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Ochocientos sesenta y tres grupos de ciudadanos de 59 países enviaron una petición al Presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, en la que expresan su preocupación acerca del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuyo Consejo Administrativo es presidido por Zoellick. Las ONG manifiestan indignación frente al hecho de que el CIADI esté planificando dar lugar a la demanda presentada por la compañía europea Euro Telecom Internacional (ETI), subsidiaria de Telecom Italia, contra el gobierno boliviano, aun cuando Bolivia dejó formalmente de ser miembro del CIADI en mayo de 2007.

El CIADI es un centro de arbitraje al que acuden las empresas para demandar a los gobiernos que según las mismas han expropiado sus inversiones, principalmente en el marco de tratados bilaterales de inversión y tratados bilaterales de libre comercio.

El gobierno boliviano se retiró del CIADI fundamentando que se trata de un tribunal de arbitraje desproporcionado donde las compañías multinacionales demandan a los gobiernos por muchos millones de dólares, donde los casos se llevan adelante a puertas cerradas, y el Banco Mundial es juez y parte.

ETI, que es de propiedad de Telecom Italia, está demandando a Bolivia a través del CIADI, alegando que el gobierno se halla expropiando su patrimonio.

En 1996, el entonces gobierno boliviano privatizó la empresa estatal de telecomunicaciones Entel al vender 50% de sus acciones a ETI. De las acciones restantes, el gobierno retuvo el 44% y los trabajadores el 6%.

En abril de 2007, el gobierno del Presidente Evo Morales solicitó a ETI vender nuevamente al estado ya sea parte o la totalidad, o sea el 50%, de su participación en Entel. Esto ha sido denominado “re-nacionalización” por algunas fuentes.

El gobierno además acusó a ETI de haber violado los términos del contrato de privatización por no haber invertido lo suficiente y adeudar impuestos.

En mayo, el gobierno anunció que se retiraba del CIADI. Las conversaciones entre la empresa y el gobierno no condujeron a ningún acuerdo. En octubre, ETI presentó una demanda contra Bolivia ante el CIADI, en el marco del tratado bilateral de inversiones entre Holanda y Bolivia.

Entel es la empresa de telecomunicaciones más importante de Bolivia, la cual suministra más del 60% de los servicios telefónicos a todo el país. ETI se encuentra constituida en Holanda y es de entera propiedad de otra compañía holandesa, International Communication Holding (ICH). ICH a su vez es de entera propiedad de Telecom Italia International, también holandesa, que a su vez pertenece 100% a Telecom Italia, una compañía italiana que también es en parte propiedad de la española Telefónica (42,3%), entre otras.

Entre los 863 grupos que enviaron la petición al Presidente del Banco Mundial se encuentran organizaciones ambientales, religiosas, de trabajadores, de consumidores, de pequeños agricultores, de derechos humanos, de mujeres, organizaciones para el desarrollo y para la paz de los cinco continentes. La petición fue redactada inicialmente por la organización de investigación con sede en Washington, Institute for Policy Studies (ver carta completa).

En la petición enviada a Zoellick, las ONG realizan las siguientes demandas:

- El CIADI debería respetar la decisión del gobierno boliviano de impedir que el caso presentado por ETI sea llevado adelante.

- Los representantes del CIADI/Banco Mundial deberían dar un trato serio a las expresiones de preocupación de Bolivia y de otros países como Argentina y Ecuador (que también han manifestado su insatisfacción con el CIADI), en lugar de enviar la señal de que los gobiernos se encuentran atrapados en el sistema – aun cuando toman las medidas adecuadas para retirarse del mismo.

- El Banco Mundial debería establecer un panel de revisión independiente para analizar cómo el CIADI (y los tratados de inversión y tratados de comercio que pone en vigor) socava otros tratados internacionales que promueven los derechos sociales, económicos y humanos, así como la capacidad de los países en desarrollo de reducir su deuda externa y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

- El CIADI debería negarse a tomar el caso de ETI contra Bolivia, no solo debido a que Bolivia ya no es parte de la convención del CIADI, sino porque este asunto podría ser tratado de mejor manera a través de soluciones regulatorias y legales a nivel nacional, tal como ha sugerido el gobierno boliviano.

Esta petición de carácter mundial refleja la creciente preocupación alrededor del mundo en torno a un sistema para proteger los derechos de los inversionistas que según las ONG debilita la democracia y los derechos humanos. Se hace referencia a la famosa demanda que entabló la empresa Bechtel contra Bolivia en el año 2001 por un proyecto fallido para la privatización del agua. Luego de cinco años de intensas presiones a nivel público, la empresa retiró la demanda en el año 2006.

