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Las políticas deben ser analizadas a partir de su origen, su formulación y los impactos que provocan. Las políticas de las instituciones financieras han sido aplicadas durante más de 60 años en diferentes continentes para que a través de Programas de Ajuste se logren viabilizar los recursos necesarios para el pago de deudas contraídas mediante préstamos y para el cumplimiento de los acuerdos comerciales. Brasil vive hoy un "ciclo virtuoso de crecimiento" pero sus resultados aún no han modificado la desigual distribución del ingreso.

El pensamiento único constituye un obstáculo a procesos de desajustes en la organización política, social y económica de los estados nacionales. Desajustes causados por una política de ajuste estructural, supuestamente destinada a honrar un compromiso con las deudas financieras de dichos Estados. El hecho es que el dominio del capital se hace efectivo de un modo incontrolable y la ciudadanía política se reduce a la frágil expresión de los movimientos sociales, cuando se trata de introducirse en el debate sobre la deuda y el desarrollo. En Brasil, esa fragilidad también se hace visible en el Congreso Nacional, compuesto mayoritariamente por representantes de las elites nacionales y del capital especulativo internacional, cuya actuación está orientada a garantizar el marco regulatorio necesario para hacer efectivas las políticas neoliberales. De ahí que el Congreso sea hoy un lugar vacío de contenido y obligaciones, por fuerza del desvío de sus funciones. Esto es así cuando se trata de acuerdos, tratados y actos internacionales relativos a las operaciones de crédito. El artículo 52 de la Constitución Federal, por ejemplo, que trata de la competencia privativa del Senado Federal, es sistemáticamente ignorado, en función del vínculo político establecido con las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), como consecuencia de préstamos recurrentes. El Orden Económico y Financiero (art.170) ve sus principios generales menoscabados, cada vez que la actividad económico-financiera es llevada a cabo a costa de una existencia que no resulta nada digna para todos y todas. Nada se cumple. Todo es liderado por la economía, mientras no se contradiga al dios del mercado.

Entre varios cuestionamientos, algunos serían:

* ¿Es posible alcanzar un desarrollo sustentable, silenciando las políticas del FMI, BM, BID y OMC?

* ¿Es posible aceptar pasivamente que las IFM asuman el papel de activadoras de gobiernos autoritarios, populistas y explotadores de las poblaciones pobres?

* ¿Es posible alterar el rumbo del país frente a la perspectiva de una sociedad emancipadora, cuando el escenario macroeconómico apunta hacia la misma subordinación al interés del mercado, la misma falta de responsabilidad ante la preservación de las riquezas de nuestro territorio y la misma política de debilitamiento de las instituciones más importantes del Estado?

Sería posible, una vez reconstruidas las instituciones públicas y rehecha nuestra historia a partir del enfrentamiento a la hegemonía norteamericana. Sería suficiente con que la población brasileña se colocara como sujeto político, rompiendo, como dice César Benjamim, “con las estructuras internas que perpetúan las desigualdades y las externas que perpetúan la dependencia”.

Sucede que hoy en día los indicadores de la economía son bastante positivos y es en ellos que el gobierno de Lula se basa para decir que el país va bien, no habiendo sido siquiera sacudido por la reciente crisis política. Pero esa esfera está minada de contradicciones y ambigüedades: la economía crece pero el empleo no la acompaña; los préstamos otorgados a los jubilados estimulan el consumo a corto plazo pero generan un endeudamiento a largo plazo; el consumo de las familias aumenta pero la producción de bienes no es suficiente; se registra un aumento del comercio pero el que se beneficia es el comercio chino, asiático, a partir de las importaciones, ya que no hay producción interna; la distribución de la renta mejoró a través de los programas compensatorios pero los ricos son cada vez más ricos y las desigualdades de género y raza se mantienen en los mismos parámetros absurdos.

En realidad, todo confluye para mantener una lógica que vincula el capital productivo al capital financiero, donde, por ejemplo, es más importante financiar que vender un auto, dado que la empresa se beneficia con los intereses altos. Todo desemboca en las opciones adoptadas por el gobierno en el ámbito de la economía y sometidas al Sistema Financiero Internacional.

