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El gobierno uruguayo, a través del ministro de Economía Danilo Astori, anunció que pagará por anticipado su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.080 millones de dólares, cancelando así el programa económico que finalizaba en junio de 2008. Astori, destacó que no se trata de una ruptura con el organismo internacional sino una "salida amistosa, cordial y prolija". La histórica decisión motivó la reacción políticos, analistas y organizaciones sociales.

El anuncio se efectuó el 8 de noviembre en conferencia de prensa, cuatro días antes de las elecciones internas del Frente Amplio, partido en el gobierno. El pagó (electrónico) se fijó para el 14 de noviembre.

Desde el gobierno se resaltó el significado histórico de la decisión, ya que Uruguay mantiene programas económicos con el FMI desde 1960 en forma ininterrumpida. Según remarcó Astori, esto supone dejar de lado las "condicionalidades" del FMI y ganar "versatilidad" en términos de política económica.

Esta decisión se enmarca dentro de la política de desendeudamiento y reperfilamiento de deuda que el país viene practicando desde comienzos de año. De esta manera, se han llevado adelante sucesivas colocaciones de bonos en el mercado internacional, las que hacen posible ahora esta operación.

Sin embargo, es necesario resaltar que esta decisión no supone una disminución en el nivel de endeudamiento del país, sino un cambio en la composición de los acreedores con gran significado político y simbólico.

Astori, señaló que la decisión cuenta con el apoyo incondicional del presidente Vázquez y de todo el gobierno, lo que en términos prácticos resultará fundamental para el futuro económico del país. Uruguay queda librado ahora a la credibilidad de su política económica en el mercado internacional.

El ministro subrayó también que los compromisos contenidos en el acuerdo "no son el programa del FMI" sino el programa del gobierno. Por este motivo, está en los planes del gobierno seguir con las reformas estructurales y las pautas económicas previstas en la carta de intención con el FMI (reforma de la carta orgánica del Banco Central, inflación y nivel de reservas), sólo que ahora no tendrá fechas límite para su aprobación.

Según voceros del equipo económico, para el 2006 se espera alcanzar un superávit fiscal primario del 3.7 por ciento del PBI, mientras que para el 2007 en adelante la meta (acordada con el FMI) era del 4 por ciento. Se espera no aumentar excesivamente las cifras del gasto público, pero todo se definirá a mediados del año próximo en momentos que se apruebe la nueva Rendición de Cuentas.

Como miembro del FMI, Uruguay seguirá contando con su asistencia técnica y continuará sujeto a sus monitoreos de acuerdo a las disposiciones del Artículo IV.

Repercusiones

La mayoría de los legisladores y dirigentes del Frente Amplio consideraron altamente positiva la cancelación de deuda con el FMI. Aunque hubo también quien relativizó el éxito e incluso quienes expresaron sus dudas sobre la oportunidad del anuncio, a cuatro días de la elección interna de la coalición de izquierda. Desde los sectores del oficialismo más críticos con la política económica también se celebró la medida por considerar que con ella el país gana en "soberanía" e "independencia" porque ya no hay que "rendirle cuentas" a nadie.

Varios de los legisladores oficialistas consultados respecto de esta medida señalaron que ahora es tiempo de volcar los beneficios y ahorros que tendrá el país en "educación", "obra pública" y en el "país productivo" (una de las banderas electorales del Frente Amplio al ganar las elecciones).

Algunos legisladores de sectores opuestos al ministro de Economía argumentaron que el anuncio tiene una impronta electoral inadecuada, al poner de relieve el éxito de la política económica del ministro Astori.

La oposición, en cambio, estuvo de acuerdo con la decisión, pero, como era de esperar, no hizo declaraciones de tono exitista. Por el contrario, muchos de los legisladores opositores hicieron notar la contradicción que esta medida genera a la interna del gobierno, ya que los sectores más radicales se pronunciaban, hasta no hace mucho tiempo, en contra del FMI y del pago de la deuda externa, considerándola incluso ilegítima.

Desde el PIT-CNT, organización de los trabajadores sindicalizados, se criticó al ministro por priorizar la deuda con el FMI antes que la "deuda social", haciendo referencia a las limitaciones presupuestarias que defiende el ministro de Economía.

"Nos gustaría saber a qué corresponde esa deuda que se está cancelando; PIT-CNT y otras organizaciones sociales plantearon la necesidad de una auditoria ciudadana, para que la gente sepa en definitiva cómo se contrajo esa deuda, porque seguramente ese endeudamiento no fue para abrir fábricas, no fue para desarrollar un país productivo en todos los gobiernos anteriores, incluso deuda contraída en la dictadura", consideró Puig, dirigente de la central sindical.

