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Adolfo Acevedo, en una entrevista concedida a Timm Benjamin Schützhofer (Alemania), analiza la cooperación venezolana, en el marco de las condicionalidades del FMI, la deuda interna, las exigencias que impone el Fondo para la firma de un nuevo acuerdo y cómo éstas afectan en los recursos que se destinan a la educación y la salud.

¿Cuales son los objetivos de la ALBA? ¿Como influye la cooperación de Venezuela a la economía Nicaragüense? ¿Existe la preocupación de que esta cooperación no será posible por las condicionalidades del FMI?

Teóricamente, la "Alternativa Bolivariana de las Américas" (ALBA) tiene como propósito constituirse en una alternativa que muestre que es posible un tipo de integración solidaria entre los países de América Latina y el Caribe, que conlleve esfuerzos por compensar las desigualdades que pudiesen existir en los niveles de desarrollo de los diferentes países de la región. Esto significaría el otorgamiento de un trato preferencial y solidario para los países de menor desarrollo relativo.

Hasta el momento, la adscripción de Nicaragua al ALBA ha significado principalmente el acceso a la Cooperación de la República Bolivariana de Venezuela, la cual asume, ante todo, la forma de créditos concesionales, en diferentes áreas. Esto incluye el suministro de petróleo, la posible construcción en Nicaragua de una refinería y dos plantas de aluminio, y de miles de viviendas, entre lo que se conoce.

La condicionalidad del FMI - a la cual el Gobierno de Nicaragua ha decidido subordinarse a priori - crearía obstáculos para que esta cooperación fuese registrada, de manera abierta y transparente, en el Presupuesto General de la República - como debería ser registrada toda la Cooperación Internacional Intergubernamental sin excepción, para que los ciudadanos puedan conocer y controlar el uso de absolutamente todos los recursos disponibles que tiene la Nación.

Este obstáculo surgiría porque, desde el punto de vista del FMI, la incorporación de la Cooperación de Venezuela en el Presupuesto significaría elevar el techo del gasto público, y contablemente representaría una ampliación del déficit fiscal, aunque el mismo esté financiado con recursos que muestran un alto grado de concesionalidad, y aunque dicha ampliación del gasto se destine a inversiones de elevada rentabilidad económica y social.

Asimismo esta cooperación, al asumir la forma de créditos, podría trastocar los "techos de endeudamiento" que el FMI suele imponer sobre el Sector Público.

Para evadir estas restricciones el Gobierno de Nicaragua ha determinado que, en vez de canalizarse a través de instituciones o empresas públicas, esta cooperación sea canalizada - a excepción de las donaciones en especie que recibirían el Ministerio de Educación (MINED) y el Ministerio de Salud (MINSA) - en su totalidad a través de empresas privadas, de manera que, por ejemplo, la refinería que llegue a construirse, o las plantas de alumino, serían propiedad de estas empresas privadas.

Los beneficios de esta Cooperación serían también patrimonio de estas empresas privadas, y su uso quedaría por completo sometido a la discreción de éstas.

Nótese que existe una diferencia fundamental entre el hecho de canalizar la Cooperación a través del Presupuesto, o hacerlo a través de empresas privadas. Frente a las empresas privadas los ciudadanos sólo pueden comportarse como clientes - económicos o políticos -, mientras que, frente al Sector Público, los ciudadanos pueden exigir completa transparencia y rendición de cuentas y comportarse como portadores de derechos, los cuales pueden demandar que se hagan válidos, sin ningún tipo de discriminación.

Paradójicamente, la Cooperación de Venezuela sería, por estos motivos, objeto de un proceso de "privatizacion". La argumentación del Presidente del Banco Central para justificar esto, es que el Estado debe operar principalmente como un "Estado facilitador" y no debería ejercer actividades empresariales: según esto la actividad empresarial debe ser privativa de los particulares. Esta argumentación resulta extraña, proviniendo de un Gobierno que, durante la campana electoral, criticó tan duramente las privatizaciones de empresas públicas, y el enfoque neoliberal.

