Fuente:
Monitor de IFIs en América Latina
Vie 16 Feb 2007
El enfrentamiento de Argentina con los organismos internacionales vuelve a estar en primer plano. Esta vez la polémica surge con la Organización Mundial del Comercio, a raíz de la publicación de un informe, y por declaraciones de la vicepresidenta del Banco Mundial para América latina y el Caribe, Pamela Cox, y el subdirector gerente del FMI, Murilo Portugal. Desde el gobierno, el presidente Kirchner y la ministra de Economía Miceli responden con firmeza.
La situación económica que vive Argentina al comenzar el 2007 está fuertemente teñida por el contexto político, esto es, las elecciones presidenciales que se disputarán en el mes de octubre y la campaña que el gobierno intenta en todo modo hacer a su favor.
En este sentido, el ministerio de Economía desarrolla, en forma casi sistemática desde comienzos de 2006, una política de control de precios a fin de mantener un bajo nivel de inflación e indirectamente contener la presión social. La medida incluye muchos de los productos de primera necesidad, las tarifas de los servicios públicos y la medicina privada ("pre-paga"), entre otros. Este instrumento es considerado perjudicial a mediano y largo plazo por muchos economistas y analistas de Wall Street, y ha merecido sucesivas críticas directas e indirectas de los organismos internacionales.
A fines de enero, John Veroneau, representante comercial adjunto de Estados Unidos, visitó Argentina. Ante la prensa local, elogió la recuperación económica, pero no perdió la oportunidad de criticar (aunque no explícitamente) los controles de precios aplicados por el gobierno. Según afirmó, "nuestra experiencia, y la del resto del mundo, demuestran que los controles de precios pueden llevar con frecuencia a desalentar las inversiones".
Recientemente, la polémica se reavivó a raíz de un informe sobre la política económica y comercial argentina difundido por la OMC, en el que si bien se elogia la recuperación de los últimos años, se recuerda que dicho proceso corre peligro si no se encaran ciertos temas pendientes, entre los que se destacan facilitar las inversiones, evitar el sobrecalentamiento y, sobre todo, corregir las distorsiones de precios en los mercados. El organismo sugirió que el gobierno debe tomar medidas para evitar que la economía se recaliente y advirtió que en Argentina cayó la inversión.
Desde el Banco Mundial las objeciones se hicieron sentir a través de las declaraciones de la vicepresidenta del organismo para América latina y el Caribe, Pamela Cox. La funcionaria señaló a la prensa, durante una visita que realiza por la región - Buenos Aires y Montevideo, entre otros puntos -, que "Argentina todavía tiene un nivel de pobreza del 30 por ciento, que es muy alto para ser un país de ingresos medios". Cox pidió también reglas estables y claras que configuren políticas para atraer inversiones.
Casi en forma simultánea, se pronunció el subdirector gerente del FMI, el brasileño Murilo Portugal, en una entrevista que fuera publicada en el último número de Survey, revista del FMI. Portugal destacó que "los controles de precios son más una excepción que la regla", y "no son una solución duradera porque sólo reprimen la inflación, más que eliminarla". Los controles de precios, detalló, "llevan a la acumulación de presiones sobre los costos, crean ineficiencias en el uso de los recursos económicos y reducen la inversión", al contrario de cuando se alientan “mejoras institucionales dentro de los marcos de la política monetaria", como las metas de inflación o una mayor independencia de los bancos centrales.
Respuesta argentina
El presidente argentino Néstor Kirchner, en un acto por la inauguración de una obra pública, se refirió a las críticas recibidas de parte de los organismos internacionales. "Cada vez que les hicimos caso, en Argentina cundió el llanto, el hambre, la desocupación y el olvido". Los actuales niveles de pobreza que todavía tiene el país son por culpa de los planes de esos organismos, enfatizó.
La ministra de Economía Felisa Miceli también respondió a las críticas en un acto de asunción de varios funcionarios públicos, que contó con la presencia de altos representantes públicos y privados. "No vamos a desproteger a la industria nacional ni a enfriar la economía", sentenció en respuesta a la OMC que cuestionó el aumento del gasto público. Y agregó: "Vamos a continuar por este rumbo por más presiones que recibamos, porque es el que nos ha permitido salir de la crisis y nos va a permitir superar los desafíos que tenemos".
En cuanto al informe de la OMC, Miceli señaló que "lo que no se dice hoy en los diarios es que durante todo el año, hemos defendido la producción argentina delante de la OMC, teniendo un rol sumamente activo, junto con otros países de la región, para no cerrar la Ronda de Doha con acuerdos que nos perjudiquen".
En relación a las declaraciones de Pamela Cox, la ministra contestó que la previsibilidad de la economía argentina es contundente.
