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El Tercer Diálogo de Alto Nivel sobre Financiación para el Desarrollo tuvo lugar del 23 al 25 de Octubre de 2007 en Nueva York. En este contexto, representantes de las organizaciones de la sociedad civil asistieron a las Audiencias Informales que se desarrollaron en forma previa al Diálogo. Celine Tan, en nombre de la Red del Tercer Mundo, participó en uno de los paneles de las Audiencias con la presentación "El Nexo entre las Finanzas y el Comercio: Desafíos Sistémicos".

Antecedentes

La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo y el Consenso de Monterrey aprobado en esta Conferencia en 2002, mandataron a la Asamblea General a reconstituir sus Diálogos de Alto Nivel bianuales para fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo y transformarlos en un punto focal para el seguimiento general de la Conferencia y sus temas relacionados. El Primer Diálogo de Alto Nivel tuvo lugar en Nueva York del 29 al 30 de Octubre de 2003 y el Segundo del 27 al 28 de Junio de 2005.

Estos Diálogos constituyen un foro de nivel ministerial, con la participación de todos los actores involucrados en el proceso de Financiamiento para el Desarrollo, a fin de evaluar el estado de la implementación del Consenso de Monterrey, incluyendo los temas relativos a la coherencia y la consistencia del sistema monetario, financiero y comercial internacional en apoyo al desarrollo. El Diálogo de 2007 tuvo un significado especial, ya que se espera que resulte en una importante contribución en la preparación del seguimiento internacional de la Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo para Revisar la Implementación del Consenso de Monterrey, que tendrá lugar en Doha, Qatar, en la segunda mitad del 2008.

El Diálogo consiste en una serie de plenarios y reuniones informales sobre los temas generales, "El Consenso de Monterrey: Estado de la implementación y futuras tareas" y seis mesas redondas interactivas entre los actores involucrados en las principales áreas temáticas del Consenso de Monterrey. Todos los plenarios y reuniones informales son abiertas a la participación de los Estados miembros, observadores, organizaciones no-gubernamentales, sociedad civil y entidades del sector privado.

Información relacionada:

* Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Financiación para el Desarrollo (en el sitio de la ONU)

* Más información y presentaciones completas en el sitio de la ONU en inglés - Tercer Diálogo de Alto Nivel

"El Nexo entre las Finanzas y el Comercio: Desafíos Sistémicos"

La Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FPD) celebrada hace cinco años en Monterrey, México, permitió generar un impulso considerable por el cual los gobiernos se comprometieron a trabajar dentro de un marco coherente encabezado por las Naciones Unidas (ONU) en lo referente a abordar los desafíos sistémicos, comerciales y del desarrollo enfrentados por los países, especialmente los países en desarrollo.

El Consenso de Monterrey de 2002 articulaba el reconocimiento de la comunidad internacional con respecto a la necesidad urgente de mejorar la coherencia, gobernabilidad y consistencia de los sistemas monetarios, financieros y comerciales a nivel mundial para complementar los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. El comercio, la financiación y el desarrollo deberían ser tratados de manera integral para crear y sostener un ambiente favorable para la generación de recursos orientados al desarrollo económico y social. Esto permitía reflejar la mayor integración de las economías nacionales en el sistema económico mundial y la creciente interdependencia entre los países como resultado de la globalización.

Se reconocía que la propia globalización ofrecía tanto oportunidades como desafíos, especialmente para los países en desarrollo. Los estados que suscribieron el Consenso de Monterrey se comprometieron a implementar políticas y medidas tendientes a tornar más inclusiva y equitativa a la globalización, debiéndose formular dichas políticas y medidas con la plena y efectiva participación de los países en desarrollo a modo de ayudarlos a responder a estos desafíos y oportunidades.

Cinco años después, se siguen registrando fallas sistémicas en la arquitectura comercial y financiera internacional, las cuales continúan socavando los esfuerzos por cumplir con los objetivos del Consenso de Monterrey tendientes a “erradicar la pobreza, lograr un crecimiento económico sostenido y promover el desarrollo”. Al mismo tiempo, se registran pocos avances hacia la construcción de “un sistema económico mundial basado en la equidad y que incluya a todos” según lo alentado por el acuerdo de Monterrey. A pesar de algunas reformas incrementales del sistema económico mundial – tales como las actuales propuestas para reformar las estructuras de gobernabilidad y enfoques políticos de las instituciones financieras internacionales – las actuales disposiciones globales para gestionar los flujos financieros y comerciales a nivel mundial continúan siendo desequilibradas e incoherentes, en perjuicio de los países en desarrollo.

