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Desde hace 20 años, Bolivia está implementando programas de estabilización y ajuste estructural. Los resultados de estos esfuerzos son poco alentadores. Hace algunos días, el Gobierno de Evo Morales determinó que no suscribirá un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto va mucho más allá de cuestiones relacionadas con las necesidades de financiamiento, como quiere hacer creer el organismo financiero. Para el nuevo Gobierno, se trata de recuperar la soberanía económica y con esta la dignidad nacional.

Desde hace 20 años, Bolivia está implementando programas de estabilización y ajuste estructural. Los resultados de estos esfuerzos son poco alentadores. Si bien lograron reestablecer los equilibrios macroeconómicos, no llevaron a un crecimiento económico suficiente y sostenible, y no mejoraron la situación de pobreza del país en términos de ingresos. Asimismo, la población tiene la impresión –no sin razón- que, en todos estos años, la política económica no era definida por los gobiernos de turno, sino por los organismos internacionales, fundamentalmente el FMI y Banco Mundial.

“Creemos que en Bolivia tenemos la capacidad de llevar adelante un programa financiero para mantener la estabilidad de precios, la inflación baja y el déficit controlado”. Éstas fueron las palabras del Ministro de Hacienda, Luis Arce, cuando se refería a la relación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el pasado 6 de marzo.

Hace algunos días, el Gobierno de Evo Morales determinó que no suscribirá un nuevo convenio con el organismo multilateral. El anterior acuerdo Stand by venció a fines de marzo. “No tenemos necesidad de financiamiento externo con el Fondo, porque estamos con el mejor nivel de reservas”, agregó Arce.

En efecto, la mayoría de los parámetros macroeconómicos de Bolivia se encuentran en muy buenos niveles. En 2005, la cuenta corriente tenía un superávit de casi $us 470 millones, equivalente a 4,9% del Producto Interno Bruto. Las exportaciones crecieron 25% y las reservas internacionales (brutas) del Banco Central de Bolivia llegaron al nivel récord de $us 1.835 millones, representando cerca de 8 meses de importaciones. De igual manera, el déficit fiscal pudo ser reducido a alrededor de 2% del PIB, de 5,5% registrado en el 2004.

Sin embargo, algunos de estos parámetros son coyunturales y responden a muy buenos niveles de los precios internacionales, así como a ingresos adicionales no presupuestados por el Estado. Por ejemplo, con referencia a las exportaciones, casi el 50% del valor total exportado corresponde a hidrocarburos, cuya exportación creció en no menos de 58% con relación a 2004, debido, en primer lugar, a mejores precios. En cambio, el valor exportado de los productos no tradicionales (soya, maderas, cueros, prendas de vestir, etc.) cayó en 11%, lo que muestra que la estructura de las exportaciones no ha mejorado en sentido de una mayor participación de productos con valor agregado.

En una primera reacción al anuncio del Ministro de Hacienda, el portavoz del FMI, Thomas Dawson, dijo que “francamente, la situación favorable indica que parece no haber necesidad de fondos del FMI, y eso es, creo yo, lo que las autoridades han indicado, así que quedamos a la disposición de las autoridades para discutir cualquier tema que ellos deseen”.

Estabilidad macroeconómica aún sin FMI

Sin embargo, el asunto va mucho más allá de cuestiones relacionadas con las necesidades de financiamiento, como quiere hacer creer el organismo financiero. Para el nuevo Gobierno, se trata de nada menos que de recuperar la soberanía económica y con esta la dignidad nacional, definiendo de manera soberana sus planes de desarrollo y sus políticas económicas y financieras. En realidad, esto debería ser evidente para cualquier nación que se respete.

Sobre esto no deja ninguna duda el hombre fuerte del Gobierno de Evo Morales, el Ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, cuando dijo en una conferencia de prensa: “Nosotros hemos señalado, desde el primer día de Gobierno, que se acabaron las condicionalidades en Bolivia. Las prioridades del desarrollo ya no vienen de afuera ni de organismos internacionales y las prioridades están definidas por el Gobierno. En ese marco, estamos elaborando un Plan Nacional de Desarrollo quinquenal”.