El manejo de la inflación
Durante los primeros días de febrero se generó gran expectativa por conocer la cifra oficial del aumento del costo de vida del primer mes del año. Las estimaciones preveían un índice alto, a pesar de la política de control de precios aplicada. Sin embargo, la cifra oficial indicó un aumento del 1,1 por ciento, lo que generó la sospecha de analistas privados, la prensa (local e internacional) y el público en general.
Según el seguimiento de precios que hacen estudios privados, la inflación "real" de enero habría sido del 1,8 por ciento, esto es 0,7 puntos más que la oficial. La diferencia, que respondería en 0,3 puntos a turismo y 0,4 puntos al rubro salud, fue la base del cuestionamiento de los economistas al cómputo de esos dos rubros efectuado por la oficina encargada de las cifras oficiales: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
A comienzos de 2006, cuando la inflación se preveía alta, el gobierno pidió la lista de los artículos que medía el INDEC y concretó acuerdos de precios exactamente para esos artículos. Luego de un año de control de precios la cifra oficial del costo de vida terminó siendo del 10 por ciento para todo el año.
En el último mes de enero el aumento de la canasta básica fue del 2,6 por ciento, cifra que tiene más relación con lo que la población puede percibir en la vida cotidiana, ya que los artículos de la canasta familiar representan el grueso del gasto de los hogares. Por tanto, la inflación real está mucho más cerca del 2,6 por ciento que del 1,1; sabido es que cuanto menor es el ingreso, mayor es la proporción en que éste se gasta en productos básicos.
Finalmente el impacto de un índice de más del 2 por ciento sobre las expectativas inflacionarias, la pobreza y las negociaciones salariales, unido a una nueva y fuerte suba de la deuda pública (ajustada por el coeficiente CER, determinado por la inflación) llevaron al gobierno a subir la apuesta. Según explica Argenpress, el gobierno solicitó al INDEC que entregue la lista de los miles de comercios que se encuestan para conocer el movimiento de los precios y ante la negativa de la jefa del organismo, Graciela Bevacqua, se procedió a su reemplazo para cambiar sobre la marcha la metodología del IPC y sorprender con el 1,1 por ciento de inflación.
Así, tras la "intervención" a la Dirección del IPC (dependiente del INDEC) y sin ninguna aclaración, salió el índice de enero con "cambios" en la forma de medir el turismo, la medicina privada, y frutas y verduras. Además, se descuenta que si persisten estos "cambios", la inflación de febrero será muy baja por razones estacionales y porque seguirá sin computarse la suba de la medicina privada y de otros rubros.
Por otra parte, el rubro subsidios evidencia datos interesantes. Los subsidios para la energía serán este año un 72 por ciento más que el año pasado. Mientras que en el caso de los transportes, la cifra rondará un aumento del 90 por ciento respecto de 2006.
Tarifas quietas, financiadas con más subsidios, y alto perfil político a la hora de pelear los precios siguen siendo los puntales de la estrategia antinflacionaria. Un rumbo que acumula presiones de una economía que crece fuerte y que está a las puertas de una discusión salarial donde los pedidos de aumentos rondan el 20 por ciento.
Los cambios en la estructura del INDEC continúan, ya que el gobierno quiere evitar que a principios del mes de marzo, cuando se divulgue el índice de febrero, se reavive la polémica sobre los datos oficiales y se filtren datos sobre el manejo metodológico. El gobierno intenta por todos los medios quitar este tema de la agenda mediática (y política) ya que no es bueno dejar crecer la sensación de que los índices oficiales pueden manipularse, pudiendo incidir de modo negativo en el valor de los bonos que se ajustan por inflación.
Cabe señalar que antes que este tema cobrara notoriedad (local e internacional) Página 12 divulgó una carta del FMI en la que el Fondo entiende que “las autoridades argentinas están interesadas en una auditoria internacional independiente sobre su sistema estadístico”. Y por lo tanto, sostiene que “las autoridades argentinas deberían evaluar dar la bienvenida a una misión del Departamento de Estadísticas del FMI” que se encargaría de preparar una reevaluación de parámetros y códigos.
Tal como se señala en el artículo de prensa, en el documento del FMI no queda claro quien en el gobierno solicitó la “auditoria internacional independiente” del sistema estadístico. Pero sea quien fuere, y a pesar de lo teñidas que puedan estar políticamente las cifras, parece difícil pensar al día de hoy, y con los antecedentes que tiene el organismo en la región, que una auditoria del FMI vaya a darle credibilidad y consistencia a las estadísticas argentinas. Probablemente esta sea una forma más que encuentra el organismo para interferir en la política local.
Fuente: Clarín, Página 12, La Prensa y Argenpress
Información relacionada:
Cooking the books: The government massages bad news, artículo publicado en The Economist (en inglés)
Revista Surveys del FMI
OMC: Examenes de las políticas comerciales Comunicado de prensa
|
