Las organizaciones sociales bolivianas que se nuclean en la Plataforma de Acción Contra la Pobreza hicieron público un comunicado en el que reclaman la condonación total de la deuda boliviana. El país andino es beneficiario de la cancelación de deuda promovida por el G8 y aprobada por el FMI y el BM, pero las condiciones de esta resolución la hacen insuficiente.

Bolivia viene aplicando casi 20 años de reformas estructurales bajo el estricto seguimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas reformas fueron promovidas en el marco del denominado Consenso de Washington e hicieron énfasis en la liberalización de los mercados, la generación de un entorno favorable a la atracción de inversión extranjera directa, la privatización de empresas estatales y el ajuste ortodoxo de las cuentas fiscales (recorte de gastos públicos e incremento de impuestos al consumo y otros).

Las consecuencias de estas reformas fueron diversos, casi ninguno con un balance positivo: una economía frágil, altamente expuesta a los shocks externos; un sector productivo estancado, con pequeñas islas vinculadas a los mercados externos de materias primas y con escasos eslabonamientos con otros sectores de la economía boliviana; un Estado débil, tanto en su institucionalidad como en sus equilibrios fiscales, lo que repercute en su capacidad para atender sus problemas internos; una población mayoritariamente pobre (64%) y con preocupantes niveles de desempleo y subempleo, el 11% y 60% de la población económicamente activa del área urbana respectivamente.

Un aspecto sobresaliente de este desempeño que ayuda a entender las causas del endeudamiento del Estado boliviano es justamente su fragilidad fiscal. Las reformas de corte fiscal han originado que la brecha entre ingresos y gastos alcancen niveles similares a los obtenidos hace dos décadas: Bolivia es el principal país deficitario en América Latina, con un déficit muy cercano al 9% 1, casi tan cercano al déficit mostrado antes de las reformas (en 1985 fue poco más de 10%).

Esta situación es el resultado de una estructura de ingresos volátil, que tiene como principal fuente de financiamiento un sistema tributario regresivo y frágil por el efecto de reformas estructurales como la privatización de empresas públicas2. Por ejemplo, entre el 2000 y el 2004, el negocio de la explotación de los recursos naturales -mayoritariamente en manos de empresas transnacionales- exportó excedentes por más de 1.500 millones de dólares en calidad de renta de inversión; es decir, aproximadamente el 44% de IED que ha ingresado al país3 en ese mismo periodo.

Por tanto, las reformas han ocasionado que el Estado boliviano dependa, ya no de sus ingresos genuinos –ahora exportados como excedentes de la actividad privada de compañías transnacionales– sino del cobro de impuestos al consumo y del acceso a donaciones y créditos concesionales de países desarrollados y de organismos multilaterales de cooperación.

Deuda externa: un círculo perverso

La creciente demanda social por mejores condiciones de vida, la frágil actividad económica y la aguda crisis fiscal del país determina que el Estado anualmente asuma nuevos créditos públicos. Actualmente, la deuda pública –interna y externa– representa aproximadamente el 87% del Producto Interno Bruto (PIB).

El servicio de la deuda externa, de no menos de 250 millones de dólares en los últimos años, es uno de los factores más importantes de inflexibilidad del gasto público y, por tanto, de restricción para el uso de los ingresos públicos: solamente el servicio de deuda externa en la gestión 2004 representó un poco más del 11% de los ingresos públicos totales.

Frente al peso de la deuda externa, los organismos e instituciones financieras internacionales han establecido distintos procesos de reducción del saldo pendiente (reprogramación, condonación, recompra); sin embargo, su efecto ha sido escaso o nulo. Si consideramos la iniciativa Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) a Bolivia se le ha condonado efectivamente $us 682.8 millones de dólares en los siete primeros años de su aplicación4. Este monto es insignificante en comparación a los nuevos créditos contratados entre 1998 y el 2004, que ascienden a 3.490 millones de dólares.

Este paradójico comportamiento de la deuda externa se explica por dos elementos claves: (i) todo proceso de condonación o renegociación ha estado acompañado por un paquete de reformas estructurales y de convenios entre el Estado y organismos multilaterales como el FMI y el BM, condiciones que se reflejan en cartas de intenciones, estrategias de asistencia al país y acuerdos de largo plazo, como el Servicio de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés); (ii) el problema del peso de la deuda es un elemento más dentro de una estructura económica, social y fiscal en crisis, es decir, la reproducción constante de niveles de déficit fiscal es el resultado de una forma de desarrollo que ha debilitado al Estado. Por tanto, si bien recibimos reducciones de deuda, los factores de reforma que acompañan estos procesos generan en la economía otros problemas que mantienen o agudizan la situación fiscal. Frente a ello, el país no tiene otra alternativa que seguir recurriendo a nuevos préstamos, reproduciendo un círculo perverso de contratación de deuda, que sólo tendrá solución en la medida en que los países acreedores y los organismos internacionales renuncien a las condicionalidades. Sólo entonces, Bolivia podrá realizar una transformación de sus políticas económicas sustentadas en la libre determinación y en un mayor control de los excedentes de la explotación de sus recursos estratégicos.

Por lo anterior, el anuncio realizado por el G8 de condonación de deudas con el BM, el FMI y el Banco Africano de Desarrollo (BAD), podría convertirse en un pretexto más de intervención política y económica para los países elegidos.

El efecto de esta condonación para Bolivia se resume principalmente en tres aspectos:

-> La deuda con el BM y el FMI, a abril del 2005, se elevó a un poco más de 2.000 millones de dólares, representando el 41% del total de deuda externa, que asciende a aproximadamente 4.900 millones de dólares. Por tanto, la condonación no sería del 100% de la deuda externa.

-> La relación saldo de deuda externa y PIB sitúa al país como una economía severamente endeudada; con la condonación anunciada, esta relación disminuye al 39%. Por tanto, Bolivia ingresaría nuevamente a una condición que le posibilitaría acceder a nuevos préstamos que sin solucionar su capacidad de producir nuevos ingresos genuinos, llevaría al país en el corto plazo a repetir el ciclo de endeudamiento.

-> Considerando el pago de intereses y amortización de la deuda, el alivio sería limitado. Si se toma como referencia el servicio de la deuda externa pagado el 2004, de un total de 277 millones de dólares, la medida propuesta por el G8 significaría un alivio de sólo 44 millones de dólares. En cambio, los pagos de intereses y amortizaciones al BID y a la CAF alcanzaron a 214 millones de dólares, es decir, más de las tres cuartas partes del servicio total pagado por Bolivia.

Pese a estos impactos reducidos, para acceder a esta condonación, Bolivia deberá asegurar condiciones jurídicas estables, eliminar barreras a la inversión privada nacional y extranjera, asegurar la estabilidad macroeconómica y la apertura económica, entre otras. Es decir, dejar de cancelar 44 millones de dólares no debería significar que el Estado boliviano se comprometa, por ejemplo, a la firma de Tratados de Libre Comercio, a la participación en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y mantener sin modificación las actuales leyes de protección a la inversión y a la propiedad privada de los recursos naturales, que generan desigualdad económica, conflictividad social y daño ambiental. Todas estas medidas, rechazadas por la mayoría de la sociedad boliviana, demostrarían además la doble moral de los países del G8 y las instituciones financieras internacionales.

¿Qué se demanda?

Las reformas estructurales han ocasionado una reducción de los ingresos públicos y un incremento en el gasto público, generando exclusión y desigualdad. Por tanto, se constituyen en el principal factor que explica la reproducción de la deuda externa y la difícil situación social de la población boliviana; en este sentido, profundizar las orientaciones de una economía ortodoxa de libre mercado generará en el mediano y largo plazo la agudización de los actuales problemas de desarrollo de los países. Por lo expuesto anteriormente, los miembros de la Plataforma de Acción Contra la Pobreza demandan:

a) Condonación total: la viabilidad fiscal del Estado requiere la condonación total de la deuda externa, ya que hasta ahora los ineficaces mecanismos de alivio (iniciativa HIPC y otras) han sido insuficientes para lograr equilibrio macroeconómico y reducir la pobreza. Esta medida sería una contribución para alcanzar las metas del milenio.

b) Apoyo financiero adicional: la actual situación de crisis es el resultado de las reformas estructurales emprendidas en gran parte de los países en vías de desarrollo. Por tanto, la condonación deberá estar acompañada por un mayor apoyo financiero que no signifique ningún tipo de contraprestación. La condonación debería contribuir a la solución de la pobreza de gran parte de la población boliviana, dejando al Estado boliviano la decisión soberana respecto a las mejores medidas a adoptar.

c) No queremos condiciones: se demanda que la condonación no incluya condicionalidad alguna, lo que significa que el Estado, de forma soberana, encamine su desarrollo en busca de la inclusión de las grandes mayorías nacionales.

d) Metas del Milenio: Garanticen avances y progresos genuinos y cuantificables para alcanzar las Metas del Milenio.

e) Cambio en las reglas del comercio internacional: es imprescindible un cambio en las reglas del comercio internacional que ahogan a la pequeña producción y a la industria nacional y subordinan políticas nacionales a intereses multinacionales, situación que impacta a lo productivo, a las familias más pobres que subsisten de esta actividad, y la capacidad del Estado de defender los derechos de la población. Por otra parte, los países ricos mantienen mecanismos para proteger su producción nacional a través de subsidios y medidas para arancelarias, mientras a los países pobres se imponen aperturas destructivas.

Notas

1 En la gestión 2002 Bolivia registró un déficit del 8,8%
2 Entre 1980 a 1986 los ingresos por venta de bienes y servicios representaban el 77% de los ingresos públicos corrientes, participación que se redujo paulatinamente en los últimos 20 años, entre 1997 y 2004 la participación promedio es de 19%.
3 Datos elaborados en base a información de la Balanza de Pagos, Banco Central de Bolivia.
4 La condonación acordada es de 3.193 millones de dólares, a ser efectiva hasta en 40 años

Información relacionada:

Cartilla original de la Plataforma (formato pdf): Bolivia: ¿país limosnero o un buen negocio?

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