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De la mano de la caída de credibilidad a nivel internacional del FMI, surgieron varios movimientos en el norte y en el sur que reclaman auditorias de las deudas. Tanto en países acreedores como en deudores, los ciudadanos se preguntan cómo se llegó a estos niveles de endeudamiento, cuáles políticas y cuáles mecanismos fueron y siguen siendo los responsables del continuo aumento de las deudas públicas, las dificultades para su pago y las restricciones económicas que los gobiernos adoptan para poder cumplir con esta obligación.

La Comisión Ciudadana por la Auditoría de la Deuda pública interna y externa (CCADE) se creó en Uruguay con el objetivo de promover la participación ciudadana informada y responsable en este asunto de enorme trascendencia para el país, analizar la legitimidad de la deuda, la corrupción que haya acompañado al endeudamiento, escudriñar en qué fueron invertidos, o no, los fondos prestados, estudiar los montos ya pagados por intereses, etc. La Comisión está integrada por organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes.

Recientemente la Comisión comenzó la publicación de un boletín electrónico en el que desarrollará diferentes temas de interés. El artículo que se publica a continuación forma parte del Nº1 (abril/mayo 2007). Ver boletín completo (formato pdf)

¿Por qué planteamos la auditoría?

De la mano de la caída de credibilidad a nivel internacional del FMI - debido a sus ruinosos consejos que desencadenaron crisis económicas en varios países-, surgieron varios movimientos en el norte y en el sur que reclaman auditorias de las deudas. Tanto en países acreedores como en deudores, los ciudadanos se preguntan cómo se llegó a estos niveles de endeudamiento, cuáles políticas y cuáles mecanismos fueron y siguen siendo los responsables del continuo aumento de las deudas públicas, las dificultades para su pago y las restricciones económicas que los gobiernos adoptan para poder cumplir con esta obligación.

En Uruguay, el grupo de ciudadanos que integramos la CCADE nos hacemos las mismas preguntas. Nuestro país se caracterizó siempre por ser un buen pagador, pero a pesar de ello la deuda sigue aumentando. Ya estamos en los 13.709 millones de dólares (cifra del BCU a diciembre 2006).

¿Y eso es mucho?

Para hacernos una idea, en la Ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento ejecutado en el 2005 (cifras de la Contaduría General de la Nación), vemos que los Desembolsos Financieros del Estado (dinero destinado al pago de intereses y otros gastos de la deuda) correspondieron al 21,70% del Presupuesto nacional, o sea la quinta parte. Siempre para entender si esto es mucho lo comparamos en igual período con el porcentaje destinado a Salud Pública (5,93%), Educación Pública (11,14%), Universidad de la República (2,81%) para citar sólo algunos rubros de los que integran el Presupuesto nacional.

Mientras que las inversiones del Estado, en igual período, fueron del 6,31%. A esta altura podemos afirmar que efectivamente es mucho.

¿Dónde están?

Pero además nos preguntamos: esos 13.709 millones de dólares ¿dónde están? El deterioro del país fue evidente, pérdida de poder adquisitivo, desempleo, aumento de la pobreza... ¿en qué se usaron? ¿cómo es posible que nos endeudemos y no progresemos en desarrollo, trabajo, salud, educación y bienestar para nuestra gente?

¿Qué estamos pagando?

Algunas sospechas nacen, alimentadas por los informes de las auditorías que ha realizado el actual gobierno en Ministerios, Banco Hipotecario, Obras Sanitarias del Estado, Banco de la República (BROU), Aduana... De los informes surgen que dineros públicos, o sea de todos nosotros, fueron en el mejor de los casos mal administrados, en otros usados para alimentar el clientelismo que caracterizó a los gobiernos anteriores, como el caso de los préstamos otorgados por el BROU a amigos y "correligionarios", el salvataje de bancos privados, coimas y una extensa lista de abusos y uso indebido del poder que los uruguayos conocemos bien. A esto hay que sumarle los años de dictadura militar, período en el cual la deuda pública se multiplicó por cinco. Entonces ¿cómo no pensar que casos de mal manejo, corrupción, falta de transparencia y abuso de poder no hayan contaminado también las negociaciones de deuda? ¿Estaremos pagando el viaje a una clínica de lujo de alguno de nuestros funcionarios públicos? ¿Estaremos pagando las armas usadas para reprimir y torturar a uruguayos durante la dictadura?

¿Los acreedores no sabían que prestaban a un gobierno ilegítimo? (Ver Declaración de Parlamentarios sobre responsabilidad compartida) El único camino para encontrar la respuesta es auditar los préstamos.

¿Quien audita?

El gobierno es el único que reúne todas las posibilidades para realizar una auditoría propiamente dicha. Pero los ciudadanos tenemos el derecho de solicitar los contratos de préstamo para estudiarlos, pedir información en los organismos públicos y ver si las metas por las cuales el préstamo se pidió fueron cumplidas. Este tipo de auditoría ciudadana se ha llevado a cabo en países como Brasil, Perú, Ecuador y Argentina y por diversas vías, lograron que los gobiernos auditaran casos de préstamos que la ciudadanía señaló como ilegales o fraudulentos (en próximos boletines publicaremos las investigaciones).

Pueden plantearse quitas, compensaciones o reparaciones en casos demostrados de corrupción o como sucedió con el gobierno de Noruega que canceló las deudas que cinco países mantenían con él por considerar que tenían fallas legales, reconociendo de este modo su responsabilidad en la génesis de ese endeudamiento y los perjuicios que generó a esos países que pagaron con creces esas deudas.

En conclusión, la auditoría sirve:

- Para entender cómo se llegó a este endeudamiento.
- Para generar mecanismos que promuevan la transparencia en las negociaciones e iniciar una activa campaña de vigilancia y control por parte de la sociedad civil y de sus representantes, los parlamentarios.
- Para poder construir, con el apoyo de las organizaciones y movimientos sociales, propuestas que tengan como objetivo la reducción de las deudas existentes y una mejor gestión de las nuevas deudas.
- Para llevar a cabo acciones a nivel internacional encaminadas a incidir en las decisiones de los gobiernos acreedores e instituciones financieras multilaterales y privadas, a favor de soluciones que tengan en cuenta también la deuda social generada con las poblaciones afectadas. Y porque el derecho a la
información es fundamental, sobre todo cuando se trata de los fondos públicos.

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