La falta de un enfoque sobre objetivos orientados al desarrollo dentro de los sistemas financieros y comerciales, junto con la aplicación asimétrica de las normas regulatorias internacionales, ha hecho que los mecanismos utilizados actualmente para gestionar, regular y coordinar las relaciones económicas internacionales hayan servido de muchas maneras para exacerbar en lugar de revertir la polarización económica que acompañó el accidentado proceso de la globalización económica. Se continúa registrando una falta de coherencia entre las disciplinas multilaterales relacionadas con el comercio y las finanzas a pesar de los lazos significativos que existen entre las dos áreas y aún así esta falta de coherencia ejerce una fuerte influencia sobre la capacidad de los países – especialmente los países en desarrollo – para generar financiación para el desarrollo.

Los problemas de una economía mundial polarizada se han visto agravados por la participación desigual de los países y los pueblos en las políticas reguladoras de la globalización. Los regímenes reguladores del sector financiero y del comercio internacional continúan siendo elementos primordialmente inherentes a los intereses de los poderosos actores estatales de países desarrollados y de los influyentes actores no estatales, como ser las compañías transnacionales.

Las reglas económicas mundiales también han venido siendo desarrolladas por fuera de las vías interestatales formales, como por ejemplo a través de las agrupaciones de estados tales como el G7, G10, y la OCDE, así como de redes reguladoras privadas y casi autónomas, y de la reproducción de prácticas comerciales transnacionales. A pesar de que estos mecanismos no oficiales producen un impacto significativo sobre la regulación interna dentro de una economía globalizada, los gobiernos de los países en desarrollo y otros actores interesados sometidos a este impacto regulatorio tienen con frecuencia escasa o ninguna influencia sobre la elaboración de sus reglas.

En consecuencia, se registran grandes desigualdades entre los estados en cuanto a la forma en la que se ven condicionados por las reglas económicas. Las actuales disposiciones económicas mundiales no tienen en cuenta una distribución equilibrada de obligaciones normativas – siendo que un grupo de países debe adoptar mayores compromisos que el otro – al tiempo que las áreas sometidas a regulación también otorgan prioridad a un grupo de intereses estatales por encima del otro. Esto ha derivado en una aplicación selectiva de las reglas económicas multilaterales, como en el caso del comercio, lo cual promueve una mayor integración económica en áreas que resultan cruciales para los intereses y prioridades de los países desarrollados, al tiempo que reducen la flexibilidad de las políticas nacionales que son necesarias para el desarrollo económico y social de los países en desarrollo.

La elección de las áreas a ser incluidas en las disciplinas económicas multilaterales así como el diseño de dichas disciplinas continúan reflejando de esta forma los intereses de los países industrializados por encima de los de los mercados emergentes y otros países en desarrollo. Las mismas son diseñadas primordialmente a los efectos de adaptar las trayectorias de desarrollo de los países industriales y no para desarrollar las capacidades productivas y las necesidades relativas al bienestar social de los países en desarrollo.

Por ejemplo, los acuerdos comerciales multilaterales celebrados dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) han obtenido concesiones de parte de los miembros en áreas donde los países industrializados tienen ventajas competitivas, tales como la liberalización de productos industriales y sectores de servicios, pero no han garantizado compromisos similares en áreas que resultan de interés para los países en desarrollo, como la liberalización de los mercados agrícolas y la reducción del apoyo interno a la agricultura en los países industrializados.

Entretanto, se considera que el establecimiento de sistemas estrictos en materia de derechos de propiedad intelectual a través de convenios bilaterales, regionales y multilaterales ha priorizado los intereses corporativos de actores económicos privados con sede en países industrializados, como ser las compañías farmacéuticas, por encima de los intereses orientados al crecimiento de los países en desarrollo, a los cuales se ha impedido tener acceso a la tecnología industrial y a medicamentos que podrían salvar vidas, entre otros.

