Fuente:
Red del Tercer Mundo
Roberto Bissio
Jueves 15/05/2008
La cámara baja del Congreso de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría la "Jubilee Act" (Ley del Jubileo) que reclama al Departamento del Tesoro que negocie un acuerdo multilateral para extender la cancelación de la deuda a veinticuatro países más que la necesitan para poder alcanzar en 2015 los Objetivos del Milenio. Esta ley además reclama de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno que realice una auditoría de las deudas "odiosas, onerosas e ilegales" contraídas por ciertos países con el Banco Mundial, el FMI y el propio gobierno de Estados Unidos. La Ley del Jubileo pasó al Senado y cuenta con buenas probabilidades de ser aprobada y pasar al presidente George W. Bush.
"Las promesas de Estados Unidos de aliviar la deuda no están siendo cumplidas. La brecha entre nuestros compromisos y nuestras contribuciones reales comprometen nuestros esfuerzos de promover reformas claves contra la corrupción y por más transparencia en las operaciones de los bancos de desarrollo. Nuestros atrasos llevan a que las acciones de Estados Unidos en algunos bancos de desarrollo pasen a otros países, socavando nuestra habilidad de presionar a los bancos en favor de nuestros intereses de política exterior". Con estas palabras abrió el senador Richard Lugar la audiencia pública sobre la condonación de la deuda de los países pobres en el comité de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos el 24 de abril, agregando que "es crítico que el Congreso apruebe los fondos para aliviar la deuda".
Pocos días antes, la cámara baja del Congreso había aprobado, por abrumadora mayoría (285 votos contra 132) la "Jubilee Act" (Ley de Jubileo) que reclama al Departamento del Tesoro (ministerio de finanzas de Estados Unidos) que negocie un acuerdo multilateral para extender la cancelación de la deuda a veinticuatro países más que la necesitan para poder alcanzar en 2015 las metas básicas de desarrollo social conocidas como "Objetivos del Milenio".
El ejemplo de Haití fue uno de los más citados, ya que este país –el más pobre del hemisferio occidental- destina un millón de dólares por semana a los bancos multilaterales para pagar las deudas contraídas por la dictadura de Duvalier durante décadas.
Apoyada por legisladores demócratas y republicanos, una amplia coalición de iglesias, sindicatos y grupos pro desarrollo, la Ley de Jubileo no sólo cancela la deuda de varios países, sino que además reclama de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno que realice una auditoría de las deudas "odiosas, onerosas e ilegales" contraídas por ciertos países con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el propio gobierno de Estados Unidos. La legitimación del concepto de "deudas odiosas" por parte del Congreso generaría la base legal para cancelar la deuda externa de la mayoría de los países más pobres del mundo o incluso para que algunos de éstos la repudien unilateralmente.
La ley reclama que los bancos de desarrollo canalicen más dinero a los países más pobres, que sus operaciones sean transparentes y que se limiten las condicionalidades requeridas para acceder a la condonación de la deuda, limitándolas básicamente a aquellas destinadas a asegurar que el dinero sea efectivamente usado para erradicar la pobreza.
La Ley del Jubileo pasó ahora al Senado, patrocinada con las firmas de veintiséis senadores de ambos partidos y buenas probabilidades de ser aprobada y pasar al presidente George W. Bush.
"El alivio de la deuda para los países más pobres es un componente esencial de un desarrollo sustentable, equitativo y democrático, y de una economía global que funcione a favor de las familias trabajadoras, aquí y en el mundo", comentó John Sweeney, presidente de la poderosa central sindical AFL-CIO.
Por su parte Ruth Messinger, presidenta del Servicio Mundial Judío Americano, reclamó del Senado que apruebe la ley "para que nuestra prosperidad no sea una recompensa por explotar a las naciones en desarrollo".
En su testimonio ante el Senado, Gerald Flood dijo en nombre de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que "la evidencia de las cancelaciones de deuda realizadas hasta ahora muestra que los ahorros se han utilizado para combatir la pobreza", pero que un número sustancial de países no han recibido este beneficio. Según la ley a consideración del Senado, todo país con ingreso per cápita menor a los mil dólares anuales vería su deuda cancelada, sin condicionalidades.
Entre los diputados que más promovieron la Ley de Jubileo se contó a la propia presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente del Comité de Servicios Financieros, Barney Frank, ambos demócratas. Pelosi y Frank concurrieron juntos una semana antes de la aprobación de la Ley de Jubileo a una cena en honor del vigésimo aniversario del Bank Information Center, una organización sin fines de lucro dedicada a informar sobre los proyectos y políticas del Banco Mundial y sus impactos ambientales y sociales.
Pelosi se refirió en un discurso improvisado sobre cómo, hace diecinueve años, introdujo en el Congreso la enmienda que obligó al Banco Mundial a realizar evaluaciones de impacto ambiental de sus proyectos. Y Frank recordó cómo más de una década atrás, la amenaza de cortar su financiamiento obligó a la institución financiera multilateral a hacer públicas las condicionalidades que impone a los países y a crear paneles de inspección para analizar denuncias de mala práctica.
Por causalidades del destino, Frank se ha vuelto ahora una pieza clave para el destino del FMI. Con un déficit de cuatrocientos millones de dólares al año en su funcionamiento, el organismo financiero está despidiendo funcionarios para achicar su presupuesto y ha elaborado un plan de venta de sus reservas de oro para evitar su quiebra como institución. Pero el oro no puede venderse sin la aprobación de Estados Unidos -al igual que cualquier otra decisión importante en el FMI, ya que Washington tiene poder de veto- y el representante estadounidense no puede vender el patrimonio sin autorización del Congreso, que debe pasar primero por el comité que preside Frank.
Sin pelos en la lengua, Frank anunció que sólo autorizaría la venta del oro si una parte sustancial se destina a cancelar la deuda de los países pobres y no sólo a pagar su propio déficit. Agregó que reclamaría más participación de parlamentarios de países del Sur en las negociaciones con las instituciones de Bretton Woods y aseguró que si estas negociaciones fueran abiertas a los representantes populares, los países del Sur nunca hubieran aceptado "la transparente estupidez del ajuste estructural".
Roberto Bissio es director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo
Este artículo fue publicado el 2 de mayo de 2008 en Agenda Global, suplemento que distribuye semanalmente el periódico La Diaria de Montevideo, Uruguay
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