Los resultados económicos de la política del gobierno cuyos indicadores se relacionan con el superávit primario, la responsabilidad fiscal, la disminución del riesgo país y el mantenimiento de la credibilidad externa, es lo que ha justificado los “resultados sociales” del gobierno federal. O sea, el gobierno pretende probar que fue esa política económica la que le posibilitó realizar el “mayor programa de distribución de renta del mundo”, como afirma el Presidente Lula. De esa manera, éste esconde el mayor escándalo de Brasil, que es el pago de intereses y servicios exorbitantes, año tras año, de una deuda pública ilegítima, cuyas razones pasan por alto el debate dentro de la sociedad.

Por otro lado, esa transferencia de renta no ha significado una distribución del ingreso que impacte claramente en la disminución de las desigualdades. En verdad, el sentido del modelo aplicado ha favorecido un enriquecimiento cada vez mayor de las 20 mil familias más ricas de Brasil y ha generado ganancias voluminosas para los 6 bancos privados más grandes que operan en el país.

Las políticas deben ser analizadas a partir de su origen, su formulación y los impactos que provocan. Procedentes de una visión colonizadora e inspiradas en los principios del neoliberalismo, las políticas de las IFM han sido aplicadas durante más de 60 años en diferentes continentes para que a través de Programas de Ajuste se logren viabilizar los recursos necesarios para el pago de deudas contraídas mediante préstamos y para el cumplimiento de los acuerdos comerciales.

Dichas políticas destruyen la idea de políticas públicas universales donde la pobreza deja de ser considerada como problema económico y pasa a ser apenas tratada como problema social, o sea, los pobres vistos como una patología social, las cuales por ende no funcionaron ni van a funcionar dentro del modelo económico actual. Lo que restan son políticas compensatorias, en lugar de la resolución de cuestiones estructurales que pudieran sacar a la población pobre de esa situación.

Brasil vive de ciclos: el ciclo del patrimonialismo, del desarrollismo, de la modernidad, todos destacados por ser un contrapunto a las llamadas fuerzas del atraso. Ahora se nos presenta un “ciclo virtuoso de crecimiento”, apoyado en grandes obras: hidroeléctricas, refinerías, siderúrgicas, puertos, como anclas de un modelo de crecimiento gestado en el Consenso de Washington y materializado en los lineamientos de política y condicionalidades implantadas al continente, a los contratos establecidos entre las IFM y el gobierno brasileño, ligando así la implementación de las políticas públicas nacionales a las proyecciones económicas y de dominio geopolítico que dichas instituciones realizan al diseñar su propio Mapamundi.

Las intervenciones de estas instituciones en el país son de todo orden, incluyendo desde la asistencia económica hasta la asistencia política, técnica, social y ambiental, determinando cuáles deben ser nuestras políticas públicas. Tanto años de bloqueo a la implementación de un proyecto de desarrollo sustentable, derivan en una creencia en la inexorabilidad de pensar el financiamiento para el desarrollo sin el aval de estas instituciones. Así, se construye un pacto subordinado entre el gobierno y las IFM que viene sustentando la deuda pública brasileña, tornando irreversibles las condiciones de extrema injusticia en las que vive la mayor parte de la población.

Sin embargo, el rumbo que toma el financiamiento de nuestro desarrollo y el camino de las crisis enfrentadas por el Banco Mundial, el BID y el FMI, tanto en el campo de la legitimidad como de las finanzas y de la confianza en lo que se dice respecto a sus paradigmas de políticas aplicadas, puede ser una oportunidad histórica para que la sociedad civil promueva una estrategia de desempoderamiento de dichas instituciones, partiendo de algunos elementos:

1. Descalificando las razones que permitirían justificar al gobierno brasilero el pago de las deudas externas e internas a través de una auditoria;
2. Rechazando las condicionalidades para el desembolso de préstamos y las cláusulas definidas unilateralmente en los contratos;
3. Desvinculando solicitudes de préstamos de los procesos de ejecución presupuestaria de la Unión;
4. Haciendo viable un sistema de monitoreo por parte de la sociedad civil que pueda acompañar la negociación, ejecución y evaluación de los impactos provocados por los proyectos de los bancos.

Solamente de esa forma se pueden ir construyendo las bases de un proyecto de desarrollo que vaya recuperando patrones de igualdad y sustentabilidad del país. En este sentido, la existencia y la importancia de instituciones de financiamiento para el desarrollo solamente deberá justificarse por la contribución real que puedan efectuar a un proyecto nacional de desarrollo autónomo, inclusivo y justo.

Magnolia Azevedo Said es miembro de la coordinación ejecutiva de Rede Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales

Este artículo fue publicado originalmente en portugués en el boletín de Rede Brasil - Diciembre 2006. Ver boletín completo

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