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Monitor de IFIs en América Latina
Lunes 08/01/2007
Al terminar el 2006 es posible señalar los puntos más relevantes del año para América Latina en relación a las IFIs. Entre los puntos más altos: el Fondo Monetario Internacional (FMI) continua en crisis y pierde clientes en la región; el Banco Mundial busca legitimarse a través de la lucha contra la corrupción; y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prioriza los proyectos de infraestructura y estudia la cancelación de deuda a los países latinoamericanos más pobres.
El FMI continúa en crisis
En un contexto de cambio político, que muchos analistas califican como “era progresista”, los países de la región prescinden cada vez más del FMI. Esta tendencia tuvo su punto más alto en el pago anticipado y cancelación de deuda al Fondo de Argentina y Brasil en diciembre de 2005.
Durante el 2006 Uruguay emprendió el mismo camino y a fines de noviembre canceló su deuda en forma anticipada y dio por terminado su programa con la institución. Venezuela y México, aunque no mantienen deudas con el Fondo, siguieron la misma tendencia y cancelaron en forma anticipada pagos al Banco Mundial y al BID. Para estas operaciones los gobiernos utilizaron reservas internacionales o recurrieron a la colocación de bonos en el mercado de capitales.
¿Cómo se interpreta está tendencia?. Es posible ensayar varias lecturas. Desde el punto de vista económico, esta operación significó fundamentalmente un cambio en la composición de la deuda; la deuda externa descendió a expensas del crecimiento de la deuda interna. Por otro lado, la creciente influencia de Venezuela en la región, en su papel del “vecino rico”- gracias a los recursos provenientes del petróleo -, sirvió de apoyo económico a países que antes debían recurrir al Fondo Monetario o a los bancos privados. Esto último, refuerza una lectura política de esta tendencia internacional, las instituciones financieras han perdido credibilidad y los países intentan escapar de su influencia. Aunque esto no significa necesariamente que en materia de política económica los gobiernos nacionales modifiquen las políticas neoliberales que los gobiernos anteriores (y actuales) han puesto en práctica. Sin embargo, esto representa un cambio en la correlación de fuerzas entre varios países latinoamericanos y el FMI, dejándolos en una mejor posición para plantear demandas y negociar con la institución.
Mientras tanto, los países latinoamericanos más pobres continúan bajo la influencia de las IFIs. A comienzos de 2006 el FMI hizo efectiva la cancelación de deuda a Bolivia, Honduras, Nicaragua y Guyana, en el marco de la iniciativa HIPC, mientras que el Banco Mundial hizo lo propio en el mes de julio. Ambas medidas dieron cumplimiento de lo aprobado por los países del G8 en la Cumbre de Glengales de 2005. Sin embargo, esta cancelación dista mucho del cien por ciento anunciado en Glengales, y estos países debieron iniciar una negociación con el BID, principal acreedores de los países latinoamericanos, para que se plegara a la decisión. La resolución de este tema aún continúa pendiente.
En cuanto al futuro relacionamiento con el FMI en estos casos, la elección (y primeros movimientos) de Rafael Correa como presidente de Ecuador y de Daniel Ortega en Nicaragua, marca dos posiciones extremas de un amplio espectro regional.
Correa, ex ministro de economía de Ecuador, fue electo con un discurso contrario a la influencia del FMI y con la promesa de estudiar el no pago de la deuda externa. Mientras que Ortega apenas asumió el cargo comenzó a negociar un nuevo programa económico con el FMI. La influencia de la institución es criticada duramente en Nicaragua por las condiciones que imponen sus programas para la deprimida economía nicaragüense.
El Banco Mundial en 2006
El Banco Mundial recurrió a la lucha contra la corrupción como nueva estrategia para mantener relevancia en el contexto internacional, siendo su presidente Paul Wolfowitz el abanderado de esta iniciativa. Sus críticos cuestionan la utilización de esta política, por considerar a la institución deslegitimada para cumplir con un rol que escapa a los cometidos principales del Banco, y reclaman una reforma significativa de su estructura interna.
Al mismo tiempo, a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI) el Banco busca financiar nuevos proyectos en la región, y estudia como ampliar su influencia en los países de ingresos medios (Argentina, Brasil y México, entre otros) con nuevas políticas de préstamos.
El informe anual Doing Bussiness, publicado en setiembre de 2006, “Haciendo negocios: cómo reformar”, presenta las miradas del Banco sobre las facilidades y dificultades para realizar negocios en 175 países, a través de una batería de indicadores. El documento busca apoyar e incentivar las reformas de mercado clásicas y elogia a aquellos países que han aceptado liberalizar sus economías. Sin embargo, desde la otra orilla se alega que el documento es una forma más del Banco para promover medidas ortodoxas como la liberalización comercial y la flexibilización laboral, entre otras, no incorporando aspectos sociales y ambientales como parte de los “buenos negocios”.
Hacia finales de 2006 se dio a conocer una evaluación de técnicos independientes que confirma lo que muchos críticos del Banco denuncian desde hace mucho tiempo: el Banco utiliza sus investigaciones para promover sus políticas sin importar si los resultados de éstas son confiables. Esta evaluación, divulgada días antes de terminar el año, fue entregada al Banco hace ya un año.
El BID en América Latina
El BID busca nuevas estrategias para que su presencia e influencia en la región aumente. En la última Asamblea de Gobernadores de Banco, celebrada en el mes de abril, en Belo Horizonte (Brasil) el Directorio planteó modificaciones a su política de préstamos y presentó oficialmente su política operativa para pueblos indígenas. En cuanto a su actividad en la región, el Banco busca expandirse al sector privado, otorgando préstamos sin garantía soberana. Los proyectos de infraestructura continúan siendo prioritarios, por lo que la Asamblea ratificó la decisión de crear dos fondos con este objetivo: uno para las iniciativas de Integración Regional Sudamericana (IIRSA) y Plan Puebla Panamá (PPP), y otro para proyectos de infraestructura en general.
En este sentido, organizaciones sociales latinoamericanas cuestionan duramente el proyecto de integración que promueve el BID a través de sus financiamientos en infraestructura y denuncian las consecuencias socio-ambientales que estos proyectos pueden traer a la región.
La reunión anual también estuvo marcada por el pedido expreso de los presidentes de Bolivia y Honduras en favor de la cancelación de deuda a los países latinoamericanos más pobres incluidos en la iniciativa HIPC: Bolivia, Honduras, Nicaragua, Guyana y Haití. La Asamblea se pronunció políticamente de acuerdo con esta medida, pero al mes de diciembre todavía la operación no se concretó y se espera llegar a un acuerdo antes de la próxima Asamblea de Gobernadores a celebrarse en marzo, en Guatemala. Uno de los aspectos más importantes que aún continúan sin resolución tiene relación con el “punto de corte” de la cancelación, y el monto total a cancelar a los países en cuestión. Numerosas organizaciones de la sociedad civil (latinoamericanas e internacionales) han trabajado activamente durante todo el año para obtener una decisión favorable en este sentido.
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