en-línea. En el proceso, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado serias críticas a la conducción y al contenido de dicha revisión que invalidan el propósito de transparencia declarado por la institución.
El documento expositivo propuesto por el Banco, titulado "Hacia una mayor transparencia: Revisión de la política del Banco Mundial sobre el acceso a la información", plantea reemplazar la metodología que aplica actualmente –“lista positiva" con la información que el Banco puede divulgar- por otra basada en la presunción de disponibilidad, que le permitiría dar acceso a cualquier información que no esté incluida en una lista de excepciones. Dicho documento se encuentra (formalmente) abierto a comentarios a través de consultas presenciales y en-línea. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado objeciones a la conducción del proceso y al contenido de la iniciativa que invalidan el propósito de transparencia declarado por la institución.
En cuanto a la conducción del proceso, una de las principales críticas es la "improvisación" y la escasa anticipación con la que el Banco informó sobre las consultas presenciales, lo que pone en cuestión la voluntad de efectiva apertura.
El 6 de abril, semanas después de anunciar la realización de consultas presenciales sobre la propuesta de una nueva política, el Banco Mundial dio a conocer las fechas de 9 de las 26 sesiones previstas alrededor del mundo, dando sólo una semana de plazo para la primera reunión, que se llevó a cabo el 13 de abril en Rusia. Aun al 5 de mayo el Banco todavía no confirmaba la fecha de la consulta prevista en India, Serbia, Indonesia y una quinta sede en África. Inicialmente el proceso de consulta sobre el documento propuesto iba a terminar el 8 de mayo, pero el Banco modificó sus planes y lo extendió hasta el 22 del mismo mes.
El atraso en anunciar donde y cuando se realizarían las sesiones de consulta, y la falta de tiempo para que los potenciales participantes se prepararan, motivó las críticas del Bank Information Center (BIC), a través de una carta enviada por Bruce Jenkins a Peter Harrold, Director de Servicios Operaciones del Banco Mundial.
Jenkins afirma en su carta que debería haber al menos tres semanas entre el anuncio de las consultas y su efectiva realización para que los grupos de la sociedad civil puedan prepararse para participar, analizar el documento y desarrollar posiciones sólidas. También señala que no se asignó un presupuesto para cubrir los costos de viajes para las consultas, "lo que potencialmente excluye a las organizaciones que no residen en la ciudades capitales".
El Banco Mundial respondió a dicha carta postergando cuatro semanas la realización de la consulta en Indonesia, prevista inicialmente para el 14 de abril, y aun sin una nueva fecha definida. Sin embargo, no modificó su posición respecto a la asignación de recursos económicos.
A partir de las consultas realizadas en las capitales de Estados Unidos, México Perú, Argentina y Brasil es posible extraer algunos rasgos y comentarios comunes expresados por las distintas organizaciones participantes.
En cuanto a la dinámica de las consultas, en líneas generales, éstas consistieron en una breve presentación a cargo de los funcionarios del Banco del documento expositivo, seguido por una sesión de preguntas y respuestas guiada por un cuestionario previamente distribuido y un espacio abierto para comentarios de los participantes. La función expresa de los representantes del Banco en estos encuentros se limitaba a "recoger insumos para el mejorar el documento propuesto".
Cabe destacar que la consulta realizada en Estados Unidos se llevó a cabo en Washington D.C. el 25 de abril, en el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por lo que convocó a numerosos representantes de organizaciones sociales de alrededor del mundo que participaron de dichos eventos. Entre ellos, varios miembros de la Iniciativa por la Transparencia Global (GTI, por sus siglas en inglés).
En las cinco consultas mencionadas las organizaciones de la sociedad civil levantaron puntos claves en relación a los cuatro principios que estructuran el documento del Banco: a) ampliar al máximo el acceso a la información; b) excepciones propuestas; c) un claro marco de tramitación de las solicitudes de información; y d) proceso de apelaciones.
Además de la importancia de ampliar al máximo el acceso a la información del Banco, el contar con procedimientos claros para solicitar la información necesaria y el obtener respuesta en un tiempo adecuado, un punto clave en las preocupaciones de la sociedad civil también está relacionado con la traducción de los documentos del Banco Mundial. Mientras que el Banco proporcionó un servicio de traducción simultánea para la consulta que se realizó en Washington, el acceso a la información a nivel de países está frecuentemente bloqueado por barreras idiomáticas. Esta preocupación fue subrayada por representantes mexicanos (Fundar) y de organizaciones que trabajan en Oriente Medio y Norte de África, "¡el derecho a conocer sólo está disponible para los que hablan Inglés!", señalaron.