Mientras esta argumentación se usa para justificar el por que, por ejemplo la refinería que sería construida con apoyo venezolano no se convertiría en una empresa estatal, sino en una empresa privada, no queda claro si también significa que las actividades empresariales remanentes que permanecen en poder del Estado, también debían ser privatizadas.

Estamos frente a nuevas negociaciones del Gobierno con el FMI. ¿Como han afectado los acuerdos vigentes al desarrollo de Nicaragua?

En este momento no hay ningún acuerdo vigente con el FMI, aunque el Gobierno del Presidente Daniel Ortega ha expresado su interés y dado los pasos necesarios para llegar a alcanzar un nuevo acuerdo.

Los anteriores acuerdos con el FMI han impedido que el país pueda efectuar las inversiones en capital humano e infraestructura básica, indispensables para que pueda recuperar perspectivas básicas de futuro.

La razón es que dichos Programas - además de promover la privatizacion de las empresas públicas y la liberalización y desregulacion indiscriminada de la economía - convirtieron en la primera prioridad absoluta de la asignación de los recursos públicos el oneroso servicio de la deuda pública - el cual llegó a absorber más del 51% de los ingresos fiscales en el período 1994-1998 -, así como las transferencias de recursos públicos al Banco Central.

Por esta razón, el país no ha podido disponer hasta ahora de los recursos mínimos indispensables para llevar a cabo estas inversiones fundamentales.

El costo que esta pagando el país por ello es inmenso, y quizá ya resulte irreversible.

El rezago acumulado en estas décadas es tan enorme, que remontarlo requeriría un esfuerzo verdaderamente sobre-humano, y no está claro que exista la voluntad necesaria para llevar a cabo el esfuerzo que sería requerido.

El Fondo Monetario argumenta con la importancia de la estabilidad macroeconómica.

A mi entender resulta difícil comprender en que medida destinar más de la mitad de los ingresos fiscales al servicio de la deuda pública - como ocurrió en 1994-98 - dejando al país sin la disponibilidad mínima de recursos para llevar a cabo estas inversiones fundamentales, pueda contribuir de manera alguna a la estabilidad económica, y mucho menos a la sostenibilidad y al desarrollo del país.

Todo lo contrario, esto ha venido cerrando las perspectivas de desarrollo futuro del país.

También me resulta difícil entender porque lanzar a la circulación 200 millones de dólares por el pago efectivo del servicio de la deuda interna, gran parte de los cuales se canalizan a los bancos y se traducen en una mayor expansión del crédito al consumo importado - creando una gran presión sobre las reservas internacionales y sobre el nivel de precios -, contribuye a la estabilidad macroeconómica, mientras un aumento en el Presupuesto del Ministerio de Educación a veces se aprecia como una "gran amenaza" para dicha estabilidad.

La expansión del gasto en consumo importado, según esto, contribuye a la estabilidad y el desarrollo del país, mientras la inversión en capital humano, que constituye un pre-requisito y un elemento esencial del desarrollo, se aprecia como una amenaza. No lo puedo entender.

Al contrario, me parece que la estabilidad, sostenibilidad y desarrollo del país exigen reducir significativamente los pagos del servicio de la deuda y aumentar significativamente la inversión en capital humano e infraestructura básica.

¿Cuáles son las nuevas demandas del FMI y qué se debe defender ante del Fondo Monetario?

El FMI ha llegado al punto de exigir la realización de 7 reformas a la propia Constitución Política del país, en áreas extremadamente sensibles. Algunas de ellas afectan la propia estructura política del Estado, como la eliminación de la autonomía de los Gobiernos Municipales, que son gobiernos democráticamente electos, lo cual significaría su virtual desaparición como nivel de gobierno (en Nicaragua existen tres niveles de gobierno, no uno solo: Gobierno Central, Gobiernos Municipales y Gobiernos Regionales Autónomos).