En su petición, las ONG manifiestan que el 31 de octubre de 2007, el CIADI registró un caso contra Bolivia presentado por ETI y que el mismo está preparando constituir un tribunal para este caso para fines de enero de 2008.

Las ONG consideran que estas acciones son objetables por tres motivos.

En primer lugar, el CIADI está permitiendo que el caso avance, a pesar del hecho de que el gobierno de Bolivia se retiró de la convención del CIADI.

El 2 de mayo de 2007, el gobierno de Bolivia fue el primero del mundo en retirar su consentimiento en lo referente a permitir que el CIADI arbitre disputas que surjan de las inversiones realizadas en su territorio. Al tomar esta medida, el gobierno siguió los procedimientos apropiados según lo estipulado en la convención del CIADI y por lo tanto, rechaza ahora estar sujeto a su jurisdicción.

“Determinar la jurisdicción en este caso implica decidir acerca del significado de la propia Convención con respecto a las reglas para retirarse de la misma,” indicaba la petición. “Se trata de una cuestión inapropiada para un tribunal de inversión, particularmente uno que se encuentra asociado con el Banco Mundial – el administrador de la Convención”.

Las ONG agregaron que el gobierno boliviano también ha expresado la justificada preocupación sobre un sistema de resolución de disputas entre inversionistas y estados que permite que las compañías privadas socaven los procesos democráticos e impongan una carga financiera injusta sobre los gobiernos, especialmente del mundo en desarrollo. La administración anterior estuvo luchando durante cinco años contra un caso presentado por Aguas del Tunari, una subsidiaria de Bechtel, por el fallido proyecto de privatización del agua. Si bien Bechtel llegó finalmente a un acuerdo por una suma simbólica, el gobierno de Bolivia tuvo que afrontar considerables gastos legales, utilizando fondos que de otra manera se habrían destinado a satisfacer las necesidades básicas del país más pobre de América del Sur.

Las ONG exigieron que el CIADI respete las decisiones adoptadas por el gobierno boliviano e impida seguir adelante con el caso presentado por ETI. El hecho de no respetar la decisión del gobierno boliviano de retirarse del CIADI no haría más que reforzar la percepción de que se trata de un sistema que debilita la soberanía nacional a favor de los intereses de las compañías privadas.

En segundo lugar, según las ONG, las acciones del CIADI parecen estar diseñadas para hacer de Bolivia un ejemplo, en un momento en que otros países están cuestionando este sistema de arbitraje entre inversionistas y estados.

El 23 de noviembre de 2007, el gobierno de Ecuador notificó al CIADI que no aceptaría su jurisdicción en aquellos casos que surgieran de controversias relacionadas con recursos no renovables.

El gobierno argentino también ha demostrado preocupación acerca de los defectos del sistema, después de haber sido blanco de más de 30 reclamos de inversionistas en los últimos años, muchos de ellos en represalia por las medidas adoptadas para aliviar el dolor provocado por la crisis financiera al ciudadano medio.

Venezuela y Nicaragua se sumaron a Bolivia en una declaración conjunta criticando al CIADI el 29 de abril de 2007, mientras que el gobierno de Australia rehusó aceptar su resolución de disputas entre inversionistas y estados como parte del pacto comercial de 2004 con los Estados Unidos.

Las ONG sugirieron que los representantes del CIADI/Banco Mundial deberían tomarse muy en serio estas preocupaciones, en lugar de enviar la señal de que los gobiernos están atrapados en el sistema; aún cuando tomen las medidas apropiadas para retirarse.

Exhortaron al Banco Mundial a establecer un panel de revisión independiente que analice cómo el CIADI (y los tratados de inversiones y los acuerdos comerciales que hace entrar en vigor) socava otros tratados internacionales que promueven los derechos sociales, económicos y humanos y también la capacidad de los países en desarrollo para reducir la deuda externa y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En tercer lugar, la petición presentada por las ONG expresaba que el asunto de la disputa de la ETI – la regulación de las telecomunicaciones – es un tema con amplias implicaciones sociales que resulta inapropiado para un tribunal de arbitraje comercial internacional.

Los gobiernos deberían tener todo el derecho de garantizar que el sector de las telecomunicaciones cumpla con objetivos sociales, incluyendo el acceso universal y asequible a los servicios y al empleo sustentable. El Banco Mundial, sin embargo, ha promovido constantemente la privatización y la desregulación como la única forma de desarrollar tanto este como la mayoría de los sectores económicos.

“De esta forma, resulta particularmente inapropiado que el CIADI tome el caso de la ETI, que deriva de acciones avaladas constitucionalmente por el gobierno de Bolivia con el fin de garantizar que la privatización de las telecomunicaciones beneficie a la sociedad boliviana y de explorar maneras de lograr una mayor participación estatal dentro del sistema”, manifestaron las ONG.