Un aspecto interesante de este Plan de Desarrollo, del cual se conoce hasta ahora sólo los tres pilares fundamentales, es que el tercer pilar es garantizar la estabilidad macroeconómica. Con esto, el Gobierno quiere señalar que le da la importancia a la estabilidad económica que ésta se merece –sin convertirla en el principal propósito de su política- y que sus políticas monetaria, fiscal y cambiaria van a ser responsables, aún sin un programa con el FMI.

Los grandes desafíos de la soberanía económica

Sin embargo, recuperar la soberanía económica y reducir la dependencia del exterior no va a ser tarea fácil. Actualmente, de la inversión pública total, que alcanza aproximadamente a 7% del PIB, sólo el 50% es financiado con recursos internos, la otra mitad es solventada con créditos y donaciones del exterior. Y pese a que el anterior Gobierno ha logrado reducir el déficit fiscal a alrededor de 2% en el 2005, la situación de las finanzas públicas no es la mejor.

Por un lado, es muy probable que el buen resultado alcanzado en 2005 sea pasajero. La principal razón para el bajo nivel del déficit de ese año fue que los recursos adicionales provenientes del nuevo Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) no estaban inscritos en los presupuestos de las prefecturas, municipios y universidades que los recibieron en el transcurso del año y, por ende, no pudieron ser ejecutados, por lo que se dio un ahorro en los diferentes niveles de gobierno.

Esta situación no se va a repetir en los próximos años. Así, el déficit presupuestado para el 2006 asciende a 3,7%, después de donaciones. Sin tomar en cuenta las donaciones otorgadas mayormente por los denominados “países amigos”, las que representarán este año aproximadamente 2% del PIB (excluyendo las donaciones por concepto del HIPC), el déficit llegaría a 5,7% del producto. Estas cifras muestran que, sin grandes esfuerzos para generar mayores recursos internos, no va a resultar sencillo reducir la dependencia del exterior.

Además, debido a los elevados déficit fiscales de los años 2002 a 2004, la deuda interna de Bolivia se ha incrementado de manera preocupante, de tal modo que el pago de intereses y amortizaciones por este concepto ha llegado al doble del monto pagado a los acreedores exteriores. En los años 2003 y 2004, el servicio de la deuda interna acaparó cerca de 25% de los ingresos fiscales, recursos que faltan para el gasto y la inversión pública.

Es más, a pesar de las condonaciones de deuda externa ya efectivizadas (como el caso del FMI), y anunciadas, (como el caso del Banco Mundial y una probable medida similar del BID), el servicio de la deuda externa seguirá acaparando elevados recursos públicos. Esto porque la mayor parte de los pagos anuales va dirigida a la Corporación Andina de Fomento (CAF) -47% del total pagado el 2005-, la cual no va a perdonar la deuda.

Lo que parece contradictorio con la política declarada de reducción de la dependencia externa es que el Gobierno está contemplando prestarse aún más de la CAF, lo que podría generar un nuevo problema de sobreendeudamiento en el futuro, a causa de las condiciones desfavorables de sus créditos.

La reforma tributaria tropieza con resistencia

Todo esto apunta a que el país va a tener que extremar grandes esfuerzos para lograr auto sostenerse. Uno de los campos trascendentales donde Bolivia tendría que avanzar es en la política impositiva. El sistema tributario boliviano no recauda lo suficiente y es inequitativo. Por lo tanto, el nuevo Gobierno, o más precisamente, el Ministro de Hacienda, tuvo la loable iniciativa de proponer una reforma de este sistema. “Queremos que todos se sensibilicen de que es necesario tributar. No puede haber, en este país, una persona que no pueda contribuir”, señaló Arce.

Sin embargo, su propuesta de introducir un impuesto a la renta de las personas o al patrimonio, donde tributarían más los que tienen más, provocó reacciones airadas en varios sectores. Incluso el propio Vicepresidente de la República lo desmintió, declarando que podía garantizar que no habrá impuesto al salario. Asimismo, Jaime Solares, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, ya amenazó con medidas de protesta frente a un eventual “impuestazo a los salarios”.