Sin embargo, también la central obrera dividió sus reacciones ya que los sectores más "conservadores" saludaron la decisión del gobierno, resaltando el fin de las condicionalidades. El dirigente (bancario) Juan José Ramos sostuvo que la actitud del gobierno fue correcta, ya que es una buena noticia para el crecimiento y desarrollo del país.

El mercado operó sin sobresaltos al día siguiente del anuncio. Para esto resulta fundamental la decisión del ministro Astori de continuar por la "senda de responsabilidad fiscal".

En el plano internacional, desde el FMI, Rodrigo Rato saludó la decisión uruguaya a través de un comunicado de prensa en el que destacó la recuperación económica luego de la crisis de 2001-02.

Evaluación económica

Los analistas coincidieron en afirmar que la medida era previsible y positiva, aunque señalaron que sus resultados se evaluarán de acuerdo a las futuras acciones del gobierno en materia de política económica.

Para Mercedes Ramos, economista de la consultora PriceWaterhouseCoopers, "el anuncio deja al país con una mayor importancia relativa de la deuda con acreedores privados y mayor importancia relativa de la deuda de largo plazo, las últimas emisiones de títulos vencen por ejemplo en el año 2022 y 2036". Por lo tanto, esta estrategia modifica la composición del endeudamiento público.

A finales de 2003 el 46 por ciento de la deuda total del sector público correspondía a los organismos internacionales, mientras que en junio de este año esa cifra había bajado 14 puntos, ubicándose en el 32 por ciento. Esta cancelación acentuaría aún más esta pérdida de importancia relativa del endeudamiento con organismos internacionales.

Tras esta operación, el país quedaría con amortizaciones de deuda con un mejor perfil, mejor distribuidas en el tiempo y no concentrada en años particulares. Esto mejora indudablemente las posibilidades de pago de esas amortizaciones, pero igualmente los niveles de deuda del país siguen siendo elevados e implican un pago anual de intereses de unos 800 millones de dólares.

El economista Pablo Rosselli, de la consultora Tea Deloitte & Touche, advirtió que "Uruguay necesita conservar un superávit primario fuerte, tan fuerte como el acordado con el FMI porque la deuda pública es muy elevada y ese superávit primario es importante para que la deuda baje con relación al Producto Bruto Interno (PBI)".

Hay que tener presente que lo que está haciendo Uruguay con esta operación es emitir deuda en el mercado internacional y pagarle al FMI, la deuda total queda igual. Según el economista, si el gobierno destinara los fondos obtenidos en las últimas emisiones de bonos a salarios o inversiones estaría aumentando el gasto, y así su nivel de endeudamiento. Un aumento de estas proporciones (1.000 millones de dólares), sería totalmente insostenible para las finanzas públicas, afectaría la credibilidad de los mercados en el país y pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica de los últimos años.

Para Roselli, la clave es mantener la disciplina fiscal. En teoría esta operación de cancelación ante el FMI puede ser vista como una señal de fortaleza pero también podría generar dudas en términos de qué ocurrirá con la política fiscal y la política monetaria, si al no tener la exigencia del FMI se flexibilizaran. La cancelación con el FMI no debería ser vista como una oportunidad para flexibilizar la política fiscal al no tener por qué cumplir una meta de superávit primario establecida por el Fondo.

Por otra parte, el economista subraya también que el haber cancelado este programa deja a Uruguay en una muy buena posición para si en el futuro vuelve a necesitar cierto apoyo financiero del FMI, por ejemplo ante un deterioro muy fuerte del contexto internacional. Uruguay podrá mostrarle al FMI que en 2002 recibió un paquete de ayuda financiera enorme, cuyo monto en relación al tamaño de la economía o a la cuota de capital de Uruguay era el más grande en la historia del Fondo, con la única excepción del otorgado a Turquía, y ahora, cuatro años más tarde y después de haber cumplido con las exigencias que el Fondo planteó, el país paga por adelantado. Desde este punto de vista Uruguay construye reputación ante un posible financiador clave como el FMI, y su vez con el resto de los acreedores internacionales.

La deuda en Uruguay

La deuda con el FMI se establece en Derechos Especiales de Giro (DEG) que se conforman en base a una canasta de monedas y que tienen una tasa de interés variable según el monto del endeudamiento y su relación con la cuota que le corresponde a cada país en el FMI. En el caso de Uruguay esa cuota es de 308 millones de DEG, por lo que la deuda uruguaya es del orden de 270 por ciento de su cuota. De esta manera el primer tramo de este endeudamiento está a una tasa de 5.58 por ciento y a partir de superar el 200 por ciento de la cuota se le agrega un punto porcentual.