También cabe destacar que si bien la ETI afirma que el gobierno boliviano ha “destruido el valor” de sus inversiones, la empresa continúa operando y generando ganancias en ese país.

Las ONG sugirieron que el CIADI debería negarse a tomar el caso de ETI contra Bolivia, no solo debido a que Bolivia ya no es parte de la convención del CIADI, sino porque este asunto podría ser tratado de mejor manera a través de soluciones regulatorias y legales a nivel nacional, tal como ha sugerido el gobierno boliviano

También se enviaron copias de la petición a Ana Palacio (Secretaria General del CIADI), Franco Bernabé (Director de Telecom Italia), y César Alierta Izuel (Director de Telefónica Española).

Esta petición firmada por tantas ONG ha puesto de relevancia los motivos que tienen algunos países para quejarse contra el CIADI en particular y el sistema de resolución de disputas en materia de acuerdos de inversión en general.

En mayo de 2007, el Embajador de Bolivia para Asuntos Comerciales, Pablo Solon, explicó en una entrevista por qué su país había decidido retirarse del CIADI.

En primer lugar dijo que el CIADI era un tribunal de arbitraje desproporcionado al que acudían las multinacionales para demandar a los estados. De 232 casos, 230 habían sido presentados por empresas contra estados.

En segundo lugar, el tribunal se reúne a puertas cerradas, elabora sus propias reglas y sus decisiones no pueden ser recusadas.

En tercer lugar, para los gobiernos de países en desarrollo resulta muy costoso defenderse dado que por un caso estarían abonando US$ 3 millones en gastos legales, viajes y asesoramiento de expertos.

En cuarto lugar, el tribunal es utilizado por las compañías transnacionales para procurar el pago de daños por muchos millones de dólares ya que sus reclamos no solo implican la pérdida de inversiones sino también la pérdida de futuras ganancias.

En quinto lugar, el resultado de los casos es mayormente favorable a las compañías y contrario a los estados. De acuerdo con Solon, en el 36% de los casos se emiten fallos a favor de las transnacionales y el 34% implica acuerdos extrajudiciales para las compañías.

Y por último, manifestó Solon, el Banco Mundial es con frecuencia juez y parte en el proceso del CIADI.

Las críticas de Bolivia al CIADI se encuentran respaldadas por un estudio minucioso en materia de tratados bilaterales de inversión y el sistema del CIADI, “Challenging corporate investor rule”, que fue publicado por el Institute for Policy Studies y Food and Water Watch en abril de 2007.

De acuerdo con una síntesis del mencionado estudio: “El sistema actual de protección a las inversiones internacionales ha otorgado facultades excesivas a las compañías globales. En un número cada vez mayor de casos, las empresas poderosas han explotado estas reglas para socavar los procesos democráticos en detrimento de comunidades vulnerables y del medio ambiente.”

Entretanto, existen pocas evidencias de que estos arreglos aporten grandes beneficios a las economías nacionales. “Los responsables de elaborar políticas deberían seriamente evaluar los riesgos antes de firmar cualquier acuerdo que implique la expansión de este sistema defectuoso y desproporcionado,” expresaba el estudio.

El informe también destacaba lo siguiente:

- En el año 2006 se registraba la existencia de 2.500 tratados bilaterales de inversión y hacia noviembre de 2006 se habían entablado 255 demandas entre inversionistas y estados (dos terceras partes de las mismas a partir del 2002).

- Una abrumadora mayoría de los casos tanto cerrados como pendientes del CIADI han sido presentados contra países en desarrollo. Del total de casos, 74% fueron presentados contra países en desarrollo de mediano ingreso, 19% contra países en desarrollo de bajo ingreso y solo 1,4% contra países industriales del G8 (todos contra Estados Unidos). Un tercio de los casos pendientes del CIADI (32 de 109) son contra Argentina.

- Las probabilidades de que los inversionistas ganen los casos presentados ante el CIADI son muy altas, ya que el 36% de los fallos han sido en favor de los inversionistas mientras que el 34% de los casos fueron acordados extrajudicialmente con compensaciones a favor del inversionista.

- Los reclamos entre inversionistas y estados son a menudo disputas por servicios públicos y recursos naturales. El 42% de los casos se relaciona con servicios públicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, tratamiento de residuos) mientras que el 29% de los casos se relaciona con el petróleo, el gas y la minería.

- La mayor indemnización que se pagó en un caso entre inversionista y estado ascendió a US$877 millones que la República de Eslovaquia tuvo que abonar al banco checo CSOB.

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