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La Comisión creada para investigar el endeudamiento externo de Ecuador presentó su informe final. Según Hugo Arias, miembro de la Comisión, "el aporte de la investigación es haber sacado a luz nuevas evidencias no tanto sobre hechos puntuales sino sobre todo el proceso histórico del endeudamiento, entendido como la toma y el secuestro del Estado y sus instituciones por parte de los grupos financieros nacionales y extranjeros y los gobiernos de los países desarrollados, para saquear sus recursos y reformar el marco legal del Estado de derecho para reducirlo al Estado mínimo".

Entrevista a Hugo Arias, Jubileo 2000 Red Guayaquil, miembro de CEIDEX
Por Rosa María Torres, Instituto Fronesis

¿Qué es lo que detonó la creación de la Comisión?

La creación de la Comisión de Investigación de la Deuda Externa (CEIDEX) por el Presidente Palacios, responde, en primer lugar, al clamor de la ciudadanía organizada y sensibilizada ante una deuda sobredimensionada, ilegítima, injusta e inmoral. Desde hace varios años Jubileo 2000 Red Guayaquil, el Grupo Nacional de Deuda y las organizaciones sociales que tienen en su agenda el tema de la deuda, hemos venido exigiendo a los Gobiernos de turno y al Congreso la creación de una Comisión de Auditoría de la Deuda Externa. Aún más, existen muchas investigaciones y auditorías importantes realizadas desde la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en el análisis de Alberto Acosta sobre sucretización, la investigación del CDES y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) sobre la ilegitimidad de la deuda del Ecuador con Noruega, las Veedurías a la Deuda Externa Pública sobre el salvataje bancario, la construcción de la carretera Cuenca-Naranjal, las deudas buenas y malas promovidas por Jubileo 2000 y la CCCC, la auditoría realizada por Jubileo 2000 al canje de Bonos Brady por bonos globales, las investigaciones de Acción Ecológica sobre los impactos ecológicos de la deuda, la Propuesta de la sociedad civil promovida por Jubileo 2000 para la implementación de procesos de evaluación y auditoria de la deuda externa pública ecuatoriana, de Octubre de 2003, el proyecto de Ley presentado al Congreso por el diputado Ricardo Ulcuango en el 2005.

En este marco, es muy importante reconocer la iniciativa y la incidencia del Dr. Alfredo Castillo, en ese entonces Ministro de Gobierno, para que se concrete el Decreto Ejecutivo que crea la CEIDEX. Salido el Ministro, el apoyo político del Presidente Palacio fue muy débil, por no decir inexistente.

¿Cómo funcionó la Comisión?

Los miembros de la CEIDEX, Monseñor Alberto Luna Tobar, Eduardo Valencia, Alfredo Castillo, Juana Ramos, Leonardo Vicuña, Carlos Cortez y Hugo Arias, fuimos designados por el Presidente a partir de una nómina presentada por el autor del decreto, Alfredo Castillo.

La Comisión, luego de aprobar su estatuto y su reglamento de funcionamiento, designó a Monseñor Luna como Presidente, a Eduardo Valencia como Presidente Alterno y a Alfredo Castillo como Coordinador Técnico.

Elaborado el plan de investigación, se contrató un equipo de técnicos que trabajó bajo la dirección del Coordinador Técnico. Por otra parte, cada miembro de la comisión tomó a su cargo un tema específico contemplado en el Plan.

La comisión sesionaba dos días por semana, dedicando el primer día a avaluar los avances de las investigaciones y el segundo día a escuchar las exposiciones de personas conocedoras del tema de la deuda desde el ámbito jurídico, financiero, económico, social e institucional, y de grupos sociales que han realizado estudios de impactos negativos de los créditos externos en la educación, agricultura, proyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros, obras sanitarias, privatización del agua, etc.

Estas exposiciones constituyeron un aporte muy importante para la investigación de la Comisión. Las limitaciones financieras y de tiempo no permitieron ampliar o profundizar algunos de estos temas.

¿Cuáles son algunas de las principales dificultades que enfrentó la Comisión?