Mientras tanto, los llamados “gremialistas”, es decir, pequeños comerciantes, salieron a las calles para defender un régimen especial, cuya eliminación podría ser contemplado por el Gobierno en el marco de esta reforma tributaria. El llamado “Régimen Tributario Simplificado” recauda casi nada, pero cobija, más allá de los pequeños comerciantes, a grandes capitalistas que abusan del sistema para evadir impuestos.

La primera prueba de fuego para el Gobierno fue el paro de los transportistas interdepartamentales que se escudan en otro “Régimen especial” y no quieren ser trasladados al Régimen General donde tendrían que pagar impuestos acordes con sus ingresos que, en muchos casos, son muy considerables. En este sistema se esconden grandes empresas de transporte, que tienen hasta 40 buses y que pagan, en promedio, 8 dólares de impuestos al año.

Y por último, la banca privada pidió al Gobierno que en julio de este año desaparezca el Impuesto a las Transacciones Financieras, introducido en 2004, una fuente interesante de ingresos para las arcas públicas, que el Ministerio de Hacienda quiere mantener. En conclusión, el Gobierno va a tener que batallar en varios frentes y contra viento y marea, si es que quiere lograr incrementar los recursos internos de manera notable y reducir la dependencia del exterior.

El FMI está perdiendo peso en su rol de “guardián”

Sin embargo, más allá de la pregunta de cuán factible sea autosostenerse en el mediano plazo, parece interesante la decisión de independizarse de las condicionalidades y consejos del FMI que no han sido exactamente beneficiosos para Bolivia en los últimos 20 años.

Los ejemplos más recientes de intentos (o al menos declarados como tales) para liberarse de las imposiciones del FMI son Brasil y Argentina, los mismos que rembolsaron su deuda con este organismo de manera anticipada. Así, Brasil pagó 15.000 millones de dólares en diciembre de 2005, mientras que Argentina reembolsó 9.800 millones de dólares en enero de este año.

Sin embargo, los beneficios, tanto económicos como políticos, de esta determinación parecen más bien dudosos. Por un lado, en ambos casos, los gobiernos reembolsaron una deuda relativamente barata, incurriendo al mismo tiempo en endeudamientos internos y externos con tasas de interés bastante mayores a las cobradas por el FMI. Y por otro lado, por lo menos en Brasil, continúan las políticas de ajuste estructural y la reducción de los principales gastos e inversiones sociales.

Ahora bien, el caso de Bolivia es diferente en dos aspectos. Primero, se trata del primer país pobre y altamente endeudado que se atreve a dar este paso, lo que es un antecedente político importante. Segundo, en el caso de Bolivia, el asunto no es de pagar anticipadamente la deuda al organismo internacional, sino más bien de no negociar un nuevo acuerdo con él y de prescindir de sus préstamos.

Cabe recordar que, como país HIPC, Bolivia accedió, en enero de este año, a la condonación de parte del FMI de 233 millones de dólares, por lo que su deuda restante con el organismo quedó en tan sólo 14 millones de dólares. Esta situación es obviamente bastante favorable para tomar la determinación de seguir adelante sin la sombra pesada del organismo multilateral.

La gran interrogante es si los otros organismos multilaterales de crédito, así como la cooperación bilateral van a seguir otorgando préstamos y donaciones –que Bolivia, a pesar de todo, los va a necesitar todavía, por lo menos a mediano plazo- aún sin la presencia de un acuerdo con el FMI. Existen algunos indicios de que esto es posible.

Un indicador para la reducida importancia del FMI en términos de su tradicional rol de “guardián” de préstamos y donaciones del exterior y garante de “buenas” políticas económicas podría ser la afirmación de la calificadora de riesgos Fitch, en Nueva York, que indicó que “no hemos identificado un nuevo programa con el FMI como un criterio crítico para el otorgamiento de créditos”.

Por su parte, la Vicepresidenta para Latinoamérica del Banco Mundial, Pamela Cox, con motivo de su visita a Bolivia en marzo, dio una señal aún más clara, al señalar que el apoyo del Banco continuará, así el país decida no firmar un nuevo acuerdo con el FMI.

Finalmente, recordar que, si bien es un paso positivo el reducir la dependencia del exterior y, en particular, del FMI, es importante asegurar que a futuro no se creen nuevas dependencias unilaterales que podrían nuevamente aumentar la vulnerabilidad del país.

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