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Luego de años de profunda crisis económica y social, América Latina vive hoy un período de bonanza económica, producto del alto precio de la materia prima en el mercado internacional y de la expansión del mercado chino. A pesar de esto, los países de la región continúan con serios problemas de distribución del ingreso, y en algunos casos padeciendo las consecuencias de las políticas que se aplicaron a cuenta de las reformas estructurales recomendadas en el Consenso de Washington y promovidas por las IFIs. (Presentación realizada en ocasión de la Jornada "Las IFIs y los Derechos Humanos", organizada por FOCO, octubre, 2007).

En momentos en que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se reúnen para debatir el desempeño de la economía mundial y las políticas que seguirán para el próximo año, – este año en particular con el aliciente de estar ante el estreno y próximo cambio de liderazgo en ambas instituciones – las organizaciones de la sociedad civil que monitorean su actividad encuentran un espacio para debatir sobre estos mismos temas, desarrollar su propia agenda y pronunciarse públicamente.

Esta presentación hace referencia al itinerario de las instituciones financieras internacionales desde la década de los noventa hasta el presente, y señala algunas de las principales características de la arquitectura financiera internacional actual, cómo se insertan los países latinoamericanos en este contexto y cuáles son las alternativas que se manejan en el debate actual.

1) Del “Consenso de Washington” a nuestros días

Luego de años de profunda crisis económica y social, América Latina vive hoy un período de bonanza económica, producto del alto precio de la materia prima en el mercado internacional y de la expansión del mercado chino. A pesar de esto, los países de la región continúan con serios problemas de distribución del ingreso, y en algunos casos padeciendo las consecuencias de las políticas que se aplicaron a cuenta de las reformas estructurales recomendadas en el Consenso de Washington y promovidas por las IFIs.

En los años ’90, los países latinoamericanos, en mayor o menor medida, vivieron la influencia de las IFIs – FMI y Banco Mundial – en la vida política, social y económica. Gobiernos de distinto color político aplicaron – o intentaron aplicar – las “recetas” del Consenso, con resultados más que cuestionables para el desarrollo económico y social de los países de la región. Las políticas recomendadas incluían, específicamente: disciplina fiscal, recorte del gasto público, liberalización comercial, liberalización de la inversión extranjera, privatización, desregulación y flexibilización laboral, entre otras.

En este punto, es necesario resaltar que durante casi toda esta década, las IFIs contaron con la complicidad de los diferentes partidos políticos en el poder. El cumplimiento estricto de las políticas recomendadas se relaciona, asimismo, con características específicas del sistema político y de partidos, y la cultura política de cada país en particular. Quizás un ejemplo de dos casos muy distintos en este sentido pueden ser los de Argentina y Uruguay. En el primero, se realizaron importantes (y muy cuestionadas) privatizaciones de empresas públicas y demás flexibilizaciones, el parlamento votó en reiteradas ocasiones poderes extraordinarios para el presidente de turno, Carlos Memen, las que posibilitaron la aplicación de las políticas recomendadas. En tanto, la ciudadanía no dispuso de mecanismos de democracia directa para expedirse en relación al proceso en curso. En Uruguay, en cambio, el gobierno del Partido Nacional que ocupó la presidencia entre 1990 y 1994 no logró llevar a cabo por completo su programa de gobierno, que incluía muchas de las políticas promovidas por el FMI y el Banco Mundial, ya que entre otras cosas, el presidente no contó (ni cuenta) con la posibilidad de solicitar poderes extraordinarios al congreso, y la ciudadanía recurrió en 1992 a un referéndum para derogar los artículos de la Ley de Empresas Públicas, que habilitaban la privatización de la telefonía estatal.

Sin embargo, hacia finales de los años noventa, las sucesivas crisis financieras pusieron a prueba los programas del FMI. La intervención y actitud de la institución durante y después de la crisis mexicana de 1994, asiática de 1997 y rusa de 1998, dieron como resultado la mayor pérdida de credibilidad y legitimidad, desde su creación en 1944.

A estos antecedentes, se sumó en América Latina el creciente descontento popular producto del resultado concreto en materia económica y social de las políticas aplicadas. La participación del FMI en la crisis argentina de 2001 representó para la región “la gota que derramó el vaso”. Argentina, “alumno prodigio” del FMI en la década de los ’90, padeció una profunda crisis económica, social y política, de la que muchos de los aquí presentes podrán dar cuenta mejor que quien habla. A modo de destacar los dos indicadores más espectaculares del proceso por sus terribles consecuencias sociales, podemos mencionar que el porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza según el informe 2006 de CEPAL pasó de 21,2 en 1990 a 45,4 en 2002 y a 26 en 2005. Mientras que la tasa de desempleo en 2003 para la provincia de Buenos Aires fue del 19 por ciento.

Hoy, diez años después de la crisis financiera asiática, todas las economías se han recuperado lejos de la influencia del FMI. Argentina reestructuró su deuda en contra de la opinión del FMI y Uruguay hizo lo propio, logrando recuperarse de una fuerte crisis financiera sin entrar en cesación de pagos, medida recomendada por la dirección del Fondo en 2002.

