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La noticia de que el FMI ha recibido el mandato de extender sus poderes de la actual vigilancia bilateral de economías nacionales a una “vigilancia multilateral” de la economía mundial en su conjunto, no habrá de ser recibida con agrado por nadie que aspire a progresar hacia una gobernanza mundial más democrática y eficaz.

Esta acción se encuentra explícitamente diseñada para ampliar el alcance e influencia del Fondo, y rectificar el cada vez mayor desequilibrio comercial entre los Estados Unidos y las economías asiáticas. En palabras del Canciller del Reino Unido, Gordon Brown, Presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) del Fondo, “en el futuro, con la vigilancia multilateral, el FMI debería volverse más capaz de atender las cuestiones globales, como los actuales desequilibrios de cuenta corriente, el impacto de los precios del petróleo y cuestiones del sector financiero, y de supervisar más exhaustivamente en el futuro no solo las políticas a nivel nacional sino los nexos y efectos de desbordamiento producidos por las políticas de un país sobre otros países en la economía mundial.”

“Específicamente”, agregó, “estuvimos de acuerdo en que el FMI debe concentrarse más en la prevención así como en la resolución de crisis, que la vigilancia tanto multilateral como bilateral cobraría una importancia central cada vez mayor, y que acordaríamos un mandato anual de vigilancia construido en base a la vigilancia multilateral y bilateral de marcos de política monetaria, fiscal y cambiaria así como de cuestiones del sector financiero”.(1)

Frente al hecho de que la estructura de votación del Fondo se encuentra profundamente inclinada a favor de los países ricos del mundo, no resulta para nada sorprendente que esta resolución haya deleitado a los representantes del G7 y especialmente a Estados Unidos, cuyo déficit comercial récord continúa ampliándose, particularmente en relación a China. (También debe recordarse que los países desarrollados, que cuentan tan solo con un 14 por ciento de la población mundial y no se encuentran directamente afectados por sus programas, tienen más del 60 por ciento de los votos en el FMI, y los gobiernos de Europa occidental son los que designan colectivamente al Director Gerente del Fondo).(2)

Además, dentro de esta estructura, Estados Unidos cuenta con una representación del 17 por ciento, otorgándole esto un poder de veto de facto sobre las decisiones cruciales del Fondo, dado que estas requieren un acuerdo por parte de naciones que representen al menos un 85 por ciento de todas las acciones con derecho a voto. Por consiguiente, si bien el FMI ha estado reclamando durante algún tiempo a Estados Unidos acerca de la magnitud de su déficit, estas críticas han sido efectivamente ignoradas.

La resolución de presentar propuestas en la reunión de septiembre a celebrarse en Singapur con la finalidad de “incrementar el poder de voto de algunos países, incluyendo algunas economías de mercados emergentes”, no afectará desafortunadamente el poder de veto de Estados Unidos. Tampoco habrá de revertir el desequilibrio de poder existente a favor de los países más pobres del mundo. En el mejor de los casos, la sugerida redistribución de las cuotas estará aumentando las acciones con derecho a voto de los países en desarrollo más ricos, por ejemplo, China, Corea del Norte, México y Turquía. Bajo estas circunstancias, resulta claramente imposible que el Fondo desempeñe una función de “vigilancia multilateral” objetiva e imparcial en el escenario mundial.

Tampoco es probable que su nuevo mandato llegue a resolver la larga batalla que está siendo librada entre China y Estados Unidos en torno a la revalorización del renminbi de una forma que llegara a resultar más beneficiosa para los países más pobres del mundo. Hace ya largo tiempo que el FMI recomendó a China revalorizar su moneda de forma más acelerada para revertir los “desequilibrios globales”, pero China ha ignorado firmemente esta recomendación, y a pesar de los nuevos poderes del Fondo, la política cambiaria del país continuará sin lugar a dudas evolucionando a su propio ritmo.

Más bien, si el papel del Fondo es el de cambiar, su atención debería volver a concentrarse en áreas que son de importancia directa para los países en desarrollo, tal como reducir la volatilidad de los flujos financieros, y disminuir la vulnerabilidad de los mercados emergentes frente a la fuga de capitales y la competencia impositiva.

En la actualidad, resulta cada vez más difícil poder comprender por qué cualquier país en el mundo en desarrollo debería siquiera escuchar al FMI. En primer lugar, las políticas de la institución parecen no tener consistencia intrínseca alguna en lo referente a su aproximación al tema del “desequilibrio global”. Si bien el propósito original era mantener en equilibrio los excedentes y déficit a nivel global a través de un sistema de tipo de cambio fijo y de la restricción de movimientos de capital entre países, las políticas del Fondo se encuentran por el contrario manifiestamente dictadas por los intereses de sus accionistas ricos.

De esta forma, en la década del ’80 y ’90, los programas de la institución estaban diseñados para que se efectuara una reducción en los déficit de los países en desarrollo – mientras que hoy en día, cuando la situación es a la inversa, sus recomendaciones han pasado a concentrarse en persuadir a los mismos países para que reduzcan sus excedentes, lo cual se ha convertido en una seria turbación para las naciones más ricas del mundo, al tiempo que Estados Unidos hace caso omiso de las críticas silenciosas a sus déficit masivos. Esta doble moral no puede dejar de tornarse notoriamente evidente para los beneficiarios de las directivas económicas del Fondo.

En segundo lugar, el FMI no cuenta con facultades de coacción, y el apalancamiento ejercitado en el pasado dependía de su función como acreedor y guardián del proceso crediticio así como también de su reputación en materia de aplicar un “buen criterio” en los mercados comerciales. Los países profundamente endeudados no han estado en posición de ignorar las recomendaciones del Fondo o de negarse a implementar sus múltiples condicionalidades, y en el caso de los países de mediano ingreso, los mismos han típicamente perdido la confianza de los mercados financieros cuando el Fondo ha condenado sus políticas económicas, conduciéndolos a menudo al derrumbe financiero.

Esta situación, sin embargo, está cambiando de forma acelerada. El historial del FMI –especialmente en lo que se refiere al manejo de las crisis contagiosas de mercados emergentes en la década del ’90 – es ampliamente reconocido en la actualidad como abismal, y el efecto de sus programas de ajuste estructural sobre el mundo en desarrollo no ha sido nada menos que desastroso. A consecuencia de esto, muchos de sus mayores prestatarios han pagado anticipadamente sus préstamos o están amenazando con hacerlo. Esto ha significado mucho más que dejar al fondo falto de recursos; lo ha dejado seriamente falto de autoridad. Y sin una autoridad o legitimidad que derive de representar auténticamente los intereses de la totalidad de sus miembros, resulta difícil advertir por qué las recomendaciones que surgieran de su “vigilancia multilateral” habrían de ser obedecidas por el mundo en desarrollo.

Notas:

(1) Copia de la Conferencia de Prensa del FMI brindada por el Canciller del Reino Unido y Presidente del IMFC, Gordon Brown, y el Director Gerente del FMI, Rodrigo de Rato, Washington DC. 22 de abril de 2006.

(2) Ver el texto The IMF: the Wrong Business Model – or the Wrong Business, en http://www.jubileeresearch.org/news/imf130106.htm (en inglés)

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