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Hasta el momento Perú ha sido excluido de todos los acuerdos internacionales para el alivio de la deuda, lo cual deja al país con una carga masiva de deuda de más de US$22.000 millones, teniendo que pagar entre 22 y 23% del presupuesto del gobierno central en servicio de deuda. Perú se benefició de unos pocos acuerdos de canje de deuda con Suiza, Alemania y España, pero difícilmente puedan considerarse como la solución a largo plazo del problema. Por otra parte, el gobierno de Alán García ha manifestado su intención de permanecer fiel al modelo económico neoliberal, que muchos entienden no ha dado resultado.

Alán García, quien fue electo como nuevo Presidente de Perú en 2006 también fue Presidente entre 1985 y 1990. Durante su primera presidencia del país, adoptó la medida populista de exigir la limitación del servicio de la deuda a solo el 10% de los ingresos del gobierno. Dentro de América Latina, sin embargo, se encontró totalmente aislado cuando apeló a otros gobiernos de la región a respaldar esta medida política. También llevó a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) declarara a Perú como país "inelegible" para obtener créditos. Pero, en realidad, el gobierno de García nunca implementó esta política y hoy en día el Presidente ha manifestado básicamente su intención de no "romper la calma", es decir, preocupado por la calificación crediticia internacional del país y por no dar la imagen de un país "que necesita ayuda".

En este contexto, el tema de la deuda se ha convertido de alguna forma en tabú. Laura Vargas Valcarcel de CEAS ha dicho que "si uno le pregunta hoy a los peruanos si el tema de la deuda se encuentra entre sus primeras diez preocupaciones, la mayoría dirá que no". La gente parece no asociar a la carga de deuda del país con su vida diaria y parece también considerar a las expresiones pomposas de parte del gobierno, tales como "aseguramos una reestructuración de la deuda" como positivas y buenas para el país.

En la actualidad, un debate muy inquietante está teniendo lugar en Perú con respecto a la posible reintroducción de la pena de muerte para aquellas personas procesadas por cometer delitos sexuales contra niños. Este debate – con sus defensores y oponentes – está dominando los espacios mediáticos en el país y algunos consideran que se trata de una maniobra deliberada del gobierno para distraer la atención pública de cuestiones más apremiantes como el modelo económico imperante en el país, la firma del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y el compromiso asumido por el gobierno con la reducción de la pobreza.

El gobierno de Alán García ha manifestado esencialmente su intención de mantenerse fiel al modelo económico neoliberal, que muchas personas en Perú entienden que no ha dado resultado. En efecto, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por Catholic Relief Service en Perú, por cada punto de crecimiento en el país, los niveles de pobreza han disminuido solamente entre un 0,37 – 0,39%. Para decirlo de forma más simple, se necesita un crecimiento de tres puntos porcentuales para reducir la pobreza un punto porcentual, lo cual significa que los frutos del crecimiento económico no se han trasladado a los pobres. Los niveles de pobreza se mantienen constantes, con aproximadamente un 52% de la población que vive en la pobreza y alrededor de un 24% en la extrema pobreza.

El gobierno de García ha solicitado un nuevo programa de dos años con el FMI, el cual de acuerdo con el representante del país "incluye solo leves condicionalidades". En general, el Fondo se ha mostrado conforme con la gestión macroeconómica de Perú y este cuenta con los niveles más bajos de inflación en Sudamérica (por debajo del 2%). El Fondo considera a Perú como un país con deuda sostenible: ha reducido indicadores de deuda claves en los últimos años, por ejemplo, la deuda como porcentaje del PBI ha descendido a aproximadamente el 38% y la recomendación del FMI es la de continuar reduciéndolo hasta llegar al 30%. Sin embargo, esto oculta niveles crecientes de deuda interna dentro del país al tiempo que también ignora otro indicador clave del endeudamiento: el servicio de la deuda como porcentaje del ingreso fiscal. En Perú, el servicio de la deuda externa absorbe casi una cuarta parte del presupuesto del gobierno central.

Servicio de la deuda en 2006 (millones de US$)

Servicio de la deuda externa - 2.465

Servicio de la deuda interna - 924

Total - 3.389


Los altos niveles del servicio de la deuda – y el apego del gobierno al "status quo" – imponen una enorme rigidez al presupuesto general peruano e implican una política de austeridad fiscal. Para muchos, esto significa que cualquier medida orientada a la reducción de la pobreza será esencialmente paliativa por naturaleza y en efecto las OSC consideran que el gobierno no es para nada serio en lo que refiere a una auténtica reducción de la pobreza. Para muchos, las esperanzas de alcanzar el primer objetivo de los ODM (reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza) para el año 2015 son "absurdas" con el modelo económico vigente.

A pesar de las aparentes restricciones presupuestarias, el gobierno ha anunciado no obstante un shock de inversiones. El Primer Ministro De Castillo resumió "dos columnas de acción integrada": la primera, una economía sólida y un control firme de la inflación; la segunda, una acometida de inversiones en educación, salud y desarrollo humano. Una no puede tener lugar sin la otra, sostuvo De Castillo. En efecto, el lema del partido oficialista APRA es "responsabilidad social con responsabilidad fiscal".

Las áreas a las que se destinará un mayor gasto incluyen a 1000 funcionarios policiales más, pero muchas OSC dudan acerca de cómo habrán de pagarse estas promesas teniendo en cuenta las enormes restricciones que se ha impuesto el gobierno con respecto al presupuesto. Esto ha llevado a algunas OSC a especular que a menos que el gobierno realice serias reformas tributarias (lo cual no parece decidido a llevar a cabo), dichos incrementos del gasto no tendrán lugar o habrán de financiarse a través de la emisión de bonos (provocando un aumento de la deuda interna) junto con un mayor número de concesiones mineras (principalmente a compañías transnacionales que gozan de ciertos privilegios en materia impositiva).