La Comisión nace con muchas limitaciones para poder cumplir objetivos tan ambiciosos como los que constan en el decreto: dispuso tan sólo de seis meses de plazo; no tuvo poder para iniciar procesos judiciales en caso de descubrir indicios de responsabilidades; hubo falta de apoyo logístico (el Banco Central del Ecuador nos dio un local muy estrecho, muy vetusto, semiamoblado y semiequipado; la mayor parte de los investigadores tuvo que hacer su trabajo en la casa); no tuvo la colaboración técnica de las instituciones que manejan la información de la deuda: Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Contraloría, Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), etc.; hubo dificultades en la obtención de información; y problemas financieros permanentes. La dirección financiera de la Presidencia aún no ha pagado a todo el personal las remuneraciones de octubre y noviembre del 2006 (estamos en febrero del 2007) Una impresora solicitada en junio 2006, nos llegó el 10 de diciembre, día que culminó la investigación. La Comisión no tuvo acceso ni siquiera a una caja chica.

¿Cuáles son algunos de los principales "descubrimientos" de la Comisión?

Todos sabemos que la deuda es un monstruo de tres cabezas:

1. La deuda pública ecuatoriana es injusta e inmoral por violar los derechos económicos, sociales y culturales de los ecuatorianos: Absorbe gran parte del ahorro nacional y los recursos presupuestarios; acentúa la pobreza y el subdesarrollo de nuestra gente; y depreda los recursos naturales, la biodiversidad.

2. Gran parte de la deuda es calificada de ilegítima porque se negoció de manera fraudulenta, al margen de la Constitución y de la Ley y porque su destino no benefició al pueblo ecuatoriano.

3. La deuda fue el medio más propicio para imponer condicionalidades que prioricen y garanticen el pago de la deuda, amplíen y garanticen el libre comercio y la inversión extranjera; y sobretodo reduzcan el tamaño del Estado resquebrajando sus instituciones y su poder soberano.

El aporte de la investigación de la Comisión es haber sacado a luz nuevas evidencias no tanto sobre hechos puntuales sino sobre todo el proceso histórico del endeudamiento, entendido como la toma y el secuestro del Estado y sus instituciones por parte de los grupos financieros nacionales y extranjeros y los gobiernos de los países desarrollados, para saquear sus recursos, reformar el marco legal del Estado de derecho para reducirlo al Estado mínimo.

He aquí algunas evidencias encontradas en esa dirección:

Gestión desastrosa de la información sobre deuda

Respecto al manejo de la información sobre el proceso de endeudamiento, hemos constatado:

* Un manejo ineficiente, irresponsable y perverso de los archivos (la información está dispersa, mal conservada y en parte desaparecida).

* La ausencia de una contabilidad sistematizada, permanente y auditada del proceso de endeudamiento.

* Nunca hubo auditorías sobre los procesos de endeudamiento (negociaciones y renegociaciones de créditos, utilización de los préstamos, fiscalización de obras, justificación de pagos, etc.).

* Las discrepancias de las estadísticas presentadas en diversas publicaciones del BCE, MEF y el FMI son escandalosas.

¿Hubo interés en mantener el caos? ¿A quién servían los organismos de control?

La gestión del crédito externo pasó a control del MEF

Hasta 1977 la deuda soberana era aprobada por el Congreso. La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control en 1977 traspasa el poder para negociar y renegociar el crédito externo al Ejecutivo. Este cambio se consagra luego en la Constitución de 1979. En 1995 se eliminó el Comité de Crédito Externo y se sustituyó por una Unidad Técnica de Endeudamiento, integrada por representantes de menor nivel jerárquico, para luego, con otro decreto de diciembre de 1999, eliminar esta Unidad, concentrando la potestad de formulación y ejecución de la política de endeudamiento público interno y externo en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Origen perverso y fraudulento del sobreendeudamiento

El endeudamiento agresivo que se inicia a mediados de la década del 70, obedece a los intereses de los grupos e instituciones financieras y de los gobiernos del Norte. En esta década el PIB y las exportaciones se multiplicaron por 10. Nunca en la historia el Ecuador acumuló tanta riqueza. Paradójicamente, en esta misma década del 70 la deuda crece en 20 veces, al pasar de 260 millones de dólares en 1971 a 5.868 millones en 1981. El petróleo se convierte en el nuevo dorado de la banca especulativa y los buitres financieros.