En consecuencia, muchos sectores económicos en los países en desarrollo deben enfrentar la competencia de los productos importados en sus mercados internos como resultado de la rápida liberalización de las importaciones al tiempo que enfrentan rigurosas restricciones frente a la expansión de sus exportaciones, a saber constantes medidas proteccionistas de los países desarrollados contra productos que resultan de interés para los países en desarrollo, como por ejemplo, los subsidios internos otorgados a los productores agrícolas, los picos arancelarios y la progresividad arancelaria para los productos agrícolas elaborados y las barreras no arancelarias. Los países también enfrentan condicionantes estructurales del lado de la oferta, incluyendo el acceso a la tecnología, lo cual impide el crecimiento productivo endógeno y la capacidad exportadora. Sumado a la liberalización indebidamente secuenciada de las importaciones esto ha tenido consecuencias perjudiciales para las industrias locales, en particular las “industrias jóvenes”, especialmente cuando las reglas comerciales también impiden que los países en desarrollo adopten políticas industriales dirigidas al desarrollo de estos sectores económicos.

Por lo tanto, al tiempo que los países en desarrollo se encuentran presionados para liberalizar sus importaciones, los mismos no pueden determinar qué tan rápido crecerán sus exportaciones o qué tan favorables habrán de ser las condiciones externas para las mismas. Al contar con un entorno exportador desfavorable y mayores importaciones, muchos países en desarrollo enfrentan déficit comerciales sustanciales que afectan su capacidad de financiación en general. Al mismo tiempo, la capacidad productiva interna se ve debilitada por la reducción de autonomía política que acompaña la anteriormente mencionada implementación de reglas comerciales y condicionalidades crediticias que conducen al colapso de sectores de la economía interna y aumentan la dependencia de las importaciones, exacerbando en consecuencia sus desequilibrios comerciales.

Los países con déficit comercial persistente o cada vez mayor corren el riesgo de meterse en dificultades en materia de balanza de pagos lo cual conduce a la inestabilidad financiera y la recesión económica, que a su vez se traduce en endeudamiento con financiación y ayuda oficial externa la cual viene ligada a ciertas condicionalidades. Estas condicionalidades supervisadas por las instituciones financieras internacionales implican un camino similar al de la liberalización comercial y otras reformas estructurales, tales como la privatización y la desregulación, lo cual agrava los problemas existentes que enfrentan los países en desarrollo. Este círculo vicioso es perjudicial para la capacidad de los países de generar financiación suficiente para cumplir con sus objetivos de desarrollo o para escapar de las trampas de la pobreza mediante la movilización de recursos internos al tiempo que perpetúa un ciclo de dependencia de la ayuda y el endeudamiento.

La inestabilidad que generan las actuales reglas comerciales para los países en desarrollo se agrava frente a la ausencia de normas multilaterales efectivas en lo que refiere a tipos de cambio, políticas macroeconómicas y otro tipo de políticas financieras. La regulación internacional continúa siendo débil en el área de las finanzas internacionales donde han sido escasas las acciones colectivas globales orientadas a minimizar el contagio financiero y supervisar las operaciones de las instituciones y mercados financieros. A pesar del riesgo cada vez mayor de que se produzcan crisis financieras transfronterizas, se ha registrado una escasa supervisión global de las políticas financieras internas de las economías más relevantes a nivel mundial o de los flujos financieros transfronterizos por parte de actores financieros no estatales. Una vez más, esto se atribuye a la renuencia de las economías industrializadas – y de los actores financieros privados con sede en estos países – a someterse a una vigilancia multilateral de sus políticas y actividades financieras.

La falta de normas multilaterales en materia de flujos financieros y monetarios internacionales constituye una gran preocupación para los países en desarrollo debido a que los mismos son altamente vulnerables a los shocks financieros externos que pueden resultar más nocivos que los shocks comerciales. Las fluctuaciones imprevisibles en el tipo de cambio de las monedas dominantes en las transacciones internacionales podrían alterar la posición de los países en desarrollo en las negociaciones y afectar la competitividad de sus exportaciones o el valor de los insumos importados, conduciendo a restricciones de la balanza de pagos. Los países también podrían enfrentar problemas de balanza de pagos cuando se producen aumentos imprevistos en las tasas de interés en las monedas principales, lo cual podría también incrementar las obligaciones relativas al servicio de la deuda de los países cuya deuda externa hubiera sido contraída en dichas monedas.