A partir de esta decisión, el Banco Central ahorró 11.409.000 de dólares, de acuerdo a la diferencia de tasas de interés entre lo que está pagando al FMI y la deuda que ha tomado en las operaciones de canje. Lo que se ahorra Uruguay corresponde a las diferencias de tasas ponderadas medias de 6.79 por ciento, correspondiente a lo que se paga al Fondo, y la de 5.86 por ciento, que se le pagará a los tenedores de títulos uruguayos que se acogieron a la oferta de canje y recompra de deuda pública.

Actualmente la deuda pública uruguaya representa un 75 por ciento del PBI (65 por ciento aproximadamente corresponde a deuda externa), mientras que luego de la crisis de 2001-02 la deuda representó el 100 por ciento del PBI, segundo puesto mundial en ese coeficiente. A nivel internacional se considera aceptable un nivel de deuda del 40 por ciento del PBI, por lo que aún el país se encuentra muy lejos de esa cifra. El gobierno, al inicio de su período, en marzo de 2005, se planteó como meta el desendeudamiento, privilegiando en todo momento el concepto de "deuda soberana".

El contexto regional e internacional

Actualmente el contexto regional es totalmente favorable a un desendeudamiento con el FMI y la legitimidad del organismo se encuentra en muchos casos en crisis. Chile fue el primero de los países latinoamericanos en reperfilar su deuda y su último acuerdo con el FMI venció en noviembre de 1990.

Al día de hoy Venezuela y México (dos economías importantes de la región) no tienen deudas de capital con el FMI y ambos cancelaron sus acuerdos con la institución, en julio de 1997 el primero, y en noviembre de 2000 el segundo.

En la lista de países que cancelaron por adelantado su deuda con el FMI figuran en primer lugar Pakistán, Serbia y Ucrania. En 2003 Tailandia saldó su deuda dos años antes del vencimiento, mientras que a fines de 2004 Rusia canceló una deuda de 3.300 millones de dólares. Por último, en diciembre de 2005 Brasil y Argentina anunciaron la misma decisión como una victoria económica y política frente a la institución. En el caso Argentino, la cancelación fortaleció una posición crítica (fundamentalmente a través del discurso) que el presidente Kirchner venía llevando adelante desde el inicio de su gobierno.

Ambos países saldaron sus deudas gracias a una importante acumulación de reservas internacionales, fundamentalmente a través de superávit comercial de bienes. En este sentido, la situación de Uruguay en relación a sus vecinos es negativa, ya que cuenta con déficit comercial; por lo que basa su política de desendeudamiento en la emisión de deuda en el mercado de capitales.

La decisión de Brasil y Argentina - los dos países más fuertes el MERCOSUR - y su posterior desempeño económico fortaleció su posición antes el FMI. De esta manera, ambos países ejercieron un fuerte liderazgo dentro del G-24 que dio lugar a la presentación de una propuesta alternativa de reforma de la institución durante de la última reunión anual del FMI-Banco Mundial en Singapur.

Para el FMI, la pérdida de sus principales clientes agravó el déficit presupuestal y operativo de la institución, que este año alcanzará los 116 millones de dólares. Esta situación, tiene también su contrapartida en términos de legitimidad ya que sus "recetas" han perdido credibilidad en países latinoamericanos gobernados por partidos de izquierda o centro-izquierda.

Sin embargo, esto no significa que aquellos gobiernos que cancelaron sus acuerdos con el FMI hayan puesto en práctica políticas muy diferentes a las que llevaban adelante de la mano de la institución; sino que por el contrario, en el caso de Argentina y Brasil, por ejemplo, los gobiernos debieron cuidar más aún sus finanzas a fin de mantener un superávit primario que les permita recuperar reservas y mantener estable su economía.

Perspectivas de futuro

Al evaluar el contexto regional y la situación política y económica nacional, es necesario relativizar las consecuencias de la decisión uruguaya. No depender de un programa rígido supone manejo económico menos condicionado pero no menos ordenado. El problema para el gobierno será manejar las presiones sectoriales por un aumento del gasto público, lo que de seguro que no será una tarea fácil.

La disponibilidad de una mayor "versatilidad" y la pérdida de las condicionalidades del FMI no dejan de ser un arma de doble filo. Un programa con el FMI puede ser utilizado por parte del ministro de Economía como un escudo ante las presiones sectoriales locales y un sello de "calidad" ante los inversores. Recientemente el presidente peruano Alan García decidió renovar su acuerdo con el FMI con este mismo objetivo.

Mientras el ministro de Economía Danilo Astori se mantenga en su cartera y logre imponer sus lineamientos de política económica las cosas irán por el mismo camino. Sin embargo, se abriría un interrogante si es otra persona quien ocupa su cargo.

Para los grupos sociales que reclaman mayores recursos para la educación y la salud, entre otras "deudas" pendientes, la decisión supone un acto simbólico y sólo un paso más en una larga búsqueda por mayor justicia social.

Fuentes: Diario El Observador y Radio El Espectador

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