En 1982 la deuda se vuelve impagable para el Ecuador por la subida brutal de las tasas de interés del 6 % al 18% y la caída de precios de los productos primarios, entre ellos del petróleo. A partir de este momento la deuda externa pública sigue creciendo a paso acelerado por el atraco de la llamada “sucretización” de la deuda privada, por acumulación de atrasos, capitalización de intereses y nuevos créditos para pagar la deuda. El Estado cae en las garras del Comité de Gestión y del FMI, que representa los intereses de los bancos acreedores, para imponer sus condiciones en cada renegociación.

Los gobiernos de turno participan activamente en este festín. En 1992, el valor nominal de los papeles de la deuda con los bancos privados ascendía a 7.656 millones de dólares. El valor real de estos papeles en los mercados financieros era de apenas el 10%. Por otra parte, la mora en el pago de esta deuda por cinco años le daba derecho al Ecuador a solicitar ante los tribunales de Nueva York y Londres la prescripción de esta deuda. ¡Y aquí sucede lo inaudito y criminal!

* En diciembre de 1992 se expidió el decreto ejecutivo No. 333, renunciando a la prescripción y convalidando esta deuda ante la banca internacional, siendo Ministro de Finanzas Mario Rivadeneira, con el informe favorable de Augusto de la Torre, Gerente de la División Técnica del Banco Central y el dictamen favorable de la Junta Monetaria y de la Procuraduría.

* Luego, en 1994, bajo el gobierno de Sixto Durán Ballén, esta deuda bancaria reconocida por 7.500 millones de dólares fue canjeada (blanqueada) por bonos Brady, dando exigibilidad internacional a una deuda prácticamente inexistente

En 1999 estalla una nueva crisis. El Banco Central, desde hace rato en manos de los banqueros, emitieron sucres en cantidades industriales con el pretexto de dar liquidez a bancos técnicamente quebrados; con este dinero los banqueros compraron dólares, provocando una inflación y devaluación que licuaron los ingresos de todos los ecuatorianos. Como si esto no fuera suficiente, se autorizó a la banca congelar (y disponer) de los ahorros depositados por cientos de miles de ecuatorianos de medianos y bajos ingresos. ¡Fue otra acción criminal! Para poner silencio al atraco, la banca se cuidó de hacer aprobar por el Congreso la Agencia de Garantía de Depósitos, para que el pueblo saqueado y desposeído se pague a sí mismo sus lánguidas y devaluadas acreencias confiadas a los banqueros corruptos.

Los bonos Brady impagos y devaluados en los mercados financieros a niveles del 20% de su valor nominal, fueron nuevamente canjeados por bonos global, al 60% y al 100% de su valor nominal, con tasas de interés de usura, con drásticas sanciones y castigos en casos de mora y creando un fondo petrolero para garantizar el pago de esta deuda.

La deuda espuria quedó una vez más blanqueada y exigible. Los banqueros y las multilaterales tenían el control del Directorio del Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de Bancos, Contraloría, Procuraduría, Congreso, jueces…. Los presidentes de turno, responsables últimos de los procesos de endeudamiento, ¿tenían conocimiento del trasfondo de todos estos procesos fraudulentos?

La deuda y la desinstitucionalización del Estado

Desde la crisis del 82, el FMI comienza a jugar un papel preponderante en la política económica, a través de las cartas de intención, cuyo objetivo era (i) controlar el manejo del presupuesto para asegurar el pago de la deuda a los acreedores, y (ii) imponer las medidas necesarias para reducir el tamaño del Estado, privatizar las empresas públicas, abrir los mercados y propiciar la inversión extranjera en todos los sectores de la economía. Esperando la privatización, las empresas públicas, declaradas autónomas, se convirtieron en botín de las mafias que controlaban el poder del Estado. Y los sectores sociales, sobre todo salud y educación, quedaron relegados a segundo plano.