Desde la crisis de Argentina y Turquía en 2002, no se ha producido una nueva crisis importante de balanza de pagos en las economías emergentes. Según algunos analistas, existen dos tipos de factores que confluyen para explicar este cambio en el sistema financiero globalizado. Por un lado, las políticas macroeconómicas de muchos países han cambiado. A partir de la crisis asiática, varios países intervienen en los mercados de cambios para preservar la competitividad y acumular reservas internacionales. Aún los países que han apreciado notablemente sus monedas nacionales recientemente, como Brasil y Rusia, intervienen frecuentemente en los mercados cambiarios y han acumulado grandes cantidades de reservas. Por otro lado, en la presente década se ha registrado el cambio más importante que tuvo lugar en el proceso de globalización financiera, invirtiendo su dirección. Actualmente los flujos netos de capital se desplazan desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Cuentas corrientes superavitarias y grandes reservas constituyen hoy elementos de robustez externa, y así son percibidos por el mercado financiero internacional.

En este contexto regional y global la mayoría de los países latinoamericanos han experimentado en los últimos dos años un proceso de alejamiento del FMI. A excepción de Turquía, todas las grandes economías emergentes pagaron sus deudas al FMI. En la región, Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador cancelaron anticipadamente, con el argumento que de esta manera conseguirían la deseada independencia de la institución. Aunque no es posible igualar la situación de estos países, en Uruguay, por ejemplo, la deuda con el FMI fue cancelada con recursos provenientes de la colocación en el mercado de capitales de títulos de deuda pública; mientras que en Argentina y Brasil la deuda fue cancelada con las reservadas internacionales acumuladas. Se pueden apuntar aquí al menos tres comentarios. En primer lugar, el FMI como institución atraviesa un problema de sostenibilidad financiera, producto de la drástica reducción de sus operaciones de préstamo nivel mundial, en otras palabras, sus ingresos son insuficientes para cubrir sus costos operativos. En segundo lugar, el FMI continúa evaluando en forma periódica las economías nacionales y emitiendo informes con proyecciones y recomendaciones. Si bien hay que destacar que estas últimas no tienen al día de hoy el mismo peso que tenían diez años atrás. En tercer lugar, la deuda externa e interna, la necesidad de alcanzar superávit fiscal y acumular reservas internacionales representa en muchos casos una importante barrera al desarrollo.

Para la actividad del FMI en los últimos años, la gran paradoja ha sido que a pesar de ser una institución creada para asegurar la estabilidad económica internacional, es viable financieramente en tiempos de inestabilidad y crisis financiera de los mercados emergentes. En su momento, la financiación a los países en situaciones de crisis quedó determinada por la introducción de condiciones y por las fórmulas políticas de los programas de ajuste, de comprobados efectos negativos. Esto hace que muchos de ellos hoy prefieran auto-asegurarse, ante la posibilidad de situaciones de crisis, que tener que recurrir a la intervención de la institución.

Cabe entonces que nos preguntemos ¿qué sucedería si países como Argentina y Brasil en América Latina pudieran disponer del superávit fiscal y reservas internacionales para beneficio de la población, a través de un presupuesto público orientado al desarrollo económico y social del país? Aunque el mero aumento de recursos no garantiza el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de nuestros pueblos: salud, educación, vivienda, etc., la política de auto-aseguro financiero no parece ser una opción estable a mediano y largo plazo. En muchos casos, es necesario un análisis de sostenibilidad fiscal, con un enfoque centrado en los derechos humanos a fin de asegurar el cumplimiento de derechos postergados.

El rol del FMI como prestamista de última instancia resulta al día de hoy poco creíble. Por otro lado, muchas de las condiciones impuestas en los financiamientos que otorga el Banco Mundial no han contribuido ni contribuyen al desarrollo en materia de educación, salud y medioambiente. Más aún, año tras año el Banco promueve directamente la reducción de derechos laborales y conquistas sociales a través de sus investigaciones y publicaciones, en particular el informe "Doing Business" es un ejemplo de esto. Si bien el informe se llama “haciendo negocios”, el estudio no toma en cuenta factores clave para los empresarios como el acceso a los mercados, la infraestructura, los servicios públicos, la estabilidad social y política o la capacitación y salud de la mano de obra. El índice de facilidad para hacer negocios se construye, en cambio, sobre los trámites que deben realizarse para obtener un permiso de construcción o una licencia de exportación, contratar o despedir trabajadores, obtener créditos o cerrar una empresa. Por tanto, no es de extrañar que los resultados de la tabla sean llamativos.

Ante este escenario, el diagnostico de muchos economistas y líderes políticos indica que resulta necesario contar con financiamiento libre de condicionalidades, capaz de promover el desarrollo.

2) La crisis de legitimidad de las IFIs

La crisis de legitimidad actual que atraviesan el FMI y el BM, el cambio de liderazgo en ambas instituciones, y las alternativas que varios líderes políticos promueven, marcan el escenario de 2007.