Esto constituye una abierta violación al principio de no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, enunciado como obligación de los Estados en la Resolución 2.625 (XXXV) de 1970 de las Naciones Unidas, y donde se precisa que: "no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional".

En el centro de las exigencias del FMI está una Ley que convertiría el asegurar el pago, presente y futuro, y "en tiempo y forma", del servicio de la deuda pública, en la primera prioridad absoluta de la política fiscal, a la cual debería subordinarse todo lo demás.

Además, está exigiendo drásticas "reformas paramétricas" a la seguridad social, que implicarían por ejemplo que un maestro, que se jubila ganando US$ 130 al mes, en vez de recibir una pensión mensual de US$ 78 como ocurre ahora, apenas recibiría US$ 26.

Asimismo, el FMI ha exigido el congelamiento de la masa salarial del gobierno en términos reales. Dado que la masa salarial en términos reales, equivale al salario real promedio del Gobierno por el número de trabajadores gubernamentales, este "congelamiento" imposibilitaría tanto recomponer los miseros salarios reales de maestros, trabajadores de salud y policias, que representan el 80% del empleo estatal, como contratar el número adicional de maestros, trabajadores y policias requerido para ampliar significativamente la cobertura de los servicios que prestan.

Por su parte, lo que nosotros consideramos que debe ser defendido ante el FMI, son estos puntos fundamentales:

· Que los presupuestos nacionales orientados a educación, salud, seguridad alimentaria y nutrición, vivienda e infraestructura básica, se eleven hasta el nivel que sea necesario para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales en estos campos fundamentales.

· Que el salario de los trabajadores que prestan los servicios públicos de educación, salud y seguridad ciudadana, se eleve hasta llegar a alcanzar en los próximos 5 años un nivel similar al de sus homólogos centroamericanos.

· Que se utilice, como criterio para evaluar la "sostenibilidad" de la deuda pública, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La "deuda sostenible" sería aquella que permitiese alcanzar el cumplimiento de dichos Objetivos, tal como lo propuso el ahora Ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Esto significa que el Gasto de Inversión en Capital Humano, el salario de los trabajadores de educación y salud, y las transferencias municipales, no pueden seguir constituyendo las "variables de ajuste" para asegurar, a toda costa, la "pagabilidad" de la deuda pública.

· Que, en aras de que el sector público pueda contar con los recursos indispensables para ello, se reestructure la onerosa deuda pública interna, porque el servicio de la misma está estrangulando las posibilidades que tiene nuestro país de efectuar las inversiones en capital humano e infraestructura básica, que constituyen prerrequisitos y elementos indispensables para su desarrollo.

· Que se impulse una reforma tributaria que eleve la eficiencia y sobre todo alcance la progresividad del sistema tributario, asegurando que los sectores que concentran el ingreso paguen proporcionalmente más y se generen con ello los recursos necesarios para invertir en el futuro.

· Que la Cooperación de la República de Venezuela apoye los esfuerzos presupuestarios requeridos para alcanzar el derecho al acceso cada vez más universal a servicios sociales y públicos.

· Que se preserve la capacidad regulatoria del estado sobre los servicios públicos, para asegurar la calidad en su prestación, y evitar que los monopolios u oligopolios que existen puedan aprovechar su poder en perjuicio de la población.

· Que cualquier negociación sobre la seguridad social no se limite sólo ni exclusivamente al de la viabilidad financiera a medio-largo plazo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sino el asunto, de fondo, de la necesidad de asegurar la existencia de una política integral de seguridad y protección social del Estado, y como financiarla.

