Fuente:
Food and Water Watch
Vie 22 Jun 2007
En mayo 2007 el gobierno del Presidente Evo Morales de Bolivia renunció al organismo que dirime disputas en materia de inversiones del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en protesta por las injustas reglas de la institución. Más de un centenar de organizaciones sociales de alrededor del mundo enviaron una carta a Ana Palacio, Secretaria General del CIADI, y a Robert Zoellick, próximo presidente del Banco Mundial, en apoyo a la decisión de Bolivia.
El CIADI es un mecanismo no democrático de resolución de disputas que delibera a puertas cerradas y sus decisiones no pueden ser apelables. No es objetivo ni neutral o imparcial. Aunque es poco conocido, es parte del Grupo Banco Mundial, recibe apoyo financiero del Banco y su presidente dirige el Consejo Administrativo del CIADI.
Los casos llevados a sus tribunales reflejan el poder excesivo de las corporaciones multinacionales a través de los tratados bilaterales de inversiones y libre comercio. El CIADI es una parte importante de una vasta red de reglas e instituciones que promueven y protegen la inversión extranjera sin tener en cuenta los costos para la democracia, el medioambiente y el bienestar público. Como organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo, las firmantes de esta carta manifiestan su interés en trabajar donde sea posible para presionar a sus respectivos gobiernos para que tomen una decisión similar a la de Bolivia.
Los tratados de inversión y de libre comercio que implementa el CIADI habitualmente violan la soberanía, constitución y legislación nacional de los países involucrados. En Bolivia, como muchos otros países, la mayoría de los inversores extranjeros que han interpuesto casos contra el país, han violado la legislación nacional, incluyendo medioambiente, trabajo y legislación tributaria, y no han cumplido con sus obligaciones contractuales.
Los abusos del arbitraje del CIADI se ejemplifican en el caso de Bechtel contra Bolivia. Después de imponer medidas draconianas que encarecieron el precio del agua y la hicieron menos accesible para muchos de los residentes de Cochabamba, Bechtel interpuso un reclamo contra Bolivia por entre 25 y 100 millones de dólares, aunque la corporación había invertido menos de 1 millón en el país. Solo después de una masiva presión pública internacional Bechtel aceptó retirar el reclamo de la corte por el simbólico pago de 2 bolivianos.
Por estas razones, entre otras, las organizaciones firmantes creen en la urgente necesidad de construir un cuerpo alternativo de reglas de inversión enfocado en la responsabilidad de los inversores internacionales para asegurar el desarrollo sustentable y realzar el medioambiente, el trabajo y la protección de los derechos humanos. Mantienen el compromiso de apoyar la posición boliviana de retirarse del CIADI y trabajar junto a otras organizaciones alrededor del mundo para diseminar información, análisis y estudios que documenten los impactos negativos de estos injustos mecanismos de arbitraje de inversiones sobre la democracia, el medioambiente y el bienestar público.
Ver carta completa (pdf en inglés)
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