Ente los meses de abril y mayo se procesó en el Banco Mundial el cambio de presidente de la institución. Paul Wolfowitz, neoconservador y arquitecto de la guerra de Irak, debió renunciar por problemas de nepotismo. El staff de la institución, las organizaciones sociales y la prensa internacional desempeñaron un papel importante en presionar a favor de esta decisión. Este hecho contribuyó a aumentar la crisis de legitimidad y credibilidad de la institución. El proceso de selección y designación de Robert Zoellick como sucesor de Wolfowitz, en cumplimiento del "pacto de caballeros" que establece que la dirección del Banco Mundial corresponde a los norteamericanos y la del FMI a los europeos, dejó en evidencia la falta de transparencia y los serios problemas de gobernanza que atraviesa la institución.

Un mes más tarde, el director gerente del FMI, el español Rodrigo de Rato, anunció sorpresivamente su renuncia el jueves 28 de junio "por motivos personales" también de forma anticipada a la fecha fijada para el término de su mandato. Los problemas de transparencia y representatividad en la selección de su sucesor salieron a luz nuevamente, cuando todavía no se había asentado la polvareda causada por la renuncia forzada de Wolfowitz. Finalmente, el 28 de setiembre el directorio del FMI designó a Dominique Strauss-Kahn, el candidato de la Unión Europea para suceder a Rato, reforzando el cumplimiento del “pacto de caballeros” que operó para la designación de Zoellick.

Pero los problemas del FMI no acaban con la selección de su director. Aún después de la decisión adoptada en octubre pasado de aumentar los votos de México, Turquía, Corea del Sur y China (a costa fundamentalmente de los africanos), Estados Unidos tiene diecisiete por ciento de los votos y, por consiguiente, poder de veto, ya que todas las resoluciones importantes requieren una mayoría de ochenta y cinco por ciento. En contraste, China e India combinadas suman apenas seis por ciento de los votos, aunque tienen un tercio de la población mundial y enormes reservas internacionales.

Mientras que, en las Naciones Unidas cada país tiene un voto pero el presupuesto es repartido en función de la capacidad de pago (veinticinco por ciento en el caso de Estados Unidos), en el FMI los países que no votan son los que pagan, ya que los gastos del funcionamiento de la institución se cubren con los desembolsos que hacen los países que no tienen otra alternativa que recurrir a sus préstamos.

Ante la oportunidad que representa la abundancia de dinero en los mercados de capitales y su disposición a comprar bonos de las economías emergentes, junto con el surgimiento de nuevos donantes como China o Venezuela, ambas instituciones atraviesan importantes desafíos. También es decisiva la coyuntura para los países latinoamericanos que, al igual que los asiáticos, buscan su propio camino en el sistema financiero internacional.

Banco Mundial y FMI intentan redefinir su rol en el sistema internacional. El presidente del Banco debe lograr que los países donantes aporten nuevos fondos para la institución, mientras busca cumplir un nuevo rol en los países de ingresos medios. El FMI, mientras tanto, reformó su carta constitutiva a fin de supervisar las políticas cambiarias de los países miembros. Esta decisión estuvo dirigida principalmente a controlar a China y fue aprobada en contra de la opinión de muchos países en desarrollo. Detrás de ella es posible identificar la mano de Estados Unidos interesado en revaluar la moneda china.

En cuanto a los países latinoamericanos, muchos apuestan más al regionalismo que al multilateralismo y la iniciativa del Banco del Sur es una muestra de ello. Los ministros de economía de los países involucrados (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) aprobaron el 8 de octubre, en Río de Janeiro, el acuerdo con las bases del proyecto y el 3 de noviembre está prevista la firma del Acta Constitutiva por parte de los respectivos presidentes. Aunque hoy quedan puntos importantes por definir respecto de la iniciativa, cuota y representación de los miembros y carácter de los proyectos a financiar, entre otras cosas; es posible afirmar que la creación de la institución puede ser considerada como una alternativa de financiamiento que en el corto plazo represente una presión en favor de la reforma del FMI y el Banco Mundial, y en el mediano y largo plazo pueda dotar de independencia financiera y política a los países latinoamericanos respecto a instituciones que en lugar de contribuir al desarrollo en muchos casos frenaron el proceso.

La actitud de las organizaciones de la sociedad civil ante esta coyuntura es de reiterado y activo cuestionamiento hacia la arquitectura financiera existente, trabajo en favor de una reforma favorable a los intereses de los países en desarrollo, pero con profunda incertidumbre y descreimiento en relación a su concreción efectiva, ya que varias han sido las promesas rotas en este sentido. Finalmente, el proyecto de alternativa regional del Banco del Sur genera para muchas organizaciones una expectativa a ser confirmada o descartada en el correr de los próximos meses.

Presentación realizada en ocasión de la Jornada "Las IFIs y los Derechos Humanos" organizada por FOCO (Buenos Aires, 18 de octubre de 2007)

Ver cobertura especial de las reuniones anuales del FMI-BM en Washington

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