· Que cualquier negociación sobre las transferencias municipales no puede partir de aceptar a priori la exigencia de su "neutralización". Para mejorar y consolidar el proceso de descentralización, es indispensable delimitar con mucha mayor claridad las competencias que corresponderá asumir de manera exclusiva y obligatoria a los gobiernos municipales, y resolver las ambigüedades que todavía persisten en la definición del rol y las responsabilidades que corresponden, tanto a las entidades centrales como a los gobiernos locales, en el caso de las competencias concurrentes o compartidas. En caso de que este proceso de delimitación de competencias signifique que los Municipios deban asumir mayores responsabilidades de gasto que las actuales, en todos los casos esto debería acompañarse de los recursos adicionales correspondientes.

· Que estos acuerdos respeten estrictamente, y en todas sus dimensiones, la Autonomía de los Gobiernos Municipales y de las Universidades de Servicio Público, y las asignaciones presupuestarias establecidas por mandato constitucional. Todo acuerdo con el FMI debe partir de un respeto irrestricto e innegociable a la Constitución Política y las Leyes de la República de Nicaragua.

¿Como pueden influir las ONGs y los Movimientos sociales en las políticas económicas y sociales de su Gobierno respecto a las políticas del FMI?

Nosotros, mientras mantenemos la labor tradicional de incidencia o "lobby" con los funcionarios públicos y organismos internacionales al respecto, con el apoyo de OXFAM INTERMON y otras agencias hemos llevado a cabo una campaña internacional de envio de decenas de miles de cartas electrónicas al Director Gerente del FMI, habiéndonos reunido incluso con integrantes del Directorio Ejecutivo del FMI. De esta manera, estamos haciendo cada vez más énfasis en proporcionar información a la ciudadanía, que carece casi por completo de ella, dentro de nuestro objetivo básico de contribuir al desarrollo de una ciudadania plenamente informada, capaz de criticar, deliberar, proponer, participar y movilizarse para hacer valer sus derechos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Dado que Nicaragua invierte poco recursos en educación y salud. ¿En qué áreas se debería invertir para obtener un desarrollo sostenible?

Nicaragua invierte exageradamente poco en la formación del capital humano de los jóvenes, los cuales, en su inmensa mayoría, se incorporan al mercado laboral con niveles de escolaridad míseros (2-3 años en las zonas rurales, 4-5 en las zonas urbanas), lo que los condena por los siguientes 50 años de su vida adulta a encontrar ocupaciones que los mantendrán irremediablemente bajo el umbral de la pobreza absoluta.

El umbral mínimo para que estos jóvenes tengan altas probabilidades de no tener que sobrevivir el resto de su vida en la pobreza, se estima que es al menos culminar la enseñanza secundaria (12 años de escolaridad).

Mientras países que son dos veces más pobres que Nicaragua, como Kenia y Zimbabwe, invierten el equivalente al 24% de su PIB percápita por estudiante de enseñanza secundaria, Nicaragua apenas invierte el 5%.

Esta inversión tan pobre en educación imposibilita que Nicaragua pueda desarrollar al menos una capacidad básica de asimilación del conocimiento y la tecnología, la cual resultará indispensable para que el país pueda insertarse en las próximas décadas, al menos con algunas posibilidades de exito, en la economía mundial.

Nicaragua también muestra un enorme rezago en lo que respecta a la inversión en infraestructura básica (caminos, vivienda, agua potable y saneamiento, energía eléctrica).

Estas deben ser las prioridades fundamentales en la asignación de los recursos públicos.

¿Como ha cambiado el presupuesto del Gobierno de Ortega respecto al de Enrique Bolaños?

El Presupuesto recientemente aprobado es esencialmente el mismo Presupuesto que habría aprobado el Gobierno de Enrique Bolaños, si hubiese durado tres meses más, con algunos cambios menores. Se le sigue otorgando al servicio de la deuda pública la misma prioridad.

Puedes explicar francamente el origen de la deuda interna, ¿por qué no se debería pagar y por qué el gobierno Sandinista sigue pagando?