En la consulta que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, el 30 de abril, también se hizo referencia al punto, frente a lo cual los representantes del Banco se limitaron a señalar que era necesario clarificar la política de traducciones del Banco, pero que no creían posible traducir toda la información que produce la institución.
En cuanto a la lista de excepciones, el poder que tanto el Banco Mundial como los gobiernos nacionales disponen para clasificar la información de confidencial fue seriamente cuestionado. Los criterios sobre los cuales se realiza dicha clasificación deberán ser expresamente enumerados y argumentados. Los representantes de organizaciones sociales argentinas señalaron que es necesario ajustarse a los estándares internacionales más altos a fin de minimizar la cultura del secretismo y la confidencialidad en el manejo de la información pública. En este punto, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), con sede en Córdoba, Argentina e integrante de GTI, propuso un régimen de excepciones basado en la aplicación de un "test del daño". Según esta idea, es esencial de definir con criterios claros lo que se considera como un perjuicio o un daño grave al que se contrapone el interés público de la divulgación. La discrecionalidad que poseen los gobiernos nacionales al calificar de confidencial la información entregada al Banco no es un buen indicador de una política que aspire a la transparencia, señalaron los representantes argentinos.
Se señaló como necesaria la divulgación de documentos internos de información y deliberación relacionados con el Directorio, ya que actualmente su trabajo se encuentra envuelto en un "manto de secreto". El acceso a documentos de deliberación, especialmente aquellos relacionados con los Préstamos para Políticas de Desarrollo del Banco, son vitales para proporcionar aportes significativos antes de que las condiciones de un préstamo sean aprobadas.
También se resaltó la importancia de contar con un órgano externo de apelación para los pedidos de información rechazados, que considere los reclamos sobre la base de argumentos y criterios previamente definidos, y no de interpretaciones discrecionales, tal como se especifica en el documento del Banco.
La operacionalización e implementación de la nueva política de acceso a la información -en caso de aprobarse en el Directorio del Banco- también fue una preocupación central de las organizaciones sociales. La política del Banco debería exponer en forma detallada la manera en que tramitarán los pedidos de información, la cual deberá ser sencilla, rápida y gratuita o de bajo costo. En cuanto al costo de acceso a la información, el documento del Banco prevé el cobro por recopilación de la información, punto que es rechazado por las organizaciones sociales. En este caso, éstas reclaman un mecanismo de excepcionalidad al cobro del costo de reproducción para aquellos ciudadanos o grupos que no tengan la posibilidad de pagar, para evitar que una razón económica impida el ejercicio de un derecho.
Es también tema de preocupación el presupuesto asignado a los esfuerzos del Banco para divulgar información, específicamente cuantos recursos serán destinados para los Centros de Información Pública, traducciones, capacitación del personal del banco en las oficinas nacionales, así como para los mecanismos de apelación propuestos. Una política de acceso a la información pública bien redactada sin el necesario financiamiento para su correcta implementación podría quedar en una mera lista de buenos deseos.
El acceso a la información pública es un derecho humano que además de ser un derecho sustantivo, cumple con una función instrumental para la vigencia y protección de otros derechos, así como también para la efectiva participación ciudadana en los procesos de toma de decisión pública. Por este motivo, es necesario dar seguimiento a este proceso, haciendo públicas sus debilidades, tanto de forma como de contenido. La búsqueda de transparencia del Banco Mundial puede ser vista como un instrumento más que le permita reposicionarse y ‘sumar puntos’ en términos de legitimidad, en un contexto de fuerte crisis sistémica (financiera, económica, alimentaria y climática), donde lo que se ha puesto en cuestión es el modelo que la institución defendió durante tantos años.
Fuente: Banco Mundial y Bank Information Center
Información relacionada
* ONGs exigen al Banco Mundial mejorar su política de transparencia, FUNDAR (México)
* El Banco Mundial y el FMI lanzan revisiones de transparencia, por Bruce Jenkins (Bank Information Center)
* Consultas sobre acceso a la información - Banco Mundial
El período para recepción de comentarios sobre el documento expositivo finaliza el 22 de mayo de 2009.
* Banco Mundial. Una nueva concepción de su política de acceso a la información
* Consulta del Banco Mundial en el marco de su Revisión de la Política de Disponibilidad y Acceso a la Información en Buenos Aires, informe de Cedha
|