Una reforma tributaria seria contribuiría a que el país saliera de la trampa deuda-pobreza, y también ayudaría a que el sistema fuera más justo. Jubileo Perú es absolutamente consciente de la necesidad de comunicar este mensaje acerca de convertir al modelo económico en un modelo mucho más justo. No obstante, este mensaje ha demorado en llegar a los oídos del gobierno. En los últimos dos años, Perú registró un aumento en inversiones extranjeras directas y en ingresos fiscales debido al auge de precios de los productos básicos pero el ingreso fiscal no se vio incrementado a consecuencia de una recaudación de impuestos que sea mejor y más justa.

Perú también depende excesivamente de las remesas enviadas por los trabajadores que viven en el exterior: US$1.400 millones al año que dejan sumergida a la modesta suma de US$400 millones otorgada en Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA).

El gobierno insiste en que necesita mantener un entorno saludable para los inversores, de los cuales el país es dependiente. No se puede dar el lujo de poner en peligro la calificación internacional de riesgo del país. Sin embargo, el debate acerca de qué tipo de inversión desea y necesita Perú es menos abierto. Muchos consideran que el tipo de inversión recibida por el país en el pasado no ha contribuido a mejorar los medios de vida, ni a generar empleos o ingresos.

Mientras tanto, el servicio de la deuda representa exactamente el doble del monto dedicado a la inversión pública en el país, lo cual a su vez corresponde exactamente a la suma del presupuesto general nacional financiada a través de créditos nuevos (22 y 11% respectivamente), lo cual significa que los créditos nuevos están financiando inversiones que son claramente insostenibles en el largo plazo. En este contexto, la reforma tributaria se vuelve mucho más apremiante.

Muchos podrían acertadamente preguntar por qué el gobierno de García, teniendo en cuenta estos indicadores sociales y claras restricciones presupuestarias, no se arriesga a colocar nuevamente la política del 10% del ingreso fiscal adjudicado al servicio de la deuda en la agenda política. Esta política podría llegar a obtener un apoyo importante a nivel nacional: muchos grupos locales que integran la red Jubileo Perú insisten en que las necesidades básicas no están siendo satisfechas. Sin embargo, según el Presidente del Banco de la Nación, Enrique Cornejo Ramírez, esto es imposible. "Para ganar terreno con una política como la expresada en 1985, es necesario construir alianzas tanto dentro del país como entre los países latinoamericanos", sostuvo. "En 1985, el país se arriesgó a quedar pendiendo de un hilo solo para ser apartado por otros gobiernos latinoamericanos". Además, "los actores han cambiado, las circunstancias son diferentes y Perú se encuentra ahora endeudado con los bancos multilaterales y no con los privados. Lo de 1985 fue en parte un ataque contra los bancos privados", continuó diciendo. En la actualidad, el sentimiento general del partido oficialista APRA es que el espacio de maniobra con respecto a la deuda se ha visto contraído de forma dramática. Entretanto, CEAS ha calculado la cifra en dólares de US$3.700 millones al año por concepto de "necesidades humanas esenciales insatisfechas". El servicio de la deuda externa asciende anualmente a la suma de US$2.400 millones que podrían de alguna forma destinarse a estos gastos mínimos en necesidades humanas.

Reflexiones finales

En general, se registra cierto aire de pesimismo entre muchas organizaciones de la sociedad civil en Perú con respecto al nuevo gobierno de Alán García y su compromiso para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Los cuestionamientos se concentran en torno a la intención manifiesta del gobierno de mantenerse fiel al modelo económico neoliberal y continuar efectuando abultados pagos por el servicio de la deuda a los acreedores internacionales. Estos impactan negativamente sobre la capacidad del país de invertir en gastos sociales y de hecho la inversión social asciende a tan solo la mitad de los pagos efectuados por el servicio de la deuda.

Perú se encuentra clasificado como un país de mediano ingreso y por lo tanto no se ha beneficiado con ninguna de las iniciativas de cancelación de deuda acordadas internacionalmente. Se ha beneficiado en tan solo un par de instancias de acuerdos de canje de deuda con un puñado de acreedores. Al mismo tiempo, muchos donantes tales como el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido y la Oficina holandesa de Cooperación para el Desarrollo están abandonando el país para concentrarse en países de bajo ingreso del África Sub-sahariana. El elevado servicio de la deuda sumado a la reducida Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) dejan a Perú con un escaso margen de maniobra a nivel presupuestario y dependiente de todos los tipos erróneos de inversión. Esto a su vez ha contribuido a generar niveles cada vez mayores de deuda interna e insatisfacción pública. Las OSC peruanas defienden reformas tributarias redistributivas de carácter amplio - y el gobierno debe actuar – pero también es necesario que la comunidad internacional desempeñe su papel. Al cruzar la frontera entre Perú y Bolivia y presenciar la extrema pobreza e indigencia generalizada en ambas naciones resulta absurdo sostener que uno de los países debería beneficiarse con la cancelación de deuda y el otro porque es "demasiado rico". Un enfoque más justo que el enfoque "HIPC" consiste en otorgar la cancelación de la deuda a todos aquellos países que la necesitan para alcanzar los ODM acordados a nivel internacional. Con optimismo, el nuevo gobierno debe actuar sobre las recomendaciones presentadas en el informe de la comisión Valencia Dongo e incitar a la comunidad internacional a que reconsidere su enfoque frente a Perú.

Este informe es producto de la última visita de Gail Hurley a Perú y fue publicado originalmente en inglés en el boletín Debt-Watch de Eurodad.

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