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Brasil pagó anticipadamente al FMI. Por consiguiente, como dice el gobierno, habríamos dejado de ser colonia. ¿Correcto? Incorrecto. El país nunca vivió bajo la amenaza de tantas reformas neoliberales como ahora. Reforma del Sistema de Previsión Social, Reforma Laboral, modificaciones constitucionales para reducir gastos sociales, privatizaciones. Estas son algunas de las medidas en estudio por parte del gobierno para 2007.

El mantenimiento del superávit primario en 4,25 por ciento del PBI también constituye un "dogma".

Reforma del Sistema de Previsión Social

Sobre la reforma del sistema de previsión social, por ejemplo, un documento reciente del equipo económico de gobierno propone la desvinculación del salario mínimo de los beneficios previsionales, la desvinculación de los reajustes correspondientes a los activos y los pasivos, y la jubilación integral recién a los 67 años; antes de esa edad , sólo se posibilitaría con una reducción de los beneficios. Otras medidas en estudio son la alteración en los criterios de elegibilidad y cálculos de los beneficios de riesgo, como seguro de enfermedad y pensiones por invalidez o muerte. El gobierno también afirmó que encaminará en febrero de 2007 la reglamentación de la Reforma del Sistema de Previsión Social de 2003, lo que abrirá el camino para los Fondos de Pensiones. Cabe recordar que en Argentina, estos fondos utilizaron sus recursos en títulos de deuda y perdieron la mayor parte de su patrimonio con la reducción del 75 por ciento del valor de la deuda anunciada por el gobierno argentino. El reciente caso de Varig también mostró qué tan grave resulta la falta de seguridad de estos Fondos de Pensiones, con jubilados que tuvieron que volver a trabajar para poder sobrevivir. Esto muestra el riesgo al que estarían expuestos los trabajadores con la privatización de la previsión social por medio de estos fondos. Previsión significa seguridad, y no riesgo.

Reforma Laboral

Con respecto a la reforma laboral, la misma ya fue realizada en parte con la reciente aprobación del denominado “Super Simples”, que comprenderá nada menos que al 80 por ciento de las empresas brasileñas. Estas serán exoneradas de realizar procedimientos básicos como la colocación del “Plan de Trabajo” en sus dependencias, la anotación de las licencias de sus empleados en los respectivos libros o fichas de registro, la comunicación al Ministerio de Trabajo y Empleo sobre la concesión de licencias colectivas, o el empleo o inscripción de sus aprendices en los cursos de Servicios Nacionales de Aprendizaje. Así, queda drásticamente reducida la posibilidad de una fiscalización del trabajo que permita constatar el cumplimiento o no de los derechos básicos de los trabajadores por parte de la empresa. Otra medida del “Super Simples” es la imposibilidad de multar al empresario por el incumplimiento de las obligaciones laborales.

Reducción de los gastos sociales y privatizaciones

La propuesta de una política de reducción de gastos para los próximos 10 años, formulada por Delfim Netto y aceptada por Lula (el llamado “Déficit Nominal Cero”) se tradujo en algunas propuestas recientes del equipo económico de gobierno. Una de ellas es la modificación de la Enmienda Constitucional Nº29 – que garantiza el incremento anual de los recursos para la salud como un porcentaje del aumento del PBI nominal. La idea del gobierno es crear otro índice que reduzca a la mitad dicho reajuste anual durante los próximos 10 años. Otra posibilidad es la inclusión de los gastos junto con el saneamiento para los fines dispuestos en la Enmienda 29, permitiendo, por lo tanto, que el gobierno destine menos recursos para la salud.

Otra medida consiste en restringir el crecimiento del gasto correspondiente a salarios de funcionarios públicos durante los próximos 10 años (lo que elimina la posibilidad de una recuperación de pérdidas anteriores). Otra posibilidad – divulgada recientemente por el Ministro de Planeamiento – es el aumento de la Desvinculación de los Ingresos de la Unión (DRU), que permite que el gobierno utilice a su antojo el 20 por ciento de los ingresos vinculados a determinado tipo de gasto social.

Con respecto al salario mínimo el gobierno acordó en una reunión reciente con las centrales sindicales, que el índice anual de reajuste para los próximos cuatro años se basará en la inflación sumada a la variación del PBI de dos años atrás. Es decir, dadas las últimas proyecciones para el crecimiento económico brasileño en los próximos años, el salario mínimo apenas crecerá cerca de un 3 por ciento al año en términos reales. Siempre es bueno recordar que el “salario mínimo necesario” (calculado por el DIEESE) era de R$ 1.510 (1 U$S = 2 R$) en octubre de 2006. Este es el valor que garantiza el cumplimiento del Artículo 7 de la Constitución, según el cual el salario mínimo es un derecho del trabajador capaz de satisfacer sus necesidades vitales básicas y las de su familia, tales como vivienda, alimentación, educación, salud, ocio, vestimenta, higiene, transporte y seguridad social. Pero con este índice de reajuste definido por el gobierno y las centrales sindicales, tendrán que pasar 50 años para que el salario mínimo alcance la suma de R$ 1.510. Y esto considerando que el PBI habrá de crecer un 3 por ciento anual durante el período.

Otra medida en estudio por el gobierno es la ampliación del Programa Piloto de Inversiones (PPI), que por imposición del FMI, solamente puede comprender emprendimientos que produzcan un retorno financiero. La mayor parte de estas inversiones se dan en el sector del transporte, como la recuperación o construcción de carreteras. Una vez que el Estado realiza los gastos más importantes, estos emprendimientos pueden ser transferidos a la iniciativa privada que cobrará tarifas o peaje. Es decir, el PPI es, en verdad, una forma más de financiar privatizaciones.

Cláusulas de Acción Colectiva (CAC)

Otra imposición del FMI es la adopción de las llamadas “Cláusulas de Acción Colectiva (CAC)” en los títulos de deudas externa. Cabe destacar que varios países adoptaron esta cláusula en 2003, después que el FMI desistiera de semejante propuesta, idealizada por la gerente del Fondo Anne Krueger. Dicha propuesta disponía que los principales acreedores podrían llegar a dictar los términos de la renegociación de las deudas, en caso de que estas no fueran pagas, lo cual es una afrenta a la soberanía de los países. Curiosamente, de acuerdo con lo anunciado por la prensa, las CAC cuentan con el mismo principio: los tenedores del 75 por ciento del valor de la deuda podrán definir los términos de la renegociación, cuyo tribunal se conformará en Nueva York, lo que representa una falta de respeto a la soberanía.

Más absurda fue la reciente respuesta del Ministerio de Hacienda a la solicitud de información presentada por la senadora Heloísa Helena (P-SOL/AL), que solicitaba el contenido de las CAC: “Con respecto al contenido de las Cláusulas vigentes sobre los bonos, la información será complementada posteriormente, después de concluido el proceso de traducción de los contratos”.

Es decir, más allá de no revelarse el contenido de las cláusulas, se dejó saber además que los contratos fueran firmados en lengua extranjera.

Preparar la lucha contra las reformas neoliberales

En 2007, tenemos que continuar e intensificar las luchas sociales frente a la amenaza de las reformas neoliberales, y frente a la profundización de la actual política económica y el sometimiento a las imposiciones de los prestamistas.

Es importante, en este momento, recordar la victoria del pueblo francés contra la “Ley del Primer Empleo” a comienzos de 2006. En esa ocasión, todos los trabajadores, jóvenes y viejos, funcionarios públicos, y demás trabajadores activos y pasivos se unieron en manifestaciones masivas, organizando una enorme resistencia que derivó en la suspensión del proyecto de ley, además de comprometer el futuro político del Primer Ministro Dominique de Villepin.

Pero eso solo resultó posible porque todos percibieron el alcance de dicha reforma que aparentemente solo habría de afectar a los jóvenes. Este también es nuestro desafío.

Este artículo fue publicado originalmente en portugués en el boletín Nº16 de la Auditoría Ciudadana de la Deuda

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