Los problemas de balanza de pagos también llegan a agravarse cuando se genera una crisis financiera como consecuencia de una liberalización financiera mal gestionada. La reducción de las reservas en moneda extranjera como resultado de la repentina salida de capitales ante una crisis financiera y la consiguiente devaluación de la moneda que se produce con frecuencia, limita la capacidad de los países para financiar las importaciones y aumenta los costos del servicio de la deuda. Esto se ve empeorado tanto por la ausencia de mecanismos internacionales de reestructuración de la deuda que permitan a los países suspender las obligaciones relativas al pago de la deuda frente a una crisis como por la falta de financiación oficial anti-cíclica que pueda ofrecer liquidez a los países que enfrentan tales shocks de balanza de pagos.

La caída en la demanda de importaciones de los países que atraviesan crisis financieras tiene un impacto sobre sus socios comerciales dado que se produce una baja en la demanda de productos básicos y otros insumos industriales además de productos de consumo. Por lo tanto, la estabilidad financiera mundial afecta al comercio de los países directamente involucrados en las crisis financieras así como también a otros países, teniendo finalmente un impacto sobre el crecimiento del comercio mundial en general. El ajuste en materia de préstamos a nivel mundial también podría dificultar los flujos comerciales dado que una reducción de la actividad económica en los países industrializados y mercados emergentes puede conducir a una disminución en la demanda de insumos industriales, incluyendo productos básicos, que constituyen los principales productos de exportación de muchos países en desarrollo de bajo ingreso. Todo esto posteriormente tiene un impacto sobre la capacidad de los países para generar recursos que les permitan atender sus necesidades sociales y económicas.
La ausencia de un amplio marco internacional para resolver las crisis financieras sistémicas constituye por lo tanto una barrera considerable para alcanzar las metas de desarrollo acordadas internacionalmente. Además de la mencionada ausencia de mecanismos de reestructuración de deuda, regulación multilateral de políticas macroeconómicas y regímenes cambiarios, también es escasa la regulación de los nuevos instrumentos financieros, como por ejemplo los fondos de cobertura, cuyas actividades pueden llegar a tener un impacto global. En la actualidad tampoco se cuenta con ningún marco internacional que regule las transacciones de capital a través de las fronteras, con derechos y obligaciones claramente definidos tanto para los países receptores como proveedores y para los deudores y acreedores internacionales.

Las actuales propuestas incrementales para reformar las instituciones que ocupan una posición central en la arquitectura financiera internacional, a saber el FMI y el Banco Mundial, serán de poca utilidad para revertir los problemas financieros sistémicos en tanto los grandes países desarrollados no resulten obligados por las políticas de estas instituciones. Si bien es bienvenido el proceso de reforma que está teniendo lugar en el FMI tendiente a aumentar la voz y representación de los países en desarrollo dentro del Fondo, es improbable que los resultados logren reformar fundamentalmente la estructura de gobernabilidad de la institución, otorgándole autonomía suficiente con respecto a sus principales accionistas. Tampoco habrán de propiciar un cambio sustancial en su mandato que permita al Fondo ejercer un control significativo sobre las transacciones de capital a nivel internacional, la supervisión de los tipos de cambio o las balanzas de pagos y las posiciones de las divisas de los países miembros no prestatarios.

A causa de estos problemas persistentes, el impulso político generado por la Conferencia de Monterrey en el año 2002 no ha sido aprovechado para abordar los problemas sistémicos del comercio y las finanzas. La reforma de la arquitectura comercial y financiera internacional continúa siendo dependiente de los intereses políticos y las prioridades económicas de los países desarrollados aún cuando la reforma resulta necesaria para evitar que grandes poblaciones alrededor del mundo caigan en la trampa de la pobreza y la inestabilidad económica con consecuencias para el bienestar social y la sustentabilidad ecológica.

Para poder llegar a cumplir con los objetivos de Monterrey se hace necesaria una amplia reformulación de los mecanismos del comercio internacional y de la gobernabilidad financiera que implique mucho más que ocuparse de simples detalles. Esto incluye el diseño de un sistema de gobernabilidad económica multilateral que presente una mayor coherencia entre los regímenes comerciales y financieros y un mejor equilibrio entre las obligaciones de los países desarrollados y en desarrollo, a sabiendas de las diferentes etapas del desarrollo en que se halla cada país. Solo de esta forma podremos contar con una financiación para el desarrollo que resulte eficaz.

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