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La última edición del Informe Doing Business del Banco Mundial establece que desde su comienzo el informe ha inspirado o proporcionado información sobre 113 reformas en todo el mundo. Se brindan una serie de ejemplos de países que se fijaron como objetivo alcanzar una determinada posición en el ranking y se encuentran implementando toda reforma que resulte necesaria para lograrlo. Es discutible, por supuesto, que al informe no se le otorgaría la misma importancia, especialmente entre los países prestatarios, de no ser llevado a cabo por una institución crediticia.

De acuerdo con un informe publicado el pasado mes de abril con respecto a “Acelerar el Desarrollo en África”, el “clima de inversión” (según lo marcado como punto de referencia por el informe Doing Business) constituye una prioridad fundamental en materia de apoyo analítico y de proyectos por parte del Banco Mundial en la región y, además, los proyectos de la AIF concentran fondos de diferentes donantes para respaldar estos tipos de reformas (lo cual significa que aún el financiamiento bilateral podría depender de la implementación de las reformas aconsejadas por el informe).

Pero también es probable que estemos ante otro ejemplo más de exceso de autoridad intelectual frente a instrumentos de medición que valen por el hecho de haber sido elaborados por el Banco, sin tener en cuenta la solidez de la investigación que los respalda. De hecho, una revisión externa sobre las investigaciones del Banco Mundial realizada a inicios de este año reveló que la institución “las utilizaba para hacer proselitismo en favor de sus propias políticas, con frecuencia sin contar con un enfoque equilibrado de los hechos, y sin expresar el escepticismo necesario”.

Precisamente cuando el Banco se dedicaba a pregonar acerca de la influyente naturaleza del informe, la Oficina con sede en Washington de la Confederación Sindical Internacional (CSI) se tomó el tiempo de investigar el origen del indicador referido a “la contratación y despido de trabajadores”, un indicador particularmente polémico que promueve la desregulación del mercado laboral. Las conclusiones ofrecen un indicio acerca de qué tan irresponsables e infundados pueden resultar algunos de estos indicadores.

El informe Doing Business para el año 2006 solo citaba dos estudios para respaldar la afirmación de que la desregulación produce como resultado un mayor empleo. Uno de ellos – un estudio del Banco Mundial – no se encontraba disponible y se anunciaba su “próxima publicación”. Ambos estudios solo llegaban a conclusiones para países de la OCDE. La OCDE en aquel entonces se hallaba reconsiderando su antiguo proyecto en materia de “Estrategia para el Empleo”, el cual fue presentado finalmente al año siguiente con la conclusión de que “no existe una única combinación de políticas e instituciones que pueda alcanzar y mantener un desempeño correcto del mercado de trabajo”. El informe Doing Business del año siguiente volvió a realizar la misma afirmación, pero omitió las fuentes iniciales, solo citando otro artículo diferente (Botero y otros) que, según se indicaba, había sido adoptado “con pequeños cambios”. Pero resulta que el artículo de Botero concluye que “las regulaciones del mercado laboral no se hallan correlacionadas significativamente ni con el tamaño de la economía informal ni con los niveles de empleo en la economía informal”. El informe Doing Business de este año reitera la misma afirmación que el año pasado pero ya no cita ningún estudio para fundamentar la relación entre la desregulación y el empleo. Solo se citan estudios que relacionan al crecimiento de las exportaciones con la desregulación – uno del Banco Mundial y otro del FMI – si bien ninguno había sido subido al sitio web de las instituciones al momento de la publicación de la nueva versión del informe. Según la CSI, datos anecdóticos también mencionados por el Banco se hallan en contradicción con otras investigaciones de la propia institución, como ser por ejemplo la evidencia frente a los resultados que iba a producir la desregulación del mercado laboral sobre la reducción del desempleo en Colombia.

Sin embargo, en lugar de reevaluar la naturaleza del proyecto en su totalidad así como la solidez de sus conjeturas, la versión anterior del informe Doing Business anunciaba una expansión en el número de indicadores, dado que se agregarían a la lista la transparencia de la contratación pública y la calidad de los servicios de infraestructura. Al tiempo que esto no tuvo lugar, parece que la idea no fue la de abortar la mencionada expansión sino dejarla en suspenso. La inclusión de la “transparencia de la contratación pública” solo contribuirá a la polémica ya que se trata de uno de los temas que los países industriales están empecinados en introducir en las negociaciones comerciales. Aún después de que una coalición conformada por más de 70 países en desarrollo le dijera no a las normas en materia de contratación pública en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Cancún, los países industriales continúan presionando para implementar reformas en esta área a través de acuerdos bilaterales y regionales Norte-Sur. La inclusión de normas en materia de contratación pública como parte de los anteproyectos referidos al “clima de inversión” representaría de esta forma una fuerte presión sobre los países en desarrollo para que adoptaran unilateralmente, y por lo tanto ablandaran su resistencia frente a una decisión política que según han expresado claramente es contraria a sus intereses.

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