La deuda interna actual de Nicaragua tiene dos orígenes fundamentales: primero, la emisión de Bonos del Estado para indemnizar a quienes se considerase, por parte de una serie de oficinas del Gobierno, que fueron injustamente confiscados en los años 80. Esta es la mayor parte de la deuda interna, y la emisión de títulos de deuda del Banco Central de Nicaragua (CENIS), supuestamente para cubrir el costo de las liquidaciones bancarias que se produjeron en 2000-2001.

La emisión de CENIS por parte del Banco Central para cubrir este costo fue ilegal, porque el Banco Central no está facultado para emitir títulos más que con el propósito de regulación de la liquidez de la economía, y menos aún, está facultado para emitir títulos de deuda pública.

Por esta razón, esta deuda fue denunciada como nula por la Contraloría General de la República.

Existe evidencia además que muestra que parte importante de esta deuda es el resultado de operaciones fraudulentas, destinadas a elevar artificialmente el monto de la misma, llevadas a cabo en colusión entre los bancos que adquirieron los bancos liquidados, y funcionarios públicos que a su vez eran accionistas de dichos bancos adquirentes.

Nosotros hemos reclamado que esta deuda no se continue pagando mientras no se dirima lo relativo a su legalidad, y mientras no concluyan las investigaciones en curso sobre las irregularidades y actos fraudulentos cometidos en el proceso que condujo a la emisión de la misma.

También hay evidencia de grandes irregularidades y de actos fraudulentos cometidos en la emisión de los denominados Bonos de Indemnización, también en colusion con los funcionarios responsables de dicha emisión.

Ambas deudas deben ser profundamente investigadas, para determinar qué parte de las mismas se deriva de actos fraudulentos. Más alla de eso, estas deudas, una vez delimitada la parte que el Estado debía reconocer, deben ser reestructuradas a fondo, para liberar recursos que actualmente se destinan al pago de estas deudas hacia la inversión pública en capital humano e infraestructura básica.

El nuevo Gobierno ha argumentado que debe continuar "honrando" estas deudas porque de lo contrario el Estado de Nicaragua "perdería credibilidad" ante los inversionistas financieros.

Los gobiernos siempre han dicho que se trata de un país pobre y por lo tanto no hay más recursos para combatir la pobreza. Pero los embajadores de los países Nórdicos proponen un aumento de impuestos para los más ricos. ¿Quien tiene razón?

Existen países igualmente pobres que Nicaragua, como Honduras y Bolivia, que destinan al Gasto Público en Educación el equivalente al 7% del PIB, mientras Nicaragua apenas gasta el equivalente al 4.7% del PIB.

Lo que es más, existen países mucho más pobres que Nicaragua, como Lesotho, Malawi, Kenia, y otros, que destinan también el 7% del PIB o más a la Educación. Ninguno de esos países tiene un Coeficiente de Cooperación Externa tan elevado como el de Nicaragua.

Como puede verse, no se trata sólo de que los países pobres tengan pocos recursos, sino también de la prioridad relativa que dichos países pobres asignan a la inversión en capital humano.

¿Por qué esos países, tan pobres o más pobres que Nicaragua, destinan a la Educación un monto de recursos, como porcentaje de su PIB, mucho mayor que Nicaragua?

No es porque sean más ricos que Nicaragua, ni porque tengan un mayor coeficiente de Cooperación Externa, sino porque le otorgan a la Educación una prioridad mucho mayor que Nicaragua.

Para poder contar con los recursos que permitan llevar el Gasto Público en Educación al 7% del PIB, el Gobierno de Nicaragua debería de reestructurar a fondo la deuda pública interna, y elevar significativamente la carga tributaria relativa que recae sobre los segmentos de la población que concentran el ingreso y la riqueza en un porcentaje desmedido, revirtiendo así la escandalosa regresividad del sistema tributario.

Información relacionada:

* La incidencia política de la Coordinadora Civil en Washington

* Sobre la negociación del quinto programa de Nicaragua con el FMI

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