Esta situación fue una oportunidad para que el Banco Mundial y los demás organismos multilaterales asumieran el diseño, financiamiento y ejecución de las políticas públicas, desarticulando del todo las funciones del Estado. Los gobiernos de turno sólo tenían que firmar los programas en serie para reducir la pobreza, mejorar la educación, la salud, la gobernabilidad, la responsabilidad fiscal, la flexibilidad laboral, la inclusión social de género, de las comunidades indígenas, etc... Los proyectos MOSTA, FASBASE, MODERSA, ORI, EB-PRODEC, PROJUSTICIA, RESCATE INFANTIL, entre otros, han contribuido a la desinstitucionalización del Estado

La deuda y los impactos sociales y ambientales

El pago de la deuda restringió brutalmente la inversió social y productiva, durante los últimos treinta años. Hasta el año 2000 la tasa de crecimiento del PIB per cápita ha sido negativa, por falta de inversión, pero sobre todo por el descenso de los niveles de productividad del trabajo, resultado de una fuerza laboral sin formación y sin conocimientos.

Los índices de pobreza y los bajos niveles de salud y educación son alarmantes y estamos a la zaga entre los países de la región.

Los proyectos orientados a la modernización y desarrollo minero y del agro, el proyecto PRAGUAS, los megaproyectos de propósito múltiple, todos ellos financiados con créditos externos, han causado graves daños sociales y ambientales.

¿Cuáles son las principales conclusiones que pueden encontrarse en el informe?

1. La deuda fue propiciada por los acreedores con la complicidad de los gobiernos de turno, con el fin de apropiarse de los recursos de la nación.

2. El crecimiento escandaloso del endeudamiento se viabilizó a través de procedimientos ilegales y fraudulentos: la usura, el agiotismo y el fraude.

3. Las constituciones de 1979 y 1998 y leyes específicas, al otorgar poderes discrecionales para contraer créditos externos, al Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas, crearon el escenario para que se cometan abusos e irregularidades.

4. Estos casos deben ser auditados con el fin de establecer responsabilidades y repudiar el pago de deudas con pruebas de ilegitimidad.

5. Las deudas fueron utilizadas por el FMI y el Banco Mundial para implantar en el país una economía neoliberal aplicando las normas del Consenso de Washington. Se redujo las competencias del Estado, se suprimieron varias instituciones y se cambiaron la leyes para liberalizar las actuaciones de la banca y las finanzas de todo tipo de control o regulación .

¿Cuál fue la reacción del Presidente Palacios y su gobierno frente al informe de la Comisión?

Nunca sentimos el interés y el apoyo del Presidente Palacio en la investigación de la deuda. Al concluir la investigación, la Comisión no pudo obtener la cita solicitada con 15 días de anticipación, para entregarle el informe final. Finalmente, la entrega del informe se hizo al Secretario General de la Presidencia, como un simple documento entre tantos.

¿Qué viene ahora, cuáles son los siguientes pasos?

Poner en marcha una nueva política soberana de endeudamiento:

1. Recuperar la soberanía y la institucionalidad del Estado de derecho de manos de la banca especulativa local e internacional.
2. Destinar los recursos del país a la inversión social y productiva
3. Cortar la intromisión del FMI y del Banco Mundial en la política económica y social del Ecuador.
4. Poner en marcha estrategias de desendeudamiento.
5. Crear de manera oficial y permanente una Comisión o Instancia de Investigación y Auditoría de la deuda con participación ciudadana.
6. Garantizar el endeudamiento honesto, necesario y productivo.
7. Suspender el pago de los bonos global y otras deudas con altos indicios de ilegitimidad.
8. Liderar en la región en el tema de la deuda ilegítima, la nueva arquitectura financiera internacional, el código financiero internacional y un régimen monetario regional, el Banco del Sur en sustitución del FMI y del BM.
9. Desconocer la existencia del Club de París.

Guayaquil, 4 de febrero de 2007

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