imprimir    enviar   corregir 

Nicaragua esta por negociar el quinto programa con el FMI. Este programa será decisivo para determinar si Nicaragua logra alcanzar los ODM y las metas nacionales en educación, salud, agua y saneamiento, vivienda, etc., y si puede recuperar o no perspectivas básicas de desarrollo futuro. Sin embargo, las políticas de restricción del gasto público y la demanda interna del FMI tienen un impacto depresivo sobre la actividad económica y el empleo, y con su foco excesivo en el control de la inflación sacrifican las posibilidades de crecimiento.

Mientras en la literatura sobre condicionalidad se hace mucho énfasis en la privatización y desregulación, en realidad estas reformas forman parte de la "primera generación" que se inició en los años 80 en América Latina (en algunos países del Cono Sur en los 70) y por ello cada vez queda menos por desregular y privatizar. Por tanto, debe esperarse, una progresiva disminución en las condicionalidades vinculadas a estas reformas. Estas condicionalidades se han convertido ya, en gran medida, en parte de la institucionalidad económica vigente en nuestros países.

Lo que actualmente esta estrangulando por completo a Nicaragua, y a otros países, es la creciente tendencia del FMI a controlar cada vez más férreamente cada aspecto de la política fiscal, esto es, la denominada "condicionalidad macroeconómica", la cual se impone a través de reformas profundas en el marco legal y constitucional. En este campo, se ha insistido mucho en el carácter recesivo de las políticas del FMI, es decir, las políticas de restricción del gasto público y la demanda interna tienen un impacto depresivo sobre la actividad económica y el empleo, y con su foco excesivo en el control de la inflación sacrifica las posibilidades de crecimiento.

Pero mas allá de esto, debe enfatizarse el hecho de que el sector público desempeña un papel fundamental en nuestros países en la provisión de capital humano y de infraestructura básica, que constituyen pre-requisitos y elementos fundamentales de desarrollo, además de que el acceso a ellos se constituye en un derecho humano, y por tanto, un fin en sí mismo. Es aquí donde la condicionalidad macroeconómica y el control absoluto del FMI sobre la política fiscal tiene su impacto más perverso, en particular el enfoque que apunta a subordinar por completo el marco fiscal de nuestros pobres países a la necesidad de generar los superávit fiscales primarios (presentes y futuros), requeridos para asegurar, a toda costa, el cumplimiento estricto, presente y futuro, de las obligaciones de la deuda publica (la "pagabilidad" de la deuda, según EURODAD).

Es importante revelar que esta condicionalidad al centrarse exclusivamente en la necesidad de asegurar superávit primarios (e incluso globales) en el presente, para asegurar el pago del servicio de la deuda pública en los términos pactados, y las transferencias al Banco Central, es totalmente miope con respecto a los efectos futuros de restringir drásticamente la inversión en capital humano y capital físico público, dejando al país y a la mayor parte de la población que lo habita, sin perspectivas básicas de desarrollo futuro.

Esto confirma aún más que esta condicionalidad, más que preocuparse por la sostenibilidad futura efectiva (integral) de la política fiscal, centra su preocupación exclusiva en asegurar la "pagabilidad" a toda costa de la deuda pública (en el caso de Nicaragua, una parte importante de la deuda pública doméstica es ilegal, y en su origen es altamente irregular).

Por lo demás, en los países con niveles extremos de desigualdad social y distributiva, el sector público enfrenta la responsabilidad de contrarrestar las enormes desigualdades, apuntando a asegurar a los extensos sectores excluidos y marginados el acceso a servicios sociales y servicios públicos fundamentales, los cuales representan, por sí mismos, derechos irrenunciables de los seres humanos.

En el momento en que el gobierno deudor sólo puede pagar sus deudas a costa del sacrificio del gasto social, los derechos humanos de la población son violados, y no es posible contrarrestar estas enormes desigualdades.

La persistencia de una masiva desigualdad en la distribución del ingreso, que no logra ser contrarrestada por el sector público, implica que extensos segmentos de la población no tendrán la posibilidad de contar siquiera con la dotación mínima de capital humano que les posibilite romper con el círculo vicioso de la denominada "reproducción intergeneracional de la pobreza".

Como resultado, además, la dotación promedio de capital humano del país será exageradamente baja, comprometiendo de manera irreversible sus posibilidades de desarrollo futuro.

En cuanto al numero de condicionalidades, lo importante son las implicaciones de las mismas, más que su número como tal, que de hecho continua siendo exagerado.

En el caso de Nicaragua, UNA sola condicionalidad, la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, implica SIETE reformas a la Constitución Política de la República, todas ellas muy sensibles:

1. Eliminación de Autonomía constitucional de Universidades
2. Eliminación de Autonomía constitucional de Municipalidades
3. El presupuesto de Universidades y Municipalidades será APROBADO por la Asamblea Nacional, como el de cualquier Ministerio
4. Eliminación de asignación presupuestaria del 6% a Universidades
5. Eliminación de asignación presupuestaria del 4% a Corte Suprema de Justicia
6. Eliminación de asignación presupuestaria para Transferencias Municipales
7. Eliminación de potestad constitucional de Asamblea Nacional para modificar partida de salarios y servicio de la deuda pública del Proyecto de Presupuesto General de la República remitido por el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, dicha condicionalidad impone candados perpetuos a la política fiscal (prácticamente el único instrumento de política que le queda al gobierno), que la dejan atada para siempre de pies y manos, y que serán impuestos por el imperio de esta ley: déficit fiscal anual igual a cero, lo cual implica generar superávit primarios anuales para cubrir el pago de intereses de la deuda; sustitución de deuda interna por deuda externa, y las transferencias al banco central para mejorar su posición de reservas; pago en tiempo y forma, y a toda costa, del servicio de la deuda publica; congelamiento de la masa salarial del gobierno en términos reales, lo cual determina imposibilidad de recomponer los míseros salarios reales de maestros y personal de salud, y de contratar al personal requerido para alcanzar los ODM; quitarle al parlamento la facultad constitucional de modificar la partida de salarios y servicio de la deuda del proyecto de Presupuesto de la República; los excedentes de recaudación deben utilizarse exclusivamente para el pago de la deuda interna, etc.

La condicionalidad del FMI impide efectuar las inversiones indispensables para dotar al país de una perspectiva básica de futuro y afecta la configuración y la política energética, la seguridad social, la inversión en vivienda, agua potable y saneamiento, salud, inversión en la niñez, la posibilidad de remontar el enorme rezago salarial de maestros y enfermeras; la posibilidad de asegurar el mantenimiento de los caminos rurales, que constituyen el 73% de la red vial del país; la descentralización y la suerte de millones de seres humanos, particularmente de los que están siendo "dejados fuera".

Esto no es un asunto estrictamente económico, sino profundamente político, y tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a examinar y decidir libremente, mediante procesos democráticos y deliberativos, sus opciones de futuro, en lugar de la imposición externa de un "futuro único" sin opciones.

La priorización absoluta del servicio de la deuda pública interna y las transferencias al Banco Central, contrastan con el hecho de que, mientras el gasto por estudiante de secundaria en Nicaragua apenas se eleva al 5% del PIB per cápita, en Bolivia se eleva al 13%, y en Zimbabwe al 24%. La CEPAL estima que el umbral mínimo de escolaridad que requiere alcanzar una persona para tener un 90% de probabilidades de no caer en la pobreza, es de 12 años (completar la educación secundaria). La evidencia empírica para Nicaragua confirma que, para tener un 80% de probabilidades de no tener que sobrevivir el resto de su vida adulta bajo el umbral de la pobreza y la pobreza extrema los niños deben alcanzar una escolaridad de, al menos, 11 años. Pero en nuestro país la mayoría de los menores de 18 años alcanza una escolaridad que oscila apenas entre 2-3 años en las zonas rurales y 4-5 años en las zonas urbanas.

Con estos niveles de escolaridad, la mayoría absoluta de los menores de 18 años esta siendo condenada desde ahora, sin ninguna alternativa, a encontrar exclusivamente ocupaciones precarias, de bajísima productividad, en gran parte categorizadas como auto-empleo, que les proporcionarán ingresos bajísimos, que los mantendrán por el resto de su vida adulta por debajo del umbral de la pobreza y la pobreza extrema. En lo que se refiere a la tasa neta de matrícula secundaria, mientras en Nicaragua en el año 2006 apenas el 41% de los jóvenes en edad de asistir a la secundaria estaban matriculados en ese nivel educativo - lo cual significa que prácticamente 6 de cada 10 jóvenes en edad de asistir a la secundaria se quedaron fuera del sistema educativo -, en Bolivia, un país tan pobre como Nicaragua, se encontraban matriculados en secundaria el 74% de todos los jóvenes en edad de asistir a ese nivel educativo.

Un país cuyos jóvenes en su gran mayoría no tienen posibilidades de acceder al umbral mínimo de escolaridad requerido para no tener que sobrevivir el resto de su vida en la pobreza más oscura, mucho menos a una educación de calidad, ni por tanto a empleos con ingresos minimamente dignos, es un candidato para que se profundicen cada vez más los procesos de descomposición y anomia social, y de ruptura de los lazos de solidaridad y cohesión social. Por otra parte, el hecho de que desde ya se esté predeterminando un nivel bajísimo de escolaridad promedio de la fuerza de trabajo para las próximas décadas – que con frecuencia la coloca debajo de los umbrales del analfabetismo funcional – , es una noticia verdaderamente desastrosa para las perspectivas de futuro del país y gran parte de la población que lo habita.

Es importante remarcar, que no es tanto el FMI el que nos está imponiendo estas políticas porque, por sí mismo, no tendría las fuerzas para hacerlo. Nicaragua culminó hace dos anos la Iniciativa HIPC y ya ni siquiera tiene deuda con el FMI (fue condonada por MDRI). Mantiene reservas internacionales equivalentes al 80% del gasto primario del gobierno, su déficit fiscal después de donaciones es prácticamente inexistente y por tanto teóricamente no requiere mayor endeudamiento para financiarlo. Sin embargo, en el marco del denominado "alineamiento" de la Cooperación Externa, se ha formado un Grupo de Donantes que prestan apoyo presupuestario (budget support), y en el que predominan los donantes europeos (la Unión Europea, Dinamarca, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, además del propio Banco Mundial y el BID), que han establecido que, para poder recibir esta asistencia el país debe tener un programa con el FMI, y condicionan sus desembolsos al estricto acatamiento de la condicionalidad del BM y el FMI, además de establecer su propio y extenso listado de condicionalidades.

De esta manera, se ejerce un enorme chantaje sobre el país: si no se aprueban al pie de la letra, o no se modifican, tales y cuales leyes, las que con frecuencia afectan aspectos extremadamente sensibles para los ciudadanos, no habrá desembolso de los donantes de este Grupo, y el país entrará en crisis. Como es evidente, este enorme chantaje, de tantos donantes a la vez, deja al país inerme y sin poder de negociación alguno frente al FMI.

¿No podrá establecerse una coordinación con las ONG asistentes a la Conferencia de Oslo, para ejercer algún tipo de incidencia sobre estos gobiernos, y sus representantes en el Directorio del FMI, para que permitan a Nicaragua buscar nuevas alternativas de política?. El FMI ya está presionando, e imagino que detrás vendrán las presiones de los donantes para que el nuevo gobierno resista los pedidos de aumento salarial de maestros, médicos y demás personal sanitario y apruebe las denominadas "reformas estructurales pendientes".

Esto es lo que ha dicho el Directorio del FMI:

"El nuevo gobierno necesitará ejercer vigilancia con respecto a presiones para el incremento de salarios y subsidios del sector público, lo cual podría afectar adversamente la estabilidad y la competitividad y deberá estar preparado para implementar medidas compensatorias, si es necesario. También será importante rechazar la fiscalmente insostenible reforma a la ley de pensiones - Ley 539 aprobada el año pasado. Se alienta a la nueva administración a avanzar temprana y rápidamente en la agenda pendiente de las reformas estructurales. El fortalecimiento del marco regulatorio del sector energético deberá ser una prioridad, a fin de apoyar la estabilidad financiera y atraer la necesaria nueva inversión para el sector. Los mapas de ruta ya han sido preparados para las reformas críticas de las pensiones y el marco regulatorio fiscal responsable, así como los borradores de las leyes para reformar el proceso de descentralización fiscal" (la traducción le pertenece al autor).

Información relacionada:

* La conferencia de Oslo observa que el Banco Mundial y FMI continúan impulsando condiciones, por Martin Khor

* Sobre la negociación del quinto programa de Nicaragua con el FMI, por Adolfo Acevedo

imprimir    enviar   corregir