La deuda externa en Ecuador: su auditoría continúa pendiente
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Fuente: Monitor de IFIs en América Latina
Lunes 27/03/2006

El trabajo de la Comisión para la Auditoría de la deuda pública ecuatoriana está en suspenso. El gobierno desistió de esta inciativa, luego de promover la formación de dicha comisión a comienzos del mes de febrero. Están en juego muchos intereses economómicos locales e internacionales que pueden haber cuestionado esta decisión. Según Hugo Arias, de la organización Jubileo 2000, la opinión del FMI también fue determinante.

La Comisión para la Auditoría de la deuda pública ecuatoriana, fue creada por el presidente Alfredo Palacio, en acuerdo con el ministro de Gobierno Alfredo Castillo, a comienzos del mes de febrero. Poco más de un mes después, la renuncia del ministro Castillo precipitó un debate en relación a los intereses que está comisión despierta en los acreedores e intermediarios de la deuda.

De acuerdo a la versión del ex-ministro Castillo, la presidencia desistió de continuar con la auditoría de la deuda. Sin embargo, días más tarde integrantes de la comisión recibieron una llamada del ex-funcionario indicando que seguía en pie la decisión de auditar la deuda. Este hecho provocó gran sorpresa entre los miembros seleccionados para esta comisión, por lo que han decidido darle un plazo al gobierno para que defina su posición respecto al tema y haga pública la versión oficial de los hechos.

Los seleccionados para integrar la comisión fueron: Hugo Arias, Director de la organización Jubileo 2000, monseñor Luis Luna Tobar, Arzobispo de Cuenca, Carlos Cortez, ex secretario de Comunicación del actual Gobierno, Leonardo Vicuña, analista económico, Juana Ramos, especialista en la materia, y Eduardo Valencia, ex Gerente del Banco Central del Ecuador.

Recientemente, Hugo Arias, en entrevista concedida al diario Expreso de Guayaquil, señaló que el hecho de que el presidente Alfredo Palacio haya desistido de la auditoría y ordenado disiparla, obedece a presiones no sólo de grupos económicos y bancos de Ecuador, sino también del mismo Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las organizaciones sociales se encuentran analizando este tema, ya que es evidente que hay procedimientos que merecen ser auditados en relación a la deuda ecuatoriana, y resulta muy reveladora la marcha atrás del gobierno en este sentido.

En este contexto, los miembros de la comisión han decidido reunirse junto a 20 organizaciones sociales para analizar lo que sucede, explicó Arias. Si hasta ese momento no reciben una respuesta del gobierno, la comisión igual continuará con su función.

Es necesario tener presente que los volúmenes de la deuda externa ecuatoriana han crecido considerablemente en las últimas dos décadas; y en los últimos años el peso de la deuda en los gastos del Estado resulta cada vez más pesado. La liquidación de la deuda en 2003 significó 664 millones de dólares, en 2004 alcanzó los 905 millones, y en 2005 aumentó a 1.041 millones de dólares.

Por otra parte, el ex-ministro Castillo, al presentar su renuncia expresó que "Ecuador está gobernado por intereses que no son precisamente populares.(...) El Estado ecuatoriano está enajenado a un aparato financiero, especulativo, que lo conduce y lo determina a través del sistema de endeudamiento de Ecuador y a través del control del petróleo, de los recursos y la significación geopolítica que tiene Ecuador".

Dentro de este aparato financiero al que el ex-ministro hace referencia se encuentra el FMI, como institución político-económica, controlada por los países más ricos del mundo, que ejerce una influencia extraordinaria a través de las condicionalidades a sus créditos.

Esta no es la primera vez que se intenta auditar la deuda externa en Ecuador. El gobierno de Lucio Gutiérrez tuvo la misma iniciativa, pero no logró conformar una comisión.

Por tanto, se trata de un tema sensible a muchos intereses, y el FMI se ha encargado de presionar constantemente para que todo continúe como está. La sociedad civil, por su parte, está llamada a desempeñar un rol trascendental en defensa de sus derechos económicos y sociales.

Fuente: Diario Expreso